Desde 2007 el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) brindó jornadas ampliadas de seis y ocho horas diarias, así como servicios de alimentación para estudiantes de 3 a 15 años en educación básica y con cobertura en todo el país, particularmente en localidades de alta marginación.
Durante 2020, último año de operación, el programa benefició a más de 25 mil planteles y a 3.6 millones de estudiantes, lo que equivale a una de cada 10 escuelas públicas de educación básica y a uno de cada 5 de sus estudiantes.
Dado el alcance del programa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó el impacto en las entidades y la viabilidad para diseñar programas locales que amplíen a las jornadas escolares y provean servicios de alimentación.
La evidencia muestra que los estados pueden implementar programas de tiempo completo a nivel local que beneficiarían a 1 de cada 10 escuelas públicas de educación básica en el país, con una inversión anual promedio de 2 mil 696 pesos por alumno.
En ese sentido, el IMCO propuso algunas recomendaciones enfocadas a autoridades educativas locales para generar una política educativa enfocada en jornadas ampliadas y servicios de alimentación:
1. Implementar a nivel local programas similares al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Tras la cancelación del programa y en la coyuntura educativa post pandemia, los estados tendrán un papel preponderante en el desarrollo de acciones que ayuden a mejorar las pérdidas de aprendizaje y el rezago escolar que experimentan los alumnos más vulnerables. Para ello cuentan con la experiencia previa en la ejecución del PETC, con la infraestructura física que quedó en las escuelas que formaron parte del programa y con la opinión favorable de profesores y padres de familia respecto a los beneficios de este. Además de destinar los recursos materiales suficientes para cubrir las jornadas ampliadas y los servicios de alimentación, los estados deberán tomar el reto de mejorar las deficiencias en la asignación presupuestaria, diseñar ejes temáticos para abordar en el horario extendido para reforzar conocimientos clave y diseñar e implementar evaluaciones de impacto para mejorar el programa en el futuro.
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2. Asignar recursos de forma que se privilegie a los estudiantes más vulnerables. Para darle continuidad al impacto local que tuvo el programa en su último ciclo de operación, los estados deberán incluir los objetivos del programa en sus planeaciones y destinar entre 0.5 y 5% de su presupuesto funcional de educación para atender al mismo número de escuelas que formaron parte del programa en 2019, mismo que podría reducirse si se plantean reglas claras en la asignación de recursos de las escuelas.
Considerar la distribución territorial de las escuelas de tiempo completo será clave para asignar el presupuesto de tal manera que esté más vinculado con la cantidad de alumnos beneficiados y no con la cantidad de escuelas. En este sentido, para cubrir las necesidades de infraestructura física, mobiliario y equipamiento, los estados pueden instruir a las escuelas para formar parte de programas de infraestructura federales mientras los recursos estatales se enfocan en mejorar el programa educativo que se enseñará durante las jornadas ampliadas, en cubrir los salarios de los profesores y priorizar los servicios de alimentación nutritiva.
Tras el anuncio de su desaparición presupuestal, al menos 12 entidades federativas mostraron su interés en continuar con la operación del programa: Baja California, Colima, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Michoacán y Yucatán22. Esto es una oportunidad para que cada entidad evalúe la posibilidad de mejorar el diseño e implementación de los ejes de este programa como parte de una estrategia local para combatir los estragos educativos de la pandemia e incrementar la calidad en el aprendizaje.
3. Priorizar el servicio de alimentación en las escuelas con población vulnerable. Los servicios de alimentación han resultado en una mejora en la calidad del aprendizaje y una disminución en el abandono y rezago escolar, sobre todo en escuelas comunitarias e indígenas.
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Los servicios de comedor deben garantizar la alimentación nutritiva y suficiente de los alumnos que no los reciban en casa. En el PETC se consideraba un monto de hasta 15 pesos por alumno al mes para destinarlo al servicio de alimentación adicional de una remuneración de hasta 3 mil 800 pesos mensuales para la persona encargada de la coordinación del servicio y de la posibilidad de contar con un apoyo de hasta 40 mil pesos al año para contar con la infraestructura, mobiliario e instrumentos necesarios para el servicio.
Los estados deberán reevaluar la asignación presupuestal de este servicio de tal forma que se logre dotar de alimentación nutritiva a los alumnos en situación de vulnerabilidad.
4. Priorizar los recursos para las escuelas primarias, indígenas y comunitarias. De acuerdo con las evaluaciones del PETC emitidas por el Coneval, las escuelas con población vulnerable y las escuelas de educación primaria fueron las que más se beneficiaron con la operación de esta política. Para eficientar recursos se sugiere privilegiar a las escuelas primarias, indígenas y comunitarias. De esta manera, además de mejorar el aprovechamiento escolar, el programa contribuirá a reducir las brechas educativas y favorecerá la igualdad.
5. Generar indicadores apegados a criterios internacionales que permitan evaluar los resultados del programa. Para focalizar el presupuesto, generar mecanismos de mejora y difundir los esfuerzos estatales para mantener los programas de ampliación de horario en las escuelas es necesario generar evaluaciones y medir los avances en la cobertura del programa y sus beneficios en materia de logro de aprendizajes, cierre de brechas, disminución del rezago educativo y disminución del abandono escolar.
