El 19 de diciembre de 2012 el portal oficial de la cadena de noticias internacional de la “BBC Mundo” daba a conocer que nuestro país no sabía el número de escuelas que existían en México, en una muy interesante casualidad a la par de que el Presidente Peña Nieto anunciaba la orden para que se iniciara el “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial” en 2013.
Según el portal oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) uno de los objetivos principales fue el “conocer la infraestructura educativa instalada, servicios educativos que se otorgan en los inmuebles escolares, su equipamiento y las condiciones en las que se imparte la educación básica y especial” y, por lógica, dicha información debe de servir para una adecuada toma de decisiones en materia de política pública y destino de los escasos recursos con los que cuenta el país.
Para mejorar dicha situación, mediante el comunicado 141 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el entonces Secretario Aurelio Nuño anunciaba una inversión de 80 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura escolar de 33 mil escuelas en rezago.
El pasado 5 de abril, en su informe denominado “La Educación Obligatoria en México, Informe 2018”, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó en 8 capítulos la realidad de la educación en México.
En lo que corresponde a infraestructura (Cap.3) el informe señala (P. 175), entre otras cosas, que en materia de infraestructura hubo:
1) Mayor proporción de apoyos en escuelas preescolares y primarias generales respecto a la proporción de atención en escuelas comunitarias;
2) Concentración de apoyos en escuelas ubicadas en localidades con mayor número de habitantes, con grados de marginación bajo y muy bajo, y con población indígena dispersa;
3) Atención a una cantidad mayor de escuelas con menos carencias en su infraestructura, y
4) Atención a escuelas de educación básica y media superior que no necesariamente responden a un diagnóstico.
Esperemos que la evaluación del INEE sobre quienes toman decisiones en materia de política educativa tengan consecuencias para tener la certeza de que obedezcan a una necesidad y no a compromisos de otra índole.
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