Por: Javier Rojas *
La promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de cancelar la reforma educativa ha cobrado credibilidad en el Congreso de la Unión. En las últimas semanas, declaraciones como las del diputado Mario Delgado, quien hace un mes señaló que de la reforma educativa “no va a quedar ni una coma”, han dado paso a la presentación de iniciativas de modificación al artículo tercero constitucional que permiten vislumbrar el probable curso de la reforma educativa.
Un análisis de algunas de las iniciativas presentadas por los legisladores de Morena permite concluir que, hasta el momento, sus esfuerzos se enfocarán en eliminar el Servicio Profesional Docente y, en el mejor escenario, en modificar las atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Como representante de un primer conjunto de cambios drásticos, destaca la iniciativa del senador Martí Batres, quien planteó a mediados de septiembre, eliminar la fracción III del 3º constitucional, que norma el ingreso al servicio docente y la promoción a puestos de dirección o supervisión.
Como representantes de un segundo conjunto de cambios radicales, destacan las iniciativas de la senadora Blanca Estela Piña Gudiño y del diputado federal Irán Santiago Manuel, quienes proponen derogar la fracción IX del artículo tercero constitucional, lo que equivale a desaparecer al INEE, el organismo encargado de evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo. Si a esto le sumamos la pretensión de abolir la calidad como criterio de orientación de la educación y la obligación del Estado a garantizar una educación de esta índole, es posible concluir que los legisladores de Morena eliminarán los principales cambios de la reforma de 2013.
¿Cuál es interés de fondo que explica el comportamiento de quienes se oponen a estos aspectos nodales de la reforma educativa? Me temo que la respuesta es evitar a toda costa los problemas de gobernabilidad asociados con instrumentar lo que para mí representa una reforma política que afectó la relación corporativa entre el magisterio organizado y el Estado.
Como muchos investigadores de la educación en México han documentado, parte del intercambio corporativista entre el Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) involucró cederle al gremio magisterial espacios institucionales —como las Comisiones Mixtas de Escalafón — desde los que colocaron a directores y supervisores afines al gremio para controlar a los maestros en las mismas escuelas. De ahí que investigaciones como las de Etelvina Sandoval sean lectura obligada para quienes quieran entender por qué la instauración de la evaluación como mecanismo para acceder a puestos de mando hayan sido un cataclismo para algunos grupos dentro del propio SNTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Si los legisladores de Morena impulsan una agenda de transformación para modificar aspectos cruciales de la reforma educativa, es preciso que nos aclaren con qué piensan sustituir lo que hoy están dispuestos a demoler. ¿A qué vamos a regresar? ¿Al antiguo régimen, en el que la compra, herencia y la venta de plazas era el común denominador de un arreglo corporativista y clientelar? ¿Al esquema previo a 2013, en el que la CNTE y el SNTE rechazaron evaluaciones como las de la Alianza por la Calidad de la Educación por no haber sido diseñadas por un organismo autónomo como el INEE? Si bien dudo que regresar a la compra y venta de plazas sea la respuesta del nuevo gobierno —ya que eso sería corrupción— creo que nuestros legisladores deben ser mucho más cuidadosos al reflexionar sobre lo que está en juego y los riesgos que implican regresar al esquema anterior o uno a pleno gusto del magisterio organizado.
De ahí que iniciativas como las de la diputada morenista María Chávez Pérez sean esperanzadoras, ya que muestran posturas abiertas a construir sobre el camino avanzado. Si bien esta legisladora pretende dejar sin efecto las reformas a la Ley General de Educación y derogar la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, su plan contempla, al menos, transformar al INEE en el Instituto Nacional para la Evaluación Integral de la Educación y crear un Consejo Nacional de Evaluación Educativa Integral, el cual estará integrado por miembros del nuevo INEE y representantes de la sociedad civil “cuyas hijas o hijos acudan a la escuela pública”.
Planteamientos como los de esta diputada son valiosos porque abren la posibilidad de construir sobre el entramado institucional con el que contamos y porque bosquejan con qué sustituirán aquello derogado o modificado. Desde esta óptica, ¿acaso no podríamos pedirles a nuestros legisladores cambios que respeten los derechos del magisterio y que prioricen el derecho a una educación de calidad, excelencia u otro calificativo que no esté subordinado al beneplácito del magisterio organizado? Por ejemplo, no sería más conveniente pensar si, en vez de evaluar a los maestros en servicio cada cuatro años como establece la ley reglamentaria, ¿no sería mejor hacerlo cada seis y solamente durante los primeros tres o cuatro lustros de su vida profesional mediante evaluaciones con mejores contenidos y un mejor diseño y esquema de aplicación? Igualmente, ¿no sería mucho más constructivo reflexionar sobre cómo podría el próximo gobierno federal asegurarse de que los gobiernos locales y el SNTE entreguen las plazas disponibles a los maestros con los mejores puntajes, en vez de a miembros del sindicato mediante esquemas opacos y corruptos? En suma, ¿no sería mejor impulsar cambios que consoliden al mérito como mecanismo de movilidad en el servicio docente, antes de quemar el puente o embarcación que todavía hoy tiene la posibilidad de llevarnos en esa dirección?
Estos cambios no son menores ni fáciles de instrumentar: requieren de reflexión y de una visión de Estado. Por lo tanto, más que borrar de plumazo, lo que convendría es editar la reforma educativa, primordialmente la ley reglamentaria y, en menor medida, el texto constitucional. Asimismo, estar dispuesto a asumir los retos que implica sumar a los maestros a modificaciones que estén en sintonía con el espíritu de las modificaciones al artículo tercero constitucional de 2013. Esto puede lograrse con pleno respeto a los derechos de los trabajadores de la educación, ya que eso es lo que mandata la Constitución. Incluso, si el nuevo gobierno federal concibe la reforma educativa como punitiva —tal y como lo hace la CNTE—, cambios de esta índole también podrían lograrse mediante modificaciones a la ley reglamentaria.
De lo contrario, darle todo al magisterio organizado será una salida fácil equivalente a no querer ver lo que está en juego ni comprender que la irritación del magisterio no es ni con la evaluación ni con el servicio docente propiamente. Por el contrario, la molestia del magisterio tiene que ver con aspectos puntuales relacionados con el diseño y la instrumentación de una de las políticas educativas más importantes que nuestro país ha impulsado en las últimas décadas. Ojalá que el próximo gobierno no crea que, por el simple hecho de redactar leyes a entera satisfacción del magisterio organizado, evitará problemas de gobernabilidad o enfrentamientos con estos grupos.
Artículo publicado en el Blog Distancia por tiempo de Nexos.
*Es Profesor-investigador del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
