La transición a la democracia enfrenta en México resistencias insospechadas. En educación, el esfuerzo emprendido en 2012 por el actual Gobierno federal para modernizar la carrera profesional docente ha enfrentado diversas vicisitudes.
La pugna educativa no es trivial. Lo que la actual reforma educativa se propone es desmontar una estructura de poder sindical que se gestó a lo largo de siete décadas y que terminó por invadir todas las esferas de la dirección educativa. Un acuerdo de 2008 determinó que el gobierno de la educación en sus niveles obligatorios (preescolar, primaria y secundaria) se depositara en “comisiones mixtas” conformadas por 50% de líderes sindicales y 50 % de funcionarios públicos.
Ese acuerdo fue desastroso para el país. La medida significó abandonar el principio constitucional que deposita sólo en el Estado la tarea de dirigir la educación nacional; después de todo, el sindicato no deja de ser una entidad privada. Pero no cualquier entidad privada: hablamos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), probablemente el sindicato más grande de América Latina, con casi 1,5 millones de miembros.
Las autoridades lanzaron en diciembre de 2012 –en el marco del Pacto por México, en el que participaron las fuerzas políticas más importantes del Congreso, es decir, el PRI, el PAN y el PRD— una reforma con dos objetivos principales: recuperar para el Estado la rectoría de la educación y acabar con un sistema corrupto de gestión de la profesión docente.
En este sistema de gestión predominaba la arbitrariedad y, sobre todo, la voluntad de los líderes sindicales. Las plazas de profesor se vendían a 100.000 o 200.000 pesos, los puestos de dirección se otorgaban a los amigos o cómplices de los líderes sindicales, las plazas también se heredaban de padres a hijos, como propiedad privada, etcétera.
En estas condiciones, desde luego, los profesores más débiles, quienes carecían de “palancas” o de amistades en el sindicato, eran los más afectados. Los legisladores concibieron, en cambio, un nuevo sistema en donde el factor que cuenta para el ingreso a la profesión docente y para la promoción a puestos de dirección es el mérito profesional.
Para medir el mérito de cada uno se establecieron concursos de oposición con base en evaluaciones. Las normas que regulan dichas evaluaciones son giradas por un organismo autónomo que es Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y quienes aplican las evaluaciones son las autoridades educativas federales y estatales. Dichas evaluaciones comenzaron a darse en 2013 y, hasta el momento, no menos de 740.000 docentes han sido evaluados.
De todas las evaluaciones, la llamada “evaluación de desempeño” –que de acuerdo con la ley debe realizar todo docente, por lo menos una vez cada cuatro años— es la más polémica. La razón: puede tener efectos sobre la permanencia en el trabajo. Aunque no siempre. “En todos los casos”, dice la reforma constitucional, “se respetarán los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”. Esto significa que, quien antes de la reforma poseía una plaza, no puede perderla (en el caso extremo, de que en las evaluaciones obtengan resultados que indiquen que no tiene aptitudes para la docencia, no pierden la plaza, pero ya no estarán frente a grupo y se les desplazará hacia otras funciones).
Pero la situación será diferente para los maestros que se incorporan por primera vez a la profesión. Éstos, tras ser admitidos, recibirán el apoyo de un tutor y seguirán cursos obligatorios de formación capacitación y formación en las áreas académicas en que muestre mayor debilidad y se someterán a dos evaluaciones anuales subsecuentes. Dado el caso de que el nivel docente obtenga en la segunda evaluación resultados “no idóneos” será separado de su trabajo.
La oposición más ruidosa a la reforma educativa la ha protagonizado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que es, en realidad, una fracción del SNTE que se autonombra “democrática”. No obstante, este organismo agrupa en su seno a numerosas corrientes políticas de izquierda, algunas con abierta simpatía con ideas insurreccionales.
La campaña de oposición realizada por la Coordinadora desde 2013 estuvo salpicada de violencia e intolerancia (enfrentamientos con la policía, ataques a edificios públicos, actos de vandalismo, destrucción de vehículos, clausura de carreteras, persecución de los docentes que discrepan…) aunque fue manejada con torpeza por las autoridades, a tal punto que derivó, como se sabe, en los acontecimientos trágicos del 19 de junio en Oaxaca donde perdieron la vida varias personas.
La reforma, no obstante, avanza en el plano de las evaluaciones y en otros aspectos. Hay acciones para fortalecer la escuela, mejorar su infraestructura, formar a maestros, renovar las escuelas normales, etc. Pero la sombra de la tragedia tiende a oscurecer el futuro.
Fue publicado en El País
