Está por discutirse en el Congreso una iniciativa de reforma al Artículo Tercero enviada por el Ejecutivo; tiene elementos muy positivos, y entre ellos hay que destacar que se hace explícito, por primera vez, que en la titularidad del derecho a la educación están precisamente niñas, niños y jóvenes (NNJ) y que debe observarse el principio del interés superior.
Al mismo tiempo, y precisamente en la defensa y promoción de los derechos de NNJ, tiene una importancia crucial el principio de progresividad: bajo ninguna circunstancia retroceder; cada vez más y cada vez mejor remover las barreras y consolidar los avances en el ejercicio cabal del derecho que tiene la joven generación.
Si en México ya avanzamos para pasar de autonomía sólo técnica a un órgano constitucional autónomo (OCA) -con el paso del viejo INEE de hace dos sexenios a su configuración actual- nos pronunciamos enérgicamente por no caer en retroceso. Exhortamos a los legisladores a que se apruebe un organismo autónomo y que se rechace o modifique que la autoridad educativa federal pueda ser juez y parte.
Manda un mensaje preocupante para el equilibrio democrático que contar con mayorías en las cámaras se convierta eventualmente en amenaza, espada de Damocles que inhiba la acción y vocería de los demás órganos constitucionales autónomos (OCAs: la CNDH, la COFECE, el INE, el INAI).
No debe permitirse, y hay que ser enfáticos, que la evaluación sea a modo. Si queremos que la evaluación sirva a la mejora en la realidad de los alumnos y las escuelas, ello no se logra achicándola y sometiéndola al dictado del Ejecutivo, sino clarificándola y sometiéndola a escrutinio democrático.
La mejor manera de defender el derecho a aprender de NNJ es defendiendo el derecho a aprender de sus maestros. La propuesta de López Obrador meritoriamente asume que a) debe darse un fuerte y necesario rediseño de las trayectorias de los docentes, b) pone en el texto constitucional el derecho de los maestros a la formación continua y c) dejaría atrás el planteamiento de que la permanencia se condicione a evaluaciones de gabinete, aspectos todos de gran relevancia, que valoramos.
Lo que rechazamos es un retroceso en las disposiciones constitucionales que hoy ya garantizan formalmente derechos profesionales docentes. Nos pronunciamos con gran exigencia para que no se borre, sino que se precise el derecho de los maestros a ingresar y a ser promovidos en un esquema universal, imparcial y transparente; sin ello, el pase por puntajes arbitrarios y opacos como acabó siendo el escalafón y la vieja Carrera Magisterial -de la que hay evidencia científica (Santibáñez et al., Haciendo camino, 2007) que no se resolvió ni en forma equitativa ni resultó efectiva en hacer diferencia significativa en el aprendizaje de NNJ- sería un grave retroceso.
Peor aún es el escenario en el que la carrera de los maestros dependa del sesgo y control de las cúpulas sindicales: manejarse en los viejos esquemas de reparto “mitad y mitad de las plazas”, como si fueran placas de taxis que se compran, venden y negocian con la clientela que cada quien controla, con favoritismo a los cercanos y con bloqueo a los disidentes o desprecio de los capaces, para lo que corresponda a ingresos y nombramientos a funciones de asistencia técnica o como directivos. Nos devolvería al tiempo de los arreglos turbios, al abuso e intercambio de beneficios entre facciones de los adultos, siempre individualizando ganancias para los líderes a costa de la generalidad de los maestros y de su vocación y capacidad reales. No podemos retroceder.
En resumen: necesitamos reformas constitucionales que no simplemente respondan a promesas de campaña que no contaban con reflexión y revisión detallada del Orden Jurídico Nacional; necesitamos reformas que no reediten pérdidas de rectoría de parte de los funcionarios a favor de cúpulas sindicales, y menos que refuercen amarres político-partidistas por encima de los derechos de los maestros y de los niños.
La bancada de los derechos de los niños debiera ser todos y cada uno de los escaños del Congreso; que las formaciones políticas se atengan a clientelas por encima del bien de la patria, en sus personas concretas, en la generación que mayor protección requiere -siendo NNJ la mitad de los mexicanos, si de representatividad queremos hablar- sería desertar de su papel y deshonrar la función que recibieron.
Hacemos un enérgico llamado a los legisladores a modificar en clave de progresividad el texto a revisión, o incluso que generen iniciativas alternativas que aspiren a la convergencia, haciendo correcciones y ampliaciones en función del derecho a aprender de las NNJ y de lo que necesitan las y los maestros para cumplir con dicho derecho.
