Ha llegado el momento en que veremos cómo se propone aterrizar en acciones concretas las aspiraciones sentadas en el reformado artículo 3º. La legislación secundaria en materia educativa debe establecer con claridad quién tiene las facultades y obligaciones para hacer qué, cómo y cuándo para garantizar los derechos de las niñas, niños y jóvenes y sus maestras y maestros establecidos en la Constitución.
Pero el paquete de iniciativas presentadas con el tiempo encima y de última hora por Morena no cumple con esta función. No sólo son insuficientes para garantizar el derecho a la educación; de aprobarse así, violarían la Constitución.
Las iniciativas dejan fuera elementos centrales, como la inclusión, la interculturalidad y la transparencia. Debilitan a actores clave, como autoridades educativas estatales, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y los consejos de participación social. E incluyen aspectos contrarios al marco constitucional, como la delegación indebida de facultades a la Secretaría de Educación Pública, la participación del sindicato en los procesos de admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la preferencia a egresados de ciertas instituciones en la asignación de plazas docentes.
Mucho se habló de construir un acuerdo nacional, pero se abrieron muy pocos espacios para la participación real de la mayoría de los actores sociales. Mientras se reunían en mesas de trabajo autoridades federales con líderes sindicales, las y los docentes fueron “invitados” a comentar resúmenes en Consejos Técnicos Escolares atomizados o en una plataforma digital de dudoso alcance; las audiencias públicas en la Cámara de Diputados se cancelaron por la premura de aprobar las leyes durante el periodo extraordinario —cosa que no pasó—, y la Comisión de Educación dejó pasar seis semanas sin retomarlas, discutir o dictaminar la única iniciativa presentada oficialmente; la voz de sociedad civil, académicos y medios de comunicación quedó descartada con la respuesta de “ah, pero ese no es un documento oficial, no es el último borrador…”. Y en ningún momento se abrió una consulta con niñas, niños y jóvenes, comunidades indígenas o personas con discapacidad.
El “proceso que hubiera sido” ya no lo podemos corregir.
Pero sí cambiar lo que pase de aquí en adelante.
Hagamos un llamado enérgico a las y los legisladores a que fortalezcan estas iniciativas para que cumplan con su función y marquen la ruta hacia una educación inclusiva e intercultural, centrada en el desarrollo integral y progresivo de cada persona.
A que garanticen los derechos profesionales de las y los docentes.
A que construyan un sistema educativo transparente.
A que detengan la tendencia centralizadora y fortalezcan a los actores clave en la garantía del derecho, sobre todo a nivel local; y a que no permitan que se viole la Constitución y con ello, los derechos de millones de niñas, niños y jóvenes en el país, así como los de sus maestras y maestros.
