La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la sanción de 4 millones 529 mil pesos impuesta a Morena, luego de acreditar la omisión en el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, que la hoy titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, utilizó un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) cuando fue Presidente de esa demarcación.
Según el Tribunal, Gómez Álvarez recaudó para Morena un monto de 2 millones 264 mil 612 al descotar el porcentaje del salario a los trabajadores de Texcoco.
En un comunicado de prensa, el TEPJF detalló que en 2017 el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja en contra de Delfina Gómez, exalcaldesa del municipio de Texcoco y entonces candidata a la gubernatura del Estado de México, por presuntamente descontar un porcentaje del salario de las y los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco entre los meses de febrero de 2013 y julio de 2015.
Advirtió que dichos recursos fueron utilizados para la constitución de Morena como un partido político nacional y para sus funciones ordinarias.
Así también expresó que se destinaron parte de esos recursos para la campaña a diputada federal de la hoy titular de la SEP durante el proceso 2014-2015.
El TEPJF recordó que el pasado tres de septiembre de 2021, el Consejo General del INE resolvió que se acreditó una infracción en materia de fiscalización por parte de Morena, por lo que le impuso una sanción de 4 millones 529 mil pesos.
En sesión pública por videoconferencia, a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzáles, la Sala Superior acreditó mediante diversas pruebas indirectas, la responsabilidad del partido Morena al incurrir en la omisión de reportar ingresos en los años 2014 y 2015 durante la correspondiente fiscalización.
Y es que precisó que Morena omitió reportar a la autoridad el beneficio que recibió por parte del Grupo Acción Política, organización que presuntamente realizó actividades benéficas para la sociedad.
Sin embargo, detalló el Tribunal, se acreditó que 2 millones 264 mil 612 pesos fueron utilizados en beneficio de Morena para su operación ordinaria, por lo que se pretendió ocultar de esta manera el destino real de los recursos que fueron retenidos del sueldo de los trabajadores del municipio de Texcoco.
El Tribunal reveló que es común que en procedimientos sancionadores en los que se hace uso de un entramado para ocultar una fuente de financiamiento paralela, no existan pruebas directas que acrediten la infracción denunciada.
Por lo anterior precisó que se tomaron en consideración pruebas indirectas y las deducciones que se obtuvieron a partir de estas.
En ese sentido destacó una serie de pruebas indirectas para sustentar la sanción a Morena, tales como:
– Las personas que dispusieron de la mayoría de los recursos retenidos a los trabajadores eran militantes de Morena.
– Existieron diversas transferencias entre algunos trabajadores del municipio que, a la vez, eran militantes de Morena, y personas físicas y morales, sin acreditar para qué tipo de actos o servicios fueron transferidos los recursos referidos.
– Existieron declaraciones en medios de comunicación de los cuales se obtuvieron datos sobre la vinculación de dirigentes del Grupo Acción Política con Morena, así la aceptación de la propia Delfina Gómez Álvarez de que los recursos retenidos a los trabajadores serían para apoyar al mencionado partido político.
El TEPJF puntualizó que Morena incumplió en responsabilidad de reportar sus fuentes de financiamiento, pues omitió registrar los ingresos provenientes de las retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y al Sistema DIF.
“Así, su omisión sí le generó un benefició que no reportó al INE, lo que fue un actuar ilícito”, advirtió el Tribunal.
Sobre la insistencia del PAN de que los recursos beneficiaron a la titular de la SEP, el Tribunal desestimó sus planteamientos y determinó que deben ser resueltos en un procedimiento diverso al de fiscalización, pues el responsable en esta materia es el partido político Morena.
