Para priorizar la distribución de recursos escasos, hay siempre el riesgo de ofuscarse por preferencias personales y por experiencias previas. Saliendo del grosero ‘para mí y los míos, y que el mundo se hunda’, o del prejuicioso ‘hay que darle a los que se porten bien’ (lo que eso signifique, que en general coincide con ‘hay que darle a los que prefiero porque se parecen a mí, porque me apoyan, me van a traer apoyo, dinero o satisfacciones’), siempre hay que estar alertas con respecto de esos criterios de cómo se forma la fila. Para las vacunas que nos inmunicen ante el Covid-19, el asunto merece examen y decisión sólida, justa.
Una sociedad que asuma plenamente los derechos humanos debe partir de la igual titularidad para las vacunas, en la equidad basada en la diversidad de condición. Vamos por partes: todas y todas debemos ser en principio candidatos a un beneficio, y en esa universalidad debe prevenirse y desterrarse toda tentación de discriminar en forma evidente o sutil. Todos nos la merecemos. No debe excluirse de la fila por arbitrariedad de pertenencia ni por el poder adquisitivo, por la condición de salud, género, discapacidad, estatus migratorio. Ello implica también denunciar como brutal e inhumano adelantar a mis recomendados, pues cambiar la secuencia aumenta el riesgo en forma injustificada.
Ya entonces partiendo de que todas y todos somos candidatos, entonces sí se establece válidamente un ordenamiento sucesivo, una calendarización logística, tomando en serio la diversidad, con dos criterios: mayor necesidad y mayor operatividad para el bienestar general.
El primero se refiere a que a la cabeza de la fila va quien más lo necesita por sí, por estar como está en el momento presente. Si a la señora A y la señora B les puede tocar en el mismo momento el contagio, pero los efectos previsibles para B pueden ser más devastadores o irremediables, entonces le toca primero a la señora B. Y por ello sin duda, en el calendario de administración de la vacuna para Covid-19, van primero los adultos mayores, las poblaciones callejeras y en confinamiento forzado, las personas con determinadas condiciones de salud que agravarían si no son inmunizados a la brevedad.
El segundo se refiere a que igualmente a la cabeza de la fila va el personal de salud de primera respuesta –justo quienes atienden ya a los pacientes con graves cuadros de Covid-19, médicas, enfermeras, laboratoristas, las y los paramédicos, los inmunizadores– e inmediatamente después todos los demás agentes de salud, pues la sobrecarga del sistema hospitalario y de cuidados ya los pone en condiciones de tratar personas que además del evidente malestar por el cual acuden a la atención pueden ser portadores, y para ello necesitan estar protegidos con la inmunización.
Toda esta larga introducción sirve para llegar al punto clave: las y los docentes deben ser colocados en “mayor operatividad para el bienestar general” y por lo tanto deben en todo México ya estar programados para recibir la vacuna en las próximas semanas.
En muchas naciones del mundo, de Israel a Estonia, de Uruguay al Reino Unido, se ha definido que maestras y maestros deban ser vacunados ya. El 12 de enero, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, definieron que todos los miembros del personal escolar –incluyendo intendentes, choferes de autobús escolar, personal de cocina y por supuesto todos los proveedores públicos y privados de atención a la primera infancia– son frontline essential workers, en la categoría 1b, y les toca la administración de vacuna para Covid sólo detrás de los adultos mayores en instalaciones de cuidado de larga estancia y de los trabajadores del sector salud.
En nuestro país, el secretario del SNTE, un día antes, “…reconoció la disposición y sensibilidad del gobierno federal de considerar a los docentes como grupo prioritario en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y considerar esta enfermedad como riesgo de trabajo, una vez que se regrese a las clases presenciales”. Como parte de su invitación-presión para que se abran las aulas, el presidente de la República ha dicho que propone al gobierno de Campeche federal vacunar a 20 mil maestros de esa entidad, y trabajadores en las escuelas para que, ya con su segunda dosis, en la tercera semana de febrero comiencen clases.
Lo que falta en la felicitación anticipada y en la propuesta apresurada es certeza. No hay protocolo, no hay pieza normativa que le dé firmeza. No hay que hacer de la vacuna la pieza de cambio para ir al aula, justamente porque se puede revertir en “mejor no voy a vacunarme, entonces”. La vacuna debe ser para todas y todos los docentes, de todos los niveles, de escuela pública y privada. Si hay un factor de salud que llevará a prever una sustitución al maestro para alguna de las formas escalonadas de presencia, eso debe ponerse después. Debe ser auténtico cuidado y aprecio por el aporte a niñas y niños. No chantaje ni vaguedades: que se ponga en protocolo público y nacional la prioridad de vacuna a maestras y maestros; es de elemental congruencia.
