Soy egresado de la licenciatura en filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), generación 1995-2000. Durante mi formación, participé activamente en la vida institucional como consejero alumno universitario y formé parte de diversas comisiones del máximo órgano de gobierno: comisión especial del programa legislativo del Consejo Universitario; miembro de la entonces llamada comisión de procesos electorales e integrante de la comisión especial de glosa, para el conocimiento y estudio de la segunda y tercera evaluación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (1997-2001).
Posteriormente, como profesor de asignatura en el plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la escuela preparatoria, participé también en el consejo de gobierno de esa institución. Paralelamente, asumí la coordinación general de grupos de trabajo de la región centro-sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En aquel periodo, la presidencia de este órgano colegiado estaba a cargo del maestro en administración Uriel Galicia Hernández, entonces rector de la UAEMéx. Cabe destacar que el maestro Galicia, quien previamente se desempeñó como secretario de administración de la universidad, compitió por la rectoría con el doctor Edgar Samuel Morales Sales, distinguido académico y exdirector de la Facultad de Humanidades, lamentablemente fallecido en diciembre de 2024.
Con el doctor Rafael López Castañares como rector (2001–2005), comenzaron las designaciones en el cargo de rectoría con candidaturas únicas. Este hecho marcó un antes y un después en la vida institucional de la universidad, pues institucionalizó la simulación de un proceso democrático que, en realidad, ya no ofrecía alternativas reales ni fomentaba el debate de proyectos académicos distintos. A partir de entonces, la rectoría dejó de ser un espacio de representación plural para convertirse en el vértice de una estructura cerrada, donde el relevo del poder se organizaba verticalmente, de forma anticipada y cupular.
El propio Rafael López Castañares, quien en 1996 se desempeñó como director de la Facultad de Química de la UAEMéx, comenzó a construir su candidatura a la rectoría desde su cargo como coordinador general de investigación y estudios avanzados (1997–2001). Durante ese periodo, sostuvo reuniones estratégicas con consejeros alumnos y docentes, directores y exdirectores de facultades, así como con funcionarios universitarios y miembros de la administración estatal. De esta manera logró consolidar su camino hacia la rectoría.
La intromisión del gobierno estatal en los asuntos de la universidad resultó más evidente. Como señala sarcásticamente un maestro y amigo mío, el método de elección se volvió digital. Y no se refiere con ello a un avance tecnológico, sino a la vieja práctica autoritaria de designar sucesores sin consulta real, bajo el disfraz de un proceso institucional: el dedazo. Esta expresión resume con crudeza cómo la democracia universitaria fue sustituida por el acuerdo entre cúpulas, donde el “consenso” se alcanza antes de que la comunidad siquiera tenga noticias del proceso. El “dedazo” cancela la deliberación y convierte los procedimientos de auscultación en un simple trámite.
Las implicaciones del “dedazo” y de la práctica de las candidaturas únicas son profundas: debilitamiento de la vida colegiada, pérdida de confianza de la comunidad en los procesos institucionales, cooptación de espacios críticos y una creciente apatía y miedo a la participación.
Conocí de cerca el funcionamiento de nuestra universidad, sus valores, pero también sus inercias. Y por ello, no puedo guardar silencio ante la crisis que hoy atraviesa.
Hace más de dos décadas escribí un breve ensayo titulado La universidad imperial, que generó incomodidad en la administración universitaria de aquel entonces. En él, criticaba el modelo centralista heredado de la universidad napoleónica, donde todo el poder se concentraba en la figura del rector: desde el rumbo académico hasta los nombramientos más mínimos. En esa visión, la universidad no era una comunidad plural ni crítica, sino una extensión del poder del Estado. Aquella publicación, junto con mi oposición pública a la modificación de la legislación universitaria que permitiría la reelección de López Castañares como rector, generó diversas presiones que finalmente derivaron en mi salida de la UAEMéx en 2003. Sin embargo, el tiempo me ha dado la razón.
El modelo de gobierno universitario sigue reproduciendo esa lógica vertical, donde el rector conserva facultades prácticamente ilimitadas. Hoy, en pleno 2025, el poder rectoral continúa siendo vasto y discrecional. Por ello, muchas voces hemos insistido desde hace años en la necesidad de revisar los mecanismos de elección, y de avanzar hacia un modelo verdaderamente democrático, basado en el voto universal, libre, directo y secreto.
Lo que hemos vivido en las últimas semanas en la UAEMéx, con paros escalonados, tomas de planteles y protestas estudiantiles, es la expresión de un reclamo legítimo: queremos una universidad que represente a su comunidad y no a un proyecto personal o faccional. Es comprensible la indignación que ha movilizado a una parte importante del estudiantado, pero también es necesario señalar que las acciones de protesta deben cuidar a la propia universidad. Las pintas, los daños a instalaciones y el maltrato al patrimonio común no abonan a la legitimidad del movimiento, sino que pueden ser usados como excusa para desacreditarlo. Defender la universidad no debe significar destruirla.
Y lo sé bien, porque en su momento salí a las calles junto con mis compañeros de Historia, Letras Latinoamericanas, Ciencias de la Información Documental, Filosofía, Arte Dramático y Antropología. No sólo marchamos para conmemorar acontecimientos como el 2 de octubre de 1968, sino también para defender la universidad pública y exigir más recursos para nuestra alma máter. Hicimos colectas, pintamos mantas, aprendimos consignas y las gritamos con fuerza. Recorrimos Ciudad Universitaria invitando a estudiantes y docentes a sumarse. Siempre procuramos que nuestras marchas fueran pacíficas. Aprendimos a identificar a los porros que se infiltraban en los contingentes y a mantener la calma cuando los grupos de choque intentaban sabotear nuestras manifestaciones.
En este sentido, expreso mi preocupación por la posibilidad de que las y los universitarios que han encabezado este movimiento enfrenten represalias, administrativas o legales. La historia de nuestra universidad —y de muchas otras— está llena de ejemplos de estudiantes y docentes sancionados por ejercer su derecho a disentir. Por ello, es indispensable pronunciarse con claridad: la protesta no debe criminalizarse. Disentir no es un delito. Participar activamente en la vida pública de la universidad no debe ser causa de persecución. Si la UAEMéx quiere construirse como un espacio verdaderamente democrático, debe garantizar que toda voz crítica tenga lugar, sin miedo a la represión.
La crisis actual no tiene precedentes. Comenzó con negar el registro a los tres aspirantes varones y la exclusión de una aspirante al cargo de rectora, a quien sólo se le reconoció el derecho a participar tras ganar un juicio de amparo. Esto dejó claro la desigualdad del proceso, pero también demostró que la legalidad puede —y debe— prevalecer.
Ahora bien, el hecho de que cinco de las candidatas a la rectoría de la UAEMéx hayan decidido unirse para denunciar una serie de irregularidades en torno a la aspirante considerada como “oficial” tiene enormes implicaciones, pues revela una fractura en el pacto de silencio que tradicionalmente ha rodeado los procesos sucesorios universitarios y expone públicamente las prácticas de simulación, favoritismo y uso patrimonialista de la institución.
Esta alianza representa un acto de resistencia frente a una estructura hegemónica que por años ha operado sin contrapesos reales. La denuncia colectiva pone sobre la mesa cuestionamientos de fondo: la captura de lo público por intereses particulares y la ausencia de condiciones equitativas para la contienda. En términos políticos, este hecho abre una grieta en el discurso de legalidad y transparencia institucional, y visibiliza que incluso en entornos históricamente controlados, el disenso puede articularse y adquirir fuerza frente a la imposición.
Ahora bien, la filtración de un audio en el que supuestamente el rector en funciones expresa su respaldo explícito a una aspirante y lanza una amenaza velada al resto, evidencia la traición de una persona cercana al rector, que grabó y compartió este audio que se hizo viral. La deslealtad de la acción hace patente lo que un exfuncionario universitario me llegó a decir en otro momento: “en política, los amigos son de mentira, pero los enemigos de verdad”.
La denuncia de favoritismo hacia una de las candidatas y su reciente declinación a participar en el proceso, en medio de la presión social, muestran la fuerza del movimiento universitario y la voluntad de muchas y muchos por corregir el rumbo.
Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la que tenga la última palabra respecto a la grabación. Pero el efecto generado en la comunidad universitaria ha sido impresionante. Los universitarios tomaron el audio por auténtico y tuvieron la impresión de que el hecho representaba no sólo una falta de ética institucional, sino el reflejo de una lógica de poder profundamente arraigada. Como suele pasar, este tipo de declaraciones, reales o no, socavan la legitimidad del proceso y fracturan la confianza de la comunidad.
Frente a este escenario, emergió la demanda de las y los directores de 34 planteles por cancelar el proceso y reponerlo integralmente.
Parecen sugerir, con ello, que no hay condiciones para elegir a la primera rectora en la historia de la UAEMéx, bajo un proceso marcado por la opacidad, la imposición y la desconfianza.
Coincido en que es necesario velar porque quienes aspiren a dirigir la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense cumplan con los requisitos legales, y cuidar también que haya equidad en el proceso electoral y no se vulneren los derechos humanos de ningún aspirante. Sin embargo, anular el proceso de elección no sería conveniente. Equivaldría, como se dice popularmente, a “tirar al niño con el agua sucia”. El daño a la institución y el precedente de tirar el proceso sería fracturar las bases fundamentales de la legalidad y la estabilidad. Lo que se requiere no es reiniciar desde cero, sino reencauzar el proceso con reglas claras, máxima transparencia y una vigilancia efectiva por parte de la comunidad, para garantizar la legitimidad de quien resulte electa y avanzar hacia una gobernanza universitaria verdaderamente democrática y representativa.
Adicionalmente, mientras redactaba este texto, estudiantes del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria se unieron a las movilizaciones. Esta constituyó la primera manifestación de las instituciones de bachillerato universitario. De igual forma, la UAEMéx emitió un comunicado en el que la máxima autoridad universitaria resolvió posponer la etapa de auscultación cuantitativa del proceso de elección de la Rectoría. En el mismo aviso, se anunció la designación provisional de una persona encargada del despacho de la Rectoría y la creación de una Comisión Especial para el Diálogo, integrada por estudiantes, docentes, directivos y miembros del gabinete universitario. Dicha Comisión tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a los pliegos petitorios y al desarrollo de mesas de trabajo en cada espacio universitario.
Desde mi perspectiva, lo primero representa el reconocimiento institucional de los señalamientos hechos al rector. Esta medida, aunque necesaria frente al clima de inconformidad y movilización, pone en entredicho la imparcialidad del proceso y la actuación de las autoridades involucradas, lo que puede tener consecuencias en la gobernabilidad institucional a corto y mediano plazos.
Asimismo, la salida (que no renuncia) del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz en medio de este escenario, a un día del término de su gestión, así como la designación provisional de una persona encargada del despacho, confirma que la universidad se encuentra en un momento de transición muy delicado, donde lo que se busca es evitar un vacío de poder.
Finalmente, considero que la creación de la Comisión Especial para el Diálogo es una respuesta política orientada a contener el conflicto y mostrar apertura; sin embargo, su eficacia dependerá de su legitimidad, de la transparencia de su actuación y de la voluntad real de atender las demandas de estudiantes y docentes. No obstante, lo peor que puede pasar es que esta instancia se convierta en una estrategia dilatoria que, lejos de apaciguar los ánimos, profundice la desconfianza social hacia las autoridades universitarias.
Estoy convencido de que, hoy más que nunca, la Universidad Autónoma del Estado de México debe reconstruirse. Pero no desde los discursos vacíos o los pactos de élite, sino desde el diálogo abierto, el reconocimiento de los errores y la transformación real de sus estructuras. Es momento de imaginar una universidad distinta: autónoma, incluyente, crítica y verdaderamente democrática. Esa universidad es posible, pero únicamente si tenemos el valor de reconstruirla desde sus cimientos.
