Vendedores de humo y revalorización del magisterio


En la mayoría de sus discursos, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, no ha dudado en ensalzar la figura del docente. Ha insistido, en más de una ocasión, que los maestros son insustituibles, destacando una y otra vez la relevancia social de su función, en sintonía con uno de los ejes del ideal educativo oficial: la revalorización del magisterio. En abril del año pasado, al presentar la nueva Reforma Educativa, Moctezuma Barragán advirtió a los medios de comunicación que el mero cambio de discurso –de la denostación al reconocimiento– se había traducido (según una encuesta de la que no dio mayores detalles) en un incremento del nivel de aprecio de la sociedad hacia los profesores: puede que tenga razón, pero no es suficiente.

Además de las palabras, la revalorización del magisterio ha sido respaldada por un marco legal: el título cuarto de la Ley General de Educación (LGE) reconoce que deberá buscar, entre otros fines, fortalecer el desarrollo y superación profesional del docente mediante la formación, capacitación y actualización; fomentar el respeto a la labor docente y a su persona; reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, y otorgar un salario profesional digno.  Tales propósitos son replicados, de manera literal, por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Así pues, la revalorización del magisterio ha sido cobijada no sólo por los discursos, sino también por un marco legal que sienta las bases para su operación. Evidentemente ambos elementos, las palabras y las leyes, son insuficientes para concretar la tan anhelada recuperación de la notoriedad del docente. A casi dos años del inicio de un nuevo gobierno, el endulzamiento del oído del profesorado no ha estado acompañado de acciones que redunden en condiciones profesionales y salariales más favorables para los maestros.

De hecho, los discursos y las leyes parecen ir en sentido contrario de algunos hechos recientes en la vida pública: el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla la reducción presupuestal de más del 95% para la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), de la que dependen las Escuelas Normales. Nuevamente, pese a que las leyes educativas mandatan el fortalecimiento de estas instituciones (LGE, título cuarto, capítulo II) y a que las palabras de las autoridades apuntan hacia la corrección de su situación de abandono, los hechos se oponen con fuerza. Independientemente de que la cuestión presupuestal sea enmendada a partir del debate legislativo, ¿qué mensaje envían los autores de la propuesta? Si el sexenio pasado estuvo marcado por la asfixia de la matrícula normalista, éste podría distinguirse por propinar a estas instituciones un golpe presupuestal brutal.

Por si fuera poco, en el PPEF se advierte otra situación contraria a la revalorización magisterial: se prevé la disminución del 49% del presupuesto destinado al Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Por más que se hable de austeridad y de pulcritud en el ejercicio de los recursos, ¿cómo pueden estas cifras conciliarse con el supuesto interés por tener maestros mejor preparados? ¿son congruentes con lo establecido en las leyes educativas? ¿no es éste un agravio al derecho de los docentes de acceder a opciones formativas dignas?

Uno de los asuntos de mayor relevancia en relación a la revalorización del magisterio fue la polémica evaluación docente. Si bien fue un logro digno de celebrarse el despojarle su carácter punitivo, el cambio en la evaluación ha quedado inconcluso. Se mencionó que, a partir de la nueva Reforma Educativa, se daría énfasis a su enfoque formativo para que sus resultados fueran la base para generar opciones de capacitación y actualización del magisterio; nada de eso ha sucedido aún, pese a que está marcado en la ley: no se han promovido ejercicios evaluativos diagnósticos para los profesores y, de este modo, las ofertas formativas siguen desvinculadas de las necesidades particulares. Así pues, las intenciones por hacer de la evaluación ya no un instrumento para despedir profesores, sino para fortalecerlos, quedaron a medias.

En términos económicos, la revalorización del magisterio sigue a la espera. Sin contar el aumento salarial de este año, que se suscita en condiciones especiales, el de 2019 fue apenas superior (0.15%) que el último de la administración federal anterior. Pese a que ya se cuenta con un marco normativo que mandata un salario profesional digno, desde el 2018 los maestros no han podido participar en algún programa de incentivos que, en otras épocas, hacía del sueldo de los maestros mexicanos uno de los más elásticos (no mejor pagados) de la OCDE; sería hasta 2021 que los profesores podrían gozar de algún estímulo en sus bolsillos. Así pues, el estancamiento salarial del magisterio durará, cuando menos, los tres primeros años del gobierno actual.

De este modo, se observa que falta mucho por hacer realidad la revalorización del magisterio. No se esperaba que de la noche a la mañana se resolviera la compleja situación docente, pero tampoco acciones a todas luces contrarias a la revalorización magisterial, tales como los intentos de reducción presupuestal mencionados. No se menosprecia la importancia de un cambio de discurso que reconoce la importancia del docente, sobre todo después de años de linchamiento pública y tampoco se minimiza la trascendencia de contar ya con un marco legal propicio para hacer realidad mejores condiciones para el profesorado.

Hasta el momento los discursos optimistas sobre la revalorización del magisterio no concuerdan con las condiciones actuales de los docentes ni mucho menos con las intenciones que se han dejado entrever en relación a la asignación presupuestal. Las palabras seguirán siendo huecas y las leyes letra muerta mientras no haya una auténtica dignificación de la labor docente. Mientras siga el divorcio entre el discurso y la realidad, los promotores de la revalorización del magisterio correrán el riesgo de quedar como auténticos vendedores de humo.


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Rogelio Javier Alonso Ruiz
Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.

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