Por: Fernando Ruíz*.
Sorpresivamente, en el orden del día del 13 de septiembre publicada en la Gaceta del Senado quedó registrada la propuesta de reforma al artículo 3º Constitucional por parte del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Y no sólo fue sorpresivo por lo intempestivo sino por las formas empleadas y la calidad de la misma.
Como en la etapa del predominio legislativo priista de los años cuarenta, el senador Martí Batres presentó una iniciativa que parece más una ocurrencia o el pago precipitado de facturas electorales que el sustento de un proyecto educativo de largo aliento.
Asombra que los legisladores de Morena después de años de anunciar su oposición a la reforma educativa no tengan una idea clara de su contenido y de los aspectos que deben ser ajustados sin afectar la operación del sistema educativo mexicano. El mismo día circuló en redes sociales una versión de la iniciativa que derogaría la fracción III y IX y reformar la fracción XXV del artículo 73 Constitucional para desaparecer el servicio profesional docente. Posteriormente en la orden del día se anunció que la iniciativa derogaría la fracción que sustenta la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Al final Batres planteó en el pleno la derogación del segundo párrafo de fracción III que sustenta la política de evaluación docente. Sin ofrecer una explicación detallada de cómo fueron afectados los maestros o una visión de lo que el país necesita, la iniciativa plantea la eliminación de tres políticas educativas fundamentales: 1) la selección rigurosa en la contratación y los ascensos, 2) la evaluación de docentes como mecanismo para su profesionalización y 3) la opacidad, discrecionalidad y corrupción en las contrataciones de docentes en las que incurrían funcionarios educativos y dirigentes sindicales.
Cómo se puede presentar una reforma educativa sin conocer los resultados de la Consulta Nacional sobre Educación que emprendió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que podría resultar en que los cambios constitucionales permanezcan. O el senador es clarividente o dichos foros están manipulados, o serán ignorados. También asombra el nivel de superficialidad en la argumentación: 1) que es necesaria una profunda reforma educativa, 2) que la reforma anterior fue laboral y administrativa, 3) que se privilegió el “castigo al docente”, y 4) que hubo mala técnica legislativa al incorporar a la Constitución aspectos que deben ir en una legislación secundaria.
Más que argumentos para sentar las bases de un nuevo proyecto educativo, refleja pretextos para satisfacer a sus clientelas electorales. Al recoger las consignas que la CNTE sostuvo durante seis años sobre la “cancelación de la mal llamada reforma educativa” empobreció el debate a un nivel indigno.
¿Es este el inicio de la Cuarta Transformación?, ¿no es mejor emprender dicha trasformación como la culminación de un amplio consenso social y político y no como parte de iniciativas que parecen buscar más el brillo personal y el pago de facturas electorales?
Publicado en El Heraldo de México.
*Es investigador en Mexicanos Primero.
