Oaxaca es el quinto estado más grande del país y uno de los más diversos, ya que cuenta con 570 municipios y cerca de 12 mil comunidades donde se hablan 15 lenguas indígenas. Su población padece importantes problemas sociales ligados a la pobreza y la marginación.
Por otro lado, su sistema educativo está conformado por aproximadamente 82 mil docentes y casi 950 mil alumnos en educación básica, que son atendidos en cerca de 11 mil escuelas, 20% de ellas de educación indígena. Oaxaca enfrenta graves problemas educativos, entre los que destacan: un déficit financiero del orden de 2 mil 150 millones de pesos, una infraestructura escolar deteriorada y falta de equipamiento y conectividad, altos índices de analfabetismo y rezago escolar, así como un bajo logro educativo en todos los niveles de la educación obligatoria.
La situación educativa por la que atraviesa Oaxaca no es nueva y se ha venido agravando en los últimos 22 años, a raíz del control de la Sección 22 del SNTE, mejor conocida como CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO, creado en 1992). Esta colonialización (diría Carlos Ornelas) de la CNTE fue posible gracias a los pactos y convenios suscritos con diversos gobernadores del estado, con los cuales el sindicato fue adquiriendo progresivamente una serie de canonjías y privilegios que pusieron al borde de la paralización financiera al IEEPO.
Entre las demandas que pudo negociar la CNTE se encuentran las siguientes: alzas de salarios y aguinaldos, mayor número de días de vacaciones y bonos de desempeño para docentes; ayudas diversas en especie, como otorgamiento de electrodomésticos; adquisición de un edificio para la sede sindical y arrendamiento de un inmueble en la ciudad de México para el sindicato; otorgamiento de un BANCO de plazas magisteriales como patrimonio propio; incorporación obligada de representantes de la CNTE en iniciativas de ley en materia educativa; y otorgamiento automático de plazas docentes a egresados de las normales. Por si fuera poco, el gobierno estatal convino con la Sección 22 que ésta seleccionara y nombrara a su conveniencia al personal de base y de confianza del IEEPO, entre otros: directores y subdirectores de escuelas, cuerpo de supervisión de las zonas escolares, así como jefes de departamento y directores de los distintos niveles educativos. Con ello, la CNTE logró que cerca de 90% de los trabajadores del IEEPO, incluida la estructura de mandos medios y superiores, fuera personal sindicalizado. Desde entonces, hasta el pasado miércoles 22 de julio, los líderes sindicales controlaban los procesos académicos y administrativos del sistema educativo de Oaxaca, de la educación básica. No solo eso, sino que daban órdenes directas a la autoridad educativa del IEEPO para imponer como requisito que los docentes pudieran acceder a cargos con funciones directivas de haber participado en la mayoría de marchas y plantones en contra de la reforma educativa. Asimismo, eran comunes las amenazas a los maestros con descontarles su sueldo o despedirlos si participaban en cualquier etapa de las evaluaciones docentes.
La fuerza que hasta hace un par de días había tenido la CNTE se debe al menos a tres razones: 1) cuenta con aproximadamente 80 mil agremiados, que representan 95% de los trabajadores de la educación básica en Oaxaca; 2) se han sabido movilizar y presionar al gobierno desde 1989 y con ello lograr sus objetivos gremiales (como los ya expuestos); y 3) han tenido el control administrativo del IEEPO y con ello el de todas sus plazas y los recursos financieros que representan.
Con el propósito de poner fin a esta condición anómala, que ha impedido al gobierno de Oaxaca tener la rectoría de la educación que se imparte en el estado, el gobernador, Gabino Cué Monteagudo, informó que, con el apoyo de las autoridades federales (léase Presidencia, Gobernación y SEP) el 20 de julio pasado se publicó un decreto por el cual se creaba un organismo nuevo que sustituirá al IEEPO.
Con esta acción, el gobierno no tendrá ningún pretexto para hacer cumplir la Constitución y las leyes secundarias que acompañan a la reforma educativa, que se centra en el derecho de todos los niños y jóvenes mexicanos a recibir una educación de calidad, y donde la evaluación, formación y profesionalización de los docentes son piezas fundamentales.
Fue publicado en El Universal
