El 14 y el 21 febrero, respectivamente, fueron publicadas las convocatorias para los procesos de admisión y promoción. Con los nuevos procesos se había prometido erradicar la opacidad que prevalecía anteriormente en el manejo de plazas docentes. Se había prometido también procesos más justos, en sintonía con la revalorización del magisterio, idea multicitada en los discursos oficiales de la actualidad. A pocos días de la emisión de las convocatorias, han saltado una serie de observaciones y quejas que llevan a suponer que las promesas referidas difícilmente serán alcanzadas, al menos en esta edición del concurso.
Uno de los asuntos más sentidos tiene que ver con la transparencia. Por ejemplo, en el caso de Colima, la convocatoria para el concurso para puestos de dirección y supervisión en educación básica, fue publicada el 14 de febrero, estableciendo, entre otras ofertas, ocho plazas de director de educación primaria. A la fecha de publicación del presente escrito, más de una semana después de la emisión de la convocatoria, es imposible conocer qué plazas serán las ofertadas para el cargo mencionado: “no se encontró vacancia” es el mensaje que aparece en el sitio web de consulta de plazas disponibles, respecto al puesto en cuestión. Dice el sabio dicho “no hagas cosas buenas que parezcan malas”: ¿por qué no tener lista, al momento de la publicación de la convocatoria, la relación de plazas disponibles, evitando así sospechas en cuanto al ocultamiento de plazas en función de quienes compitan o resultan con resultados favorables?
Llama la atención también la cantidad de plazas ofertadas en las convocatorias. En Jalisco, por ejemplo, la convocatoria señala cero plazas para promoción a puestos de dirección y supervisión en educación básica. En los procesos para admisión, en la Ciudad de México, cuyo sistema agrupaba en el ciclo escolar 2018-2019 a 78,336 docentes de educación básica, se ofertan tan sólo 268 plazas definitivas y 1284 horas; en Colima, sólo 5 plazas definitivas y 5 temporales. Si bien el hecho de que las plazas no estén listas para ser ofertadas al momento de la emisión de las convocatorias pudiera estar justificado en asuntos de carácter administrativo, nuevamente se abre la posibilidad de que las plazas sean retenidas y no puestas a concurso. Considerando esto y la falta de disponibilidad de las vacantes, se hace evidente la urgencia de criterios y mecanismos que garanticen la transparencia en el manejo de las plazas docentes. No es descabellado pensar en un banco público de plazas, donde se especifiquen, no sólo en los tiempos de admisión y promoción, los pormenores de cada una de las plazas, salvaguardando datos que pudieran poner en riesgo la seguridad de los titulares.
Al igual que en los procesos de admisión del sexenio anterior, sigue menospreciándose el perfil pedagógico de los aspirantes, no obstante que se da una ponderación extra a quienes poseen experiencia pedagógica. Sin algún requerimiento de nivelación pedagógica (al menos no se observa en las convocatorias), egresados de estudios superiores de áreas como Mecatrónica, Robótica o Aeronáutica podrán aspirar a ser docentes de Matemáticas en educación secundaria: sin minimizar la importancia de su probable amplio dominio teórico en sus respectivas ramas, ¿qué habilidades didácticas podrán haber desarrollado durante su formación profesional? ¿Dar clases es tan sencillo como conocer sobre un tema? La situación anterior, sin duda, seguirá afectando la matrícula de las Escuelas Normales: muchos, desde el punto de vista meramente ocupacional, verán más atractivo estudiar carreras que ofrecen un doble campo laboral (el propio y el de la docencia), que las especializadas en la docencia, cuya gama es mucho menor. Esto, en definitiva, no es igualdad de condiciones para los aspirantes.
Si bien es un acierto que para los procesos de admisión y promoción se hayan incorporado, dentro de los criterios de evaluación, una serie de elementos multifactoriales, decepciona el hecho de que los instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes (¿por qué les cuesta tanto llamarles “examen de opción múltiple”?) sigan concentrando el mayor peso de la ponderación total del sistema de evaluación. Otro de los asuntos que han sido criticados en relación a los procesos de promoción tiene que ver con el requerimiento de contar con nombramiento definitivo (código 10 o equivalente estatal). A más de un año de la entrada en funciones del nuevo gobierno federal, aún existe un rezago importante en la regularización de los nombramientos definitivos, sobre todo en los sistemas estatales, propiciados en cierta medida por las leyes educativas que recientemente fueron derogadas. Aunado a lo anterior, en algunos sistemas estatales los procesos de regularización de nombramientos definitivos fueron realizados sin criterios claros, quedando algunos injustamente marginados pese a tener más antigüedad que otros favorecidos. Esto ha propiciado que, en automático, muchos docentes se vean excluidos en los procesos de promoción.
Especial escándalo ha propiciado el hecho de que en las convocatorias para admisión de personal docente en educación media superior se establezca como uno de los requisitos la constancia de acreditación del curso-taller “Exploración de Habilidades para la Docencia en Media Superior. Ciclo escolar 2020-2021”, cuyo costo es de $1,250.00 y es ofertado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). ¿Qué pasará con quienes no tengan la posibilidad de costear el curso? ¿Es correcto establecer como requisito la acreditación de un programa específico, más allá del perfil solicitado, que genera ganancias económicas para una asociación no gubernamental?
Es evidente pues que los procesos de admisión y promoción están cayendo en muchos de los errores que se señalaban en años anteriores. Pese a la promesa de revalorización del magisterio, es penoso observar que se sigue transmitiendo la idea de que la función docente es tan simple que cualquier profesionista, sin antecedente pedagógico alguno, puede desempeñarla. Es notorio también que hace falta mucho por concretar mecanismos que garanticen la transparencia total en el manejo de plazas docentes, existiendo el riesgo de prácticas del pasado como el ocultamiento de puestos laborales. Hace pensar mal la publicación de convocatorias en las que se establecen cero plazas a concursos, así como genera sospechas que, en las plazas de las convocatorias que sí las señalan, no sea posible terminar con exactitud su ubicación. Siguen los procesos de admisión y promoción “tropezando con las mismas piedras”.
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