Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, dados a conocer el 22 de septiembre de 2026, no deben leerse como una anécdota estadística más, sino como el diagnóstico de una mutación estructural que atravesará cada aula, cada plaza docente y cada pensión del sistema educativo mexicano durante las próximas tres décadas. La Tasa Global de Fecundidad cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024: una contracción de casi 37% en apenas cinco años, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2.1. La velocidad del desplome sorprendió incluso al propio INEGI, al grado de que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó estudiar las causas sociales del fenómeno. Ese gesto, aunque necesario, llega tarde: el país ya envejeció.
La geografía del desplome es desigual, pero sin excepciones. La Ciudad de México registra apenas 0.8 hijos por mujer —la tasa más baja del país—, mientras que Chiapas, la entidad más fecunda, alcanza apenas 1.8: ni siquiera las regiones con mayor natalidad llegan ya al nivel de reemplazo. La edad mediana nacional subió de 29 años en 2020 a 32 en 2025, y uno de cada diez mexicanos tiene hoy 65 años o más. Los 130.9 millones de habitantes que reporta el país son, por tanto, un dato engañoso: crece por inercia demográfica y por esperanza de vida, no porque estén naciendo más niños. México es ya una población que envejece sosteniéndose sobre generaciones que ya nacieron, no sobre las que están por llegar.
El aula como primer campo de batalla
El primer terreno donde esta realidad deja de ser estadística y se convierte en política pública concreta es la escuela. Entre los ciclos 2019-2020 y 2024-2025, la matrícula de educación básica cayó 7.5%, con una caída severa de 15.6% en preescolar. El declive no se detiene: entre 2024-2025 y 2025-2026 el sistema perdió 288,849 estudiantes, con la mayor sangría en primaria, que restó 317,862 alumnos. En apenas cinco años cerraron 2,229 centros preescolares privados, mientras el sector público, paradójicamente, aumentó su número de planteles 1.7% —hasta 74,658 escuelas— para atender cada vez menos alumnos. No se trata de una buena noticia mal contada, sino de ineficiencia estructural: más edificios escolares sosteniendo menos niños, con el consecuente encarecimiento del costo por estudiante.
Aquí emerge una pregunta incómoda que todo análisis crítico debe formularse: ¿la caída de la matrícula es solo demográfica, o hay algo más detrás? La evidencia sugiere lo segundo. El ciclo 2026-2027 inició con la tasa de cobertura en educación básica más baja de la última década, algo que no se explica únicamente por menos nacimientos: la cobertura preescolar se desplomó de 70% a 61.5% y la de secundaria de 98.8% a 93.9%. Junto a la contracción demográfica operan el abandono escolar, la deserción por precariedad económica y las fallas de acceso, particularmente en las escuelas multigrado rurales, que atienden a 3.2 millones de alumnos con infraestructura y recursos crecientemente abandonados. Culpar a la demografía resulta cómodo: exime al Estado de revisar su propia incapacidad para retener a los niños que sí existen.
Maestros que se van, relevo que no llega
Si menos niños nacen, la aritmética simple diría que sobrarán maestros. La realidad mexicana es más compleja, porque el desplome de la fecundidad coincide con una decisión política que agrava —no alivia— la presión sobre el sistema: el decreto de jubilación magisterial de junio de 2025. Ante la presión de la CNTE, el gobierno congeló la edad mínima de retiro en 56 años para mujeres y 58 para hombres, con una reducción gradual hasta 53 y 55 años en 2034, revirtiendo el calendario de endurecimiento previsto para 2028. La medida beneficia a 860,607 trabajadores del Estado, de los cuales cerca de 360,000 son docentes.
Como ha documentado México Evalúa, la mayoría de estas jubilaciones anticipadas comenzará a partir de 2030, exactamente cuándo México entre en la fase de reducción de su población joven. El país enfrentará así una doble problemática: la salida masiva y prematura de maestros con experiencia justo cuando habrá menos jóvenes formándose como futuros profesores. La planta docente quedará atrapada entre reemplazos con menor trayectoria y una matrícula decreciente que reducirá la creación de plazas, mientras las escuelas normales egresarán estudiantes para un mercado laboral que se contrae. Nadie está planeando ese encuentro.
La bomba pensionaria que ya estalló
El envejecimiento no es una promesa futura: ya modificó la aritmética fiscal del país. El gasto en pensiones rebasa 6% del PIB y absorbe alrededor de 40% de los ingresos tributarios, según el CIEP. El Banco Interamericano de Desarrollo proyecta que la población de 65 años y más pasará del 10% al 20% del total entre 2030 y 2050, con un costo pensionario que alcanzará su punto máximo hacia 2042, cuando existan 20.9 millones de adultos mayores. A ello se suma una brecha de equidad intolerable: mientras los beneficiarios de regímenes de reparto —como buena parte del magisterio del décimo transitorio— reciben protecciones superiores, millones de trabajadores informales envejecen sin ahorro suficiente para una pensión digna. El decreto de 2025, lejos de resolver esta asimetría, la consolidó: hipotecó recursos que las nuevas generaciones necesitarán para su propia educación y cuidado.
Una posición desde la escuela
Quien suscribe estas líneas —educador y supervisor de zona— sostiene que este panorama debe leerse con honestidad y sin fatalismo complaciente. La caída de la fecundidad no es un problema que la escuela pueda resolver, pero sí un fenómeno que redefinirá su función social durante las próximas dos décadas. Aulas más pequeñas podrían significar, si se gestionan con visión, la oportunidad histórica de personalizar la enseñanza y fortalecer la atención diferenciada que la Nueva Escuela Mexicana pregona. Pero si se administran solo bajo la lógica del recorte presupuestal —que la actual prioridad fiscal hacia pensiones sugiere—, la contracción de la matrícula se convertirá en pretexto para cerrar escuelas rurales y multigrado, debilitar la formación continua docente y fracturar el relevo generacional del magisterio justo cuando más se necesitará la experiencia acumulada.
El verdadero riesgo, en consecuencia, no es tener menos alumnos: es que la reducción de la matrícula se utilice para reducir la inversión educativa por estudiante, en lugar de aprovecharla para elevar su calidad. La disyuntiva distributiva que México Evalúa formula con crudeza —¿cómo reconocer la labor de quienes ya sirvieron sin hipotecar la educación de quienes apenas comienzan su camino? — debería ocupar el centro de todo Programa de Mejora Continua y de toda discusión seria de política educativa. La Nueva Escuela Mexicana, si aspira a ser algo más que retórica, tendrá que discutir no solo pedagogía y planes de estudio, sino arquitectura institucional, sostenibilidad financiera del magisterio y planeación territorial de la oferta educativa ante una demografía que ya no perdona la improvisación.
La demografía es paciente, pero no perdona: cada decisión que hoy se postergue la pagaremos en aulas vacías, maestros sin relevo y presupuestos que ya no alcanzarán. México tiene, quizá por última vez en una generación, la ventana para planificar su envejecimiento educativo. Seguir actuando como si el país siguiera siendo joven ya no es una opción: es una irresponsabilidad.
