Durante una reunión de discusión sobre la Ley General de Educación, legisladores de Morena le preguntan a una reconocida investigadora educativa: “¿qué significa literacidad?” Buscando la mayor certeza posible, ésta les responde con una definición encontrada en una página web especializada. “¿Eso qué significa?” insisten los legisladores con un claro gesto de incomprensión.”¡Pero ustedes lo aprobaron! exclama ella, abriéndose paso a unos momentos de profundo silencio.”
Al igual que excelencia y calidad en la educación, literacidad forma parte del cuerpo conceptual de la reforma educativa de la 4T expresada tanto en los cambios constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo como en las leyes secundarias aún en discusión.
Lo anterior nos muestra cómo, debido a la inédita legitimidad de origen del actual gobierno, no ha sido sencillo –ni para los propios legisladores– problematizar un ordenamiento conceptual ajeno a la realidad y tradiciones pedagógicas nacionales, y estrechamente vinculado con ciertas tendencias internacionales de reforma educativa gerencial. Basta con dar seguimiento a los discursos y presentaciones oficiales, leer los documentos del gobierno y analizar sus propuestas para comprender que la actual reforma educativa parece referirse a una política de importación de principios, metas y estrategias respaldada por los promotores de anteriores reformas educativas, sean actores del campo educativo nacional o instituciones multilaterales. Lo anterior puede encontrarse, por ejemplo, en temas relativos a determinados contenidos educativos, propuestas de administración y organización escolar, así como en políticas de atención a la primera infancia.
Con respecto los nuevos contenidos, literacidad es un anglicismo que refiere a literacy, definido por la OCDE como la capacidad de comprender y emplear información impresa en las actividades diarias con el fin de lograr determinados objetivos. En política educativa, es también un rubro de evaluación de la “calidad educativa”, posicionado a escala internacional gracias a la relevancia que la OCDE ha logrado adquirir en sistemas educativos en el mundo, dada la difusión de la prueba PISA durante las pasadas dos décadas. La centralidad de tal asignatura ha sido tal que distintas investigaciones han mostrado cómo desde el inicio del presente siglo se ha posicionado junto a las habilidades matemáticas en el foco de atención de sistemas educativos en detrimento de otros contenidos académicos. Lo anterior ha permitido la continuidad de políticas de estandarización educativa en evaluación y currículo con todo y los efectos imprevistos reconocidos abiertamente en la investigación académica de distintas latitudes e incluso por la propia Unesco hace algunos días. Si bien las capacidades de lectura habían adquirido relevancia desde los gobiernos panistas, nunca se habían situado en rango constitucional, lo cual nos habla de una particular tendencia político-pedagógica imperante en el diseño de la nueva normatividad educativa. Esto garantiza, por otro lado, la continuidad de la prueba PISA en las escuelas mexicanas no sólo como una herramienta de diagnóstico sobre el estado de la educación en terrenos específicos, sino también como un mecanismo de gobernanza educativa que opera en función de los resultados obtenidos en contraste con las metas unilateralmente establecidas.
En materia de organización y administración escolar, el anuncio de la desapa-rición del Inifed y la posible asignación directa de recursos económicos a las escuelas –con todo y la consecuente redistribución de responsabilidad entre los actores educativos– nos pone frente a un escenario en el cual las políticas sexenales parecen caminar también hacia una ruta de autonomía de gestión de carácter gerencial. En este rubro, será el BID el encargado de identificar los desafíos y oportunidades del proyecto escolar de la 4T, así como de apoyar en el intercambio de “mejores prácticas” sobre gestión escolar. La anunciada cooperación técnica, solicitada por la Subsecretaría de Educación Básica, resulta preocupante debido a la naturaleza de las propuestas del BID en temas de gestión escolar, más enfocados en la construcción de alianzas público-privadas para la solución de problemáticas específicas, que en la participación democrática de las comunidades escolares en la vida cotidiana de los planteles educativos. La experiencia internacional nos ha mostrado que a mayor margen de autonomía en las escuelas en materia financiera y de gestión, mayor es la tendencia a la generación de alianzas público-privadas para la provisión de servicios o la resolución de problemas, de los cuales el Estado deja de hacerse cargo parcialmente. Es en distintos sentidos una ruta a la privatización educativa.
Por otro lado, la estrategia de atención a la primera infancia –por cierto, tan necesaria en un contexto de marginación y violencia hacia los infantes de nuestro país– recién anunciada por el gobierno federal, se inscribe en una campaña regional de inversión temprana en capital humano, iniciada hace un par de años bajo el auspicio de instancias multilaterales, organizaciones del sector privado y think tanks regionales, con la participación abierta tanto de Ernesto Zedillo como de Claudio X. González Guajardo y sus organizaciones.
Sin lugar a dudas, la propuesta educativa de la 4T se ha nutrido de distintas voces, entre las cuales sobresalen los órganos de gobernanza educativa global-regional y actores privados nacionales. Mientras tales actores –señalados abiertamente como “conservadores” por el titular del Ejecutivo– se reúnen y comparten mesa con las autoridades educativas federales para dar forma al proyecto sexenal, el magisterio se encuentra preocupado por la falta de claridad respecto a su estabilidad laboral y el futuro del normalismo ¿Coincidencia o estrategia?
Twitter: @MaurroJarquin
Publicado en La Jornada.
