Cuando empezó el confinamiento debido a la pandemia de covid-19 leí un artículo de Andy Hargreaves, investigador y educador que por más de cuatro décadas se ha especializado en apoyar a su país y a otras naciones en realizar cambios profundos en sus sistemas educativos.
Más que orientar en cuestiones teóricas y técnicas, él precisa cómo tendría que atenderse a la niñez, proporcionándole un ambiente en el cual sea posible aprender aun cuando se enfrenten condiciones tan adversas como las causadas por la pandemia. Este mensaje, dedicado a educadores y familias, ha sido muy inspirador. Posteriormente, en un seminario internacional en el que Hargreaves dictó una conferencia, en febrero de 2021, comentó cómo su familia sobrevivió a los infortunios de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión su mensaje me cautivó más, pues manifestó lo esencial de la vida y lo importante de tener claridad en lo que debe atenderse aun en la más oscura y cruel realidad.
En ese tenor, cuando fui invitada –junto con otros especialistas– a leer los Indicadores nacionales en su etapa de construcción, tuve el ánimo de centrarme en lo esencial: el bienestar de la población, especialmente la que se encuentra en condición de vulnerabilidad.
Con esta visión externé sugerencias orientadas a afrontar los desaciertos que, desde mi experiencia y conocimiento, identifiqué en el documento en revisión, las cuales fueron atendidas con gran responsabilidad por el personal especializado de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), integrado por profesionales con amplio conocimiento y capacidad.
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Los Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México (Mejoredu, 2021) exponen información oportuna y relevante sobre la operación del SEN, tanto de las poblaciones estudiantiles atendidas como de las instituciones y docentes que prestan el servicio educativo, y del sistema de formación inicial de docentes. Esta edición resalta fortalezas y debilidades en la atención de las diversas demandas de un sistema tan enorme y complejo; deja a los lectores temas para reflexionar. Considero que tras su consulta cada uno asumirá lo que le corresponde, de lo contrario, perdería el valor de convertirse en detonante de la acción necesaria para mejorar la educación en México.
Recomiendo una lectura total, con el fin de interrelacionar los temas, y después abordar de manera específica cada apartado. En apariencia la presentación en capítulos fragmenta el todo que representa el SEN, pero el análisis particular de cada segmento de la población estudiantil, así como de docentes y directivos, escuelas e infraestructura, posibilita el entendimiento de la complejidad del sistema.
Esta publicación puede ser un referente para un diagnóstico en la planeación a largo plazo, en la que todos los actores educativos integremos un frente organizado y colaborativo con una visión común de justicia social –establecida en la Constitución–, donde sea posible un ambiente de respeto a la diversidad y atención a quienes más necesitan apoyo, como debe ser en una sociedad educadora realmente justa y humana.
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Encontré esa aspiración en el texto de Hargreaves y la he compartido con colegas docentes e investigadores que coinciden conmigo en la esperanza de un cambio profundo en nuestro sistema educativo.
El cambio tiene que ser general y con base en el compromiso de colaborar con las instituciones educativas en el cumplimiento de sus objetivos, independientemente de si en ellas tenemos familiares o amigos, pues es responsabilidad de todas y todos que niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) reciban el servicio educativo de excelencia al cual tienen derecho constitucionalmente. Esto incluye a la comunidad, empresas y organismos que pueden apoyar, por ejemplo, con la vigilancia permanente del entorno que comparten.
De acuerdo con los Indicadores nacionales, tenemos las instituciones precisas para esta tarea educadora, aunque no son suficientes en algunos niveles como educación preescolar, media superior y superior.
También es necesario garantizar el servicio a las comunidades de alto y muy alto rezago social, las cuales requieren la presencia de docentes altamente preparados, quienes podrían ser motivados a través de incentivos que les permitan establecerse en dichas localidades.
Los retos más importantes identificados en este documento corresponden a los siguientes temas y líneas de trabajo.
Atención a la población en situación de vulnerabilidad
Los grupos que demandan mayor atención son, de manera prioritaria:
• los niños y las niñas más pequeños (educación inicial para la niñez
de cero a tres años);
• NNAJ que nunca han asistido a ninguna escuela o plantel del sistema educativo, quienes se alejaron o están en riesgo de hacerlo;
• población migrante.
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La presentación de datos sobre educación inicial centra la atención en un tema fundamental: la primera infancia. Su cobertura evidencia la escasa participación de las autoridades de distintos niveles de gobierno en cuanto a brindar posibilidades de desarrollo a este sector de la población; situación que es diferenciada en cada entidad federativa. Los datos de la última década alertan sobre cuestiones que deben garantizarse de manera inmediata, como el registro oportuno de cada nacimiento y del acceso a seguridad social, con el fin de obtener información para que los procesos de planeación, tanto en salud como en educación, se fundamenten en datos precisos enfocados en habilitar el diseño y ejecución de programas cuyo objetivo sea el desarrollo de la niñez. Esto último vincula a las autoridades de los dos ámbitos, estatal y federal, quienes en colaboración con las familias deben dar seguimiento
a todos los infantes.
Si bien la atención a la primera infancia se complicó durante la pandemia, lo cierto es que previamente se tenía un desarrollo lento y con altibajos en las últimas tres décadas. En este sentido, la contribución de Mejoredu consiste en proporcionar datos recientes que pueden sumarse a diagnósticos específicos que diversas instituciones tienen la responsabilidad de realizar, tal es el caso del sector salud.
Por otra parte, la problemática de desafiliación escolar y el reto de la cobertura total de poblaciones en edad escolar se advierten como grandes desafíos del SEN y de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, así como la atención a NNAJ que forman parte de la población migrante en constante movimiento e inestabilidad, con condiciones precarias para la subsistencia. Este tema trasciende fronteras de estados y países; además, demanda alto compromiso de gobierno y sociedad.
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Durante décadas, se han diseñado políticas de atención a poblaciones estudiantiles que se focalizan por su condición de vulnerabilidad, relacionada con factores como pobreza, migración y ubicación geográfica, entre otros; empero, el reto parece estar todavía en la atención urgente de esta población mediante un modelo educativo fundamentado en la justicia social y los derechos humanos, el cual trascienda las políticas sexenales que dificultan o de plano eliminan la posibilidad de dar seguimiento a un plan de desarrollo educativo en el cual todas las instituciones involucradas compartan una visión de lo que debe de ser la educación en nuestro país en el corto, mediano y largo plazos.
Formación inicial de docentes
El tema que nos ocupa constituye un asunto trascendental para lograr un cambio profundo en el SEN. Los Indicadores nacionales muestran que en todas las entidades hay demanda de ingreso a las escuelas normales y otras instituciones formadoras de docentes. Esto es alentador para quienes compartimos la idea de que son los docentes quienes deben liderar el cambio educativo (Hargreaves, 2020).
Con la finalidad de que las y los docentes puedan asumir este liderazgo, las instituciones formadoras podrían actuar en dos líneas básicas: la fundamentación filosófica que marcará el rumbo de la educación de la cual serán protagonistas futuros docentes y el desarrollo de prácticas profesionales en contextos vulnerables. La primera refiere a los principios bajo los cuales determinarán su práctica y, de acuerdo con el marco jurídico mexicano, tendrían que orientarse hacia la justicia social y al enfoque humanista de la educación. Esto significa que maestras y maestros se formen para ejercer un liderazgo moral que llegue al corazón mismo
de la sociedad (Hargreaves, 2020).
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Por otra parte, la cobertura total del servicio no se ha logrado, especialmente en las comunidades rurales con alta marginación, atendidas por jóvenes preparados a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quienes, si bien realizan una loable labor, no cuentan con la suficiente instrucción fundada en programas de formación inicial
docente como los de las escuelas normales. En cambio, sí tienen la práctica profesional en contextos vulnerables recomendada para futuros docentes, con objeto de aprender a ejercer en condiciones de marginación, conocer el trato a la población estudiantil migrante o detectar problemas relacionados con diferentes formas de violencia. Esto significa que el profesorado en formación viva la experiencia de la enseñanza en estos contextos y observe cómo enfrentan estos problemas docentes y directivos en las escuelas, para después analizar dichas problemáticas en su institución formadora. Con esta experiencia previa podrían disminuirse las dificultades propias del inicio en la docencia.
Gestión y vinculación interinstitucional
El camino propuesto por la actual política educativa es pertinente en favorecer que las comunidades escolares sean más autónomas, se comprometan con su desarrollo y con el cumplimiento de los objetivos planteados para lograr ambientes de aprendizaje adecuados; sin embargo, es necesario que cada escuela se vincule con los organismos, instituciones, empresas y sujetos susceptibles de ayudarla en su función educadora. Los casos estudiados en relación con el liderazgo educativo (Torres, Pesqueira y Murakami, 2019) muestran que si los directivos llevan a cabo procesos de vinculación con universidades, empresas y diversas instituciones relacionadas con sus proyectos, logran cambios profundos en sus escuelas, especialmente en los colectivos docentes, donde se genera y desarrolla la idea de una posible transformación, la cual los anima a seguir actuando de esa manera.
El descrito es el camino viable para lograr la mejora de la educación en México. Es un cambio generado desde la propia escuela que debe ser liderado por las y los docentes, pero con el apoyo y colaboración de la sociedad en su conjunto, incluso con una mayor inversión en la escuela pública y la formación docente como alternativa para el desarrollo educativo (Hargreaves, 2020). Esto implica asumir un compromiso enfocado en que la política educativa, la estructura educativa, las familias, las instituciones, las organizaciones y los organismos actúen en sintonía, con una visión de justicia social, donde buscar el bienestar común sea la prioridad de todas y todos.
Referencias
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2021).
Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México. Cifras
del ciclo escolar 2019-2020.
Hargreaves, A. (2020). Austeridad y desigualdad; o ¿prosperidad para todos? Orientaciones de la política educativa más allá de la pandemia. Educational Research for Policy and Practice, 1-8. Publicación anticipada en línea.
Torres, C., Pesqueira, N. y Murakami, E. (coords.) (2019). Liderazgo educativo para la justicia social: casos de directores mexicanos. Ediciones del Lirio / Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado.
Publicado el Boletín ‘Educación en Movimiento’, enero de 2021, de Mejoredu. Para consultarlo, dar click AQUÍ
