Con este hashtag, más de 500 organizaciones de toda la República hemos llegado a un acuerdo sustantivo: hacer una permanente suma de esfuerzos para poner en el centro de las políticas públicas el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
Es una unión inédita, un conglomerado de organizaciones de muy diverso origen que decidimos converger para hacer un llamado a la nueva administración federal para tomar acciones estratégicas y urgentes. Los NNAJ son el 53% de la población, y sus derechos están aún lejos de estar garantizados.
Es una responsabilidad histórica, un imperativo ético, una tarea ineludible quitar el manto de invisibilidad sobre su vida y oportunidades; ya no podemos seguir con las graves afectaciones a sus derechos que significan, por ejemplo, que 21.4 millones de ellas y ellos vivan en la pobreza extrema, que sean los grupos de edad con menor cobertura de servicios sociales, que estemos en quinto lugar mundial de embarazo adolescente.
¿Hemos avanzado? Sin duda, más por la acción decidida y exigente de la sociedad civil que por el dinamismo de las propias instituciones del Estado. Un gran hito ocurrió en 2014, a raíz de una iniciativa preferente, se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Su texto es casi una poesía, incorporando conceptos y visiones de avanzada en la promoción, defensa y restitución de los derechos de los menores de 18 años. La ley crea un mecanismo permanente de coordinación y vigilancia, el Sistema de Protección (SIPINNA) con una Secretaría para articular los trabajos. Pero en estos pocos años de existencia sigue sin contar con un presupuesto regularizable, y –alojado en la Secretaría de Gobernación- ha padecido que se disminuya en el último año su crucial papel por un cambio burocrático en la Secretaría. Hubo importantes esfuerzos en educación y salud, pero lejanos a la participación y a la transparencia. De juventud, ni hablar: la ley vigente es de 1999 y es una ley orgánica de un instituto, el IMJUVE, con gran presupuesto y escasa relevancia.
Por ello, estamos haciendo un llamado explícito a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de futuros funcionarios, para que atiendan estas urgentes necesidades estructurales:
1. Restituir su nivel al SIPINNA, fortalecerlo en personal y recursos, y rediseñar el IMJUVE con atribuciones rectoras.
2. Desconcentrar y profesionalizar las Procuradurías de Protección, para desprenderlas del esquema asistencialista del DIF y para que cumplan su papel con diligencia y celeridad, con la misma prioridad que se da a los derechos al desarrollo como salud o educación.
3. Definir una distribución justa y adecuada en el Presupuesto, comenzando en el que se ejercerá en 2019, evitando duplicidades, ineficiencias, precisando los objetivos de los programas y la evaluación sólida de logros.
4. Asegurar el interés superior de la niñez, que marca la Constitución, para que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales y especiales, así como el Programa Nacional de Protección de las NNA que mandata la ley se realicen con la participación de la niñez y juventud, así como de las organizaciones defensoras de sus derechos.
5. Favorecer la participación permanente; además de darse en la planeación, como se señaló en el punto anterior, debe garantizarse que ellas y ellos participen, que su voz sea escuchada en todo lo que les concierne, como señalan la Constitución y las leyes, en las instituciones que les brindan servicios, desde escuelas hasta hospitales, y en todos los programas que los tenga como destinatarios. Igualmente, la administración entrante debe mostrar su diferencia del pasado en un cambio que supere el ambiente hostil y las restricciones de sustentabilidad fiscal con las que se ha limitado su actuación, a pesar de ser un aliado imprescindible a las tareas del Estado, como muestra su trayectoria de promoción y protección de derechos, prestación de servicios para poblaciones excluidas y realización de investigación y análisis para mejores políticas públicas.
6. Impulsar la armonización y concreción del marco normativo; hace falta que el Ejecutivo ponga voluntad política para propiciar una ley de derechos de las personas jóvenes, para acabar de cerrar el proceso de armonización entre la LGDNNA y las demás leyes que aún contravienen lo estipulado en ella, en los campos de salud, educación, asistencia, en los códigos civiles, penales y familiares, etc.
AMLO tiene una oportunidad única. La convergencia de voluntades y visiones está lista para encontrarse con liderazgo que explícitamente asuma su papel de Presidente del Sistema Nacional de Protección de Derechos de NNA, que la ley le confiere, y para que su equipo muestre que la otra mitad de México, #NiñezyJuventud, tendrá prioridad.
