Por Juan Alfonso Mejía López*
Como todo México, seguí con atención los trágicos acontecimientos en Nochixtlán, Oaxaca. Lamenté la agresión y el saqueo que desacreditan la legítima protesta; me indignó el abuso y la improvisación que deteriora la confianza ciudadana.
Como todo México, deploré la forma en que los maestros de Chiapas fueron humillados por otros maestros. Se les rapó, se les hizo caminar descalzos, se les llamó traidores y todo porque querían dar clases a sus alumnos. ¿Dónde estaba su sindicato para protegerlos del abuso?
Como todo México, me sorprendió la decisión de las autoridades federales al arrestar a distintos líderes magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Atestigüé de las acciones emprendidas por este grupo en distintas entidades de la federación, principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Sin embargo, mi sorpresa fue mayor cuando me enteré que la “convicción” del gobierno de la República por cumplir y hacer cumplir la ley sopló por otros rumbos. Cabe aclarar que nunca quedó claro a ciencia cierta por qué se les apresaba, como tampoco por qué se les liberó. Mucho menos, ¿por qué, si algunos de los dirigentes magisteriales contaban con denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) desde el 6 de julio de 2015 hace tiempo, se decidió apresarlos en una coyuntura particular? Me refiero a Rubén Núñez, líder de la sección 22 de Oaxaca.
En este país, cuando se habla de educación, rara vez dejamos de lado lo político, lo electoral, lo laboral y hasta lo financiero. Sin embargo, pocas veces nos hacemos una pregunta: ¡¿y los niños?! ¿En qué lugar quedan los niños cuando se presume un supuesto interés por la gobernabilidad, por el resultado de la próxima elección, por el supuesto derecho de los trabajadores por mantener la plaza como parte de un “botín”, o bien, como parte de las economías realizadas en los estados ante el daño de sus finanzas?
Los niños de México no son parte de un botín. No pueden pertenecer como activos de una negociación. No es justo hacerlos parte de la simulación por intereses de los adultos, desvinculados por completo del derecho a aprender. ¡Es su derecho! ¿Por qué nos cuesta tanto entender la dimensión de esta interrogante?
El ausentismo lastima y sigue lacerando generaciones enteras en diversos rincones de nuestro país. A pesar de ser una de las entidades con mayores dolencias económicas y sociales, Oaxaca encarna a la perfección este abuso. Por ejemplo, los niños oaxaqueños que ingresaron a la primaria de 2001 a 2006, perdieron 278 días de clase; es decir, ¡más de un ciclo escolar! Aquellos que estudiaron primaria de 2006 a 2011, perdieron 212 días de clase al llegar a secundaria (si llegaron). Pregunto: ¿a quién le importó el derecho de los niños a aprender?
La pregunta surge precisamente en esta coyuntura, en la que la CNTE amaga con no permitir el inicio del ciclo escolar 2016-2017 y, en el que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se presenta como el brazo democrático del gobierno de la Republica, generando “acuerdos” que distan mucho de pensar en los niños de México.
Cuatro puntos para la discusión:
Primero, a estas alturas, nuestras autoridades deberían de haber entendido que los niños no son parte de un botín, capaz de negociarse en acuerdo alguno. Entiendo por negociación cuando las partes ceden y ambas ganan. Hoy, los líderes magisteriales presos hace un par de meses están libres; las calles siguen tomadas en Oaxaca y Chiapas; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha declarado públicamente sobre la “instrucción” de SEGOB a propósito de “hacer como antes” en materia educativa en el estado. De verdad, ¿estas decisiones se tomaron pensando en los niños? ¿A cambio de qué? ¡¿De regresar al orden constitucional, de liberar las calles y autopistas?
Segundo, todos recordamos a Luis XIV y una de sus frases célebres: “¡el Estado soy yo!”. Pensar en los niños sobre poniéndose a la ley parece un despropósito. El Poder Judicial calificó de ilegales los acuerdos de SEGOB y la Sección 22, referentes a los años de 1992, 2013, 2104 y 2015. Al día de hoy, con más de un mes de negociaciones en curso, desconocemos cuáles son los acuerdos alcanzados para 2016. El llamado es a transparentar las negociaciones y que no sea la propia autoridad quien violente el marco jurídico.
Tercero, todo proceso de reforma busca aliviar una injusticia presente. Entre los mayores males que aquejan al sistema educativo mexicano se encuentra la ausencia de responsabilidades. El Estado mexicano renunció desde hace años a su responsabilidad sobre la Rectoría de la educación. Ceder ante la ilegalidad, pactar en lo oscuro, dejar vivir la ley en el texto para aniquilarla en los hechos, es entregar de nueva cuenta la Rectoría de la Educación. ¿Acaso se hace pensando en los niños?
Cuarto, el derecho de los niños a aprender se defiende cuando la dignidad de sus maestros tampoco está sujeto a las estrategias políticas de los actores. Al negociar la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) se atenta contra todos los maestros que SÍ han presentado la evaluación en sus distintas etapas. En 2014, se entregaron 63,695 plazas de ingreso de jornada completa; en 2015, se concursaron 34,190 cargos de promoción directiva. Cuando SEGOB acepta, autoriza, propone estados de excepción en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, ¿está respetando la dignidad de estos maestros y la de sus alumnos?
En el regreso a clases del ciclo escolar 2016-2017, nos debe de convocar un único interés: los niños y su derecho a aprender. Si la autoridad no está de acuerdo, que nos explique ¿por qué?
*Director General Adjunto de Mexicanos Primero
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