Faltan dos semanas para el arranque del ciclo escolar y los docentes de educación básica ya se preparan en talleres y sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar.
En este ciclo, el primero completo de la actual administración federal, veremos la puesta en marcha de su política educativa, la cual ya se está socializando por medio de un taller adicional: Hacia una Nueva Escuela Mexicana, que se realiza del 12 al 14 de agosto.
En la guía oficial para estos talleres, la Secretaría de Educación Pública (SEP) invita a los docentes a conocer los elementos “destacables” de los anteproyectos de tres leyes pendientes a aprobar: la Ley General de Educación (LGE), Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), y la Ley General del Sistema para la Mejora Continua de la Educación (LGSMCE).
A la fecha, solamente la iniciativa de la LGE ha sido presentada –aunque no discutida en comisiones– en la Cámara de Diputados; las iniciativas de las otras dos no han sido presentadas de manera oficial.
Es cuestionable socializar entre más de un millón de docentes, proyectos legislativos que no existen.
Pero más allá del atropello por parte de la SEP a las facultades del Poder Legislativo, es de alta preocupación que en lo presentado en las guías se encuentran elementos claramente contrarios a lo establecido en el artículo 3º de la Constitución.
La Constitución garantiza procesos imparciales para la admisión, promoción y reconocimiento en el servicio educativo, pero de acuerdo con el taller de la SEP, el sindicato participaría a la par de las autoridades educativas en todas las etapas de estos procesos, desde la emisión de las convocatorias, hasta la ponderación de resultados y asignación de plazas, donde se daría prioridad a egresados de normales públicas y de la Universidad Pedagógica Nacional, violando el artículo 3º que establece que todos los aspirantes participarán en igualdad de condiciones.
Se propone subordinar al organismo para la mejora continua de la educación a la SEP en contraposición a la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión, de gestión y no sectorizada de dicho centro sentada en la Constitución. Crearía un comité que estaría por encima de la Junta Directiva y cuyo titular designaría directamente la SEP, en violación a la estructura y al procedimiento de designación de sus integrantes que establece el artículo 3º.
En pocas palabras, la SEP está formando a maestros con base en documentos que no son públicos ni oficiales y pasa por encima no sólo de las decisiones que se tomarán en el Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre, sino también de lo establecido en la reforma constitucional encabezada por esta administración.
Ya es momento de que el Ejecutivo Federal presente ante el escrutinio público, así como ante el Poder Legislativo, las iniciativas completas para la legislación secundaria en materia educativa; y cabe recordar que ninguna ley puede contradecir lo establecido en la Constitución.
Artículo publicado en el Heraldo de México.
