En tres semanas, de acuerdo con el calendario electoral, habrán de ser los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia de la república y, con ello, esperar el primer domingo de julio que nos permita, bajo una esperada y copiosa votación, definir el derrotero que habrá de seguir nuestro país en los diferentes aspectos que nos dan sentido como sociedad.
El planteamiento que se hace de la elección tiene que ver sin duda con una evaluación social al trabajo que se ha hecho por parte del gobierno federal en diferentes ámbitos y en donde, a partir de la realidad que vive el ciudadano en su diario acontecer, habrá de dar continuidad o no, a aquellas políticas públicas que marcan la agenda del gobierno para el periodo 2018 – 2024.
En el ámbito de la educación, más allá de las buenas intenciones que se establecieron en la legislación desde el propio marco constitucional, refieren sin duda una ambición válida y muy seria de toda sociedad, de garantizar el derecho a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes que hoy por hoy, en su gran mayoría, siguen sumidos en una pobreza que deja ver el lado no visible (al menos en los comerciales de la SEP) de la propia Reforma Educativa.
Aspectos que no se dejan ver en la -muy costosa y poco benéfica- publicidad oficial, tiene que ver con el daño colateral que se hará a las nuevas generaciones por la incorporación de personas que no cuentan con ninguna preparación pedagógica, psicológica, biológica y social para la atención de la niñez y la juventud; además, tiene que ver con los 4,443 millones de pesos en publicidad oficial en imagen, a pesar de que cientos de planteles dañados por el sismo no han sido siquiera tocados.
Poco se puede argumentar en favor de las promesas que se esgrimieron con la Reforma en un principio, cuando se dijo que las Escuelas Normales tendrían apoyos y nuevos planes que, a la fecha no hay un documento oficial que avale siquiera que ello se hará antes del cierre del actual gobierno federal.
Poco además que argumentar cuando en las convocatorias para nuevas plazas, se mantiene un control opaco y discrecional en su asignación lo cual, si le agregamos el grave problema de intentos de los gobiernos de las entidades federativas por eliminar las prestaciones del magisterio (contrario a lo que dice la propia Constitución), se forma un cuadro en el que no es casual ni extraño que los candidatos que se asumen en su defensa no tengan un mayor apoyo real de la sociedad mexicana.
