Hay que hacer un reconocimiento a diputadas y diputados, lo mismo que a Esteban Moctezuma, pues sabemos que les ha tocado conducir un proceso de consulta y diálogo muy complicado. Apreciamos que hayan retomado recomendaciones puntuales de académicos, maestros y sociedad civil, para armonizarlas con las del presidente y las de las representaciones sindicales, y que el dictamen que aprobaron las comisiones para la reforma a la Constitución haya resultado equilibrado.
Es un gran logro que se plasme explícitamente en el artículo tercero una visión humanista que retoma lo que aspiramos todos que sea la educación nacional y que también nos proyecte al futuro: una educación que parte del respeto irrestricto a la dignidad de las personas, los derechos humanos, las libertades, la honestidad, los valores, la mejora continua, que reconoce que el máximo logro de aprendizaje de los educandos es lo que ordena como finalidad la acción social del maestro.
La referencia a las humanidades, el civismo, la filosofía y las artes agregan el complemento necesario a las habilidades y destrezas básicas de matemáticas, la expresión oral y escrita; la innovación, el dominio de la tecnología y el plurilingüismo, tanto de las lenguas maternas como de las lenguas extranjeras.
También es un logro que se haga referencia explícita a que en la educación siempre prevalezca el interés superior de niñas, niños y jóvenes, y que para asegurarlo se reitere con todas sus letras la rectoría del Estado. Justo esa rectoría, para ejercerse cabalmente y estar justificada en los hechos, implica que la autoridad legítimamente constituida no puede ser forzada a acuerdos ilegales, excepciones o interferencias en el proceso democrático de decisión, legislación o implementación de la ley y las políticas públicas que de ella se derivan.
En el dictamen se reconocen cuatro derechos profesionales clave: Uno, el derecho a la formación, capacitación y actualización de los maestros, retroalimentado con evaluaciones diagnósticas; dos, el derecho a ser admitidos a la Carrera de los Docentes, sobre la que tiene rectoría el gobierno federal, a través de procesos imparciales; tres, el derecho a lograr promociones (y por lo tanto, que los procesos para obtener un nombramiento de director, supervisor o jefe de sector) sea a través de mecanismos públicos, imparciales y de igual oportunidad; cuatro, que los reconocimientos, y por ello los bonos, premios o ampliaciones de responsabilidades que son un distintivo entre los docentes, tengan esas mismas características de imparcialidad y mérito objetivo, y nunca más el clientelismo, el chantaje, la compra, la herencia, los favores políticos a la dirigencia o a los funcionarios educativos determinen la carrera de los maestros.
Mucho más se puede decir del dictamen, incluyendo la corrección y ampliación sobre educación inicial que se hizo y el mandato para construir una estrategia nacional sobre primera infancia; la corrección que esperamos se haga sobre educación inclusiva para que no se corra el riesgo de que la mención a “educación especial” se torne un conflicto con las instancias internacionales y la Suprema Corte, o bien la aclaración de que la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior son responsabilidades del Estado, que se irá concretando gradualmente y con los fondos necesarios desde presupuestos plurianuales.
La autonomía técnica, de decisión y de gestión para el centro que surge tras la extinción del INEE es una buena señal, lo mismo que los nombramientos correspondan al Senado. En la integración de sus miembros habrá que cuidar que prevalezca la evidencia y capacidad técnica sobre la ideología, y la auténtica experiencia de campo por encima de la pertenencia, en el caso de los educadores, a determinados grupos sindicales. El Consejo Ciudadano puede ser un gran órgano de diálogo permanente y corresponsabilidad, que en el tiempo puede ayudar a la continuidad transexenal de las políticas.
No se puede dejar de lado una honda preocupación por la actitud de la dirigencia sindical de la Coordinadora. No sólo han sido violentos para impedir el trabajo del Legislativo, lo que es un atentado contra uno de los poderes de la Unión impidiendo su trabajo, sino por su actitud de burla y displicencia por el proceso de diálogo previo. Consta que sus participaciones, las de la CNTE, fueron mayoría en los foros estatales, y que tuvieron mucha participación en las audiencias de Parlamento abierto, además de tener como tal miembros en la Comisión de Educación e incluso la presidencia misma de ese cuerpo de legisladores.
Que ahora pretendan ‘revisarle’ el trabajo al gobierno federal y al Legislativo mismo nos parece una pésima señal. No pudieron negociar con Gobernación porque ya una sentencia tajante del Poder Judicial se los impide, pero es lamentable que el resto de los maestros, de la nación, que niñas, niños y jóvenes estén sujetos a la agenda de temas y a los tiempos que unilateralmente y en forma bravucona esos dirigentes marcan. El atraso que se les concede sólo complica la operación de la SEP y la claridad de procesos en los diversos estados de la República.
Pero sobre todo marca una pauta: todas las veces, cada año, cada ocasión que algo no les parezca, van a bloquear, parar clases y desarticular los procesos educativos, confiados en que tendrán audiencias privilegiadas y trato preferente. Eso invita a los diversos grupos a intentar lo mismo, pues lo que se aprende de esta experiencia, si el gobierno y el Legislativo se lo permiten, es que puedes desconocer la construcción colectiva y dialogada, e imponerle a las autoridades tus preferencias, si usas la fuerza. Nos preguntamos dónde quedó la visión juarista de “Nada por la fuerza, todo por la razón y las leyes”. ¿Será que eso sólo aplica para los gobernantes pero no para las dirigencias sindicales? Afirmemos todos: Reforma ya.
