Durante los últimos 20 años se ha debatido ampliamente en medios académicos, en instituciones que prestan servicios educativos y en ámbitos de la comunicación social, sobre el papel que juegan las escuelas (públicas y privadas) en el cumplimiento pleno del derecho a la educación. Me refiero a las escuelas como redes de entidades o instituciones que garantizan, o no, ese derecho fundamental.
La ciudadanía en general, especialistas, docentes en servicio, directivos escolares, legisladores y políticos, empresarios, comerciantes, comentócratas y tomadores de decisiones en materia de políticas públicas, se preguntan: ¿Realmente la escuela enseña a las niñas, los niños y los jóvenes lo necesario para ser ciudadanos con los valores o actitudes, habilidades y conocimientos que demanda la vida social hoy en día? ¿Se ejercen sus derechos fundamentales en ese ámbito durante su paso por la escuela? ¿Las y los estudiantes de la educación básica y media superior aprenden lo pertinente, lo necesario, lo más actual y cuentan con las oportunidades que la sociedad y el Estado ofrecen para esos fines?
Dinámica del cambio educativo
¿Conviene debatir, hoy, qué es lo que se enseña y qué es lo que “se debe” aprender, desde dónde y con qué fundamentos, en la escuela? Considero que sí. Éste es un debate actual y vigente. Pero más allá de los procesos de enseñanza y los aprendizajes vinculados, el derecho a la educación también implica el impulso deliberado del desarrollo integral y completo de los seres humanos sujetos de dicha reciprocidad legal (derechos y obligaciones); y a lo largo de toda la vida.
Precisamente, dentro de ese debate, uno de los ingredientes a analizar, es la cuestión del diseño institucional y de la operación del sistema educativo en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal), modalidades y planos de organización, concepción, coordinación y ejecución.
Para empezar, es necesario analizar cuáles son los problemas que la nación enfrenta para alcanzar esos fines educativos establecidos en los marcos legales y reivindicados por las políticas públicas, que han sido elevados a rango constitucional y que se han insertado en los textos de las leyes secundarias, en términos de enseñanza, aprendizajes y del desarrollo integral de las personas. Justo ese es el problema. Los políticos, de ayer y de hoy, han creído, equivocadamente, que las reformas educativas (cuya esencia se encuentra en la búsqueda del cambio en torno a “lo que hace la escuela a la gente”) se inician en las modificaciones legales. Pienso que no siempre es así. Es más y si nos ponemos menos moderados, sucede todo lo contrario: La experiencia de otras naciones indica que la modificación del marco legal no es factor indispensable para generar y poner en movimiento el espíritu reformista (ver el caso específico de Canadá). La razón es muy sencilla y compleja a la vez: la sociedad es resistente a los cambios; sobre todo si éstos vienen en dirección vertical, es decir, “desde arriba”: cuando las iniciativas reformistas surgen de las cúpulas políticas, legislativas o de la combinación de éstas con grupos empresariales poderosos, con sectores que ejercen poderes fácticos (como las iglesias); con cúpulas sindicales mediante alianzas, abiertas o veladas; y con especialistas o expertos en educación. Esa fórmula implica, por definición, que las iniciativas cupulares habrían de dejar de tomar en cuenta a dos de los actores principales del cambio educativo: a los docentes y directivos escolares.
Me parece, tal como lo he afirmado en otros textos, que la legislación educativa federal en México (durante los últimos cuatro sexenios, incluso el actual), no ha sido innovadora en el sentido de hacer a un lado las inercias de las políticas públicas centralistas en la materia. El marco legal recientemente aprobado (reformas al texto Constitucional y leyes secundarias o reglamentarias, durante el 2019), insiste en que los grandes problemas educativos se resuelven a golpes de autoritarismo centralista, y sobre todo si éste se da desde el eje nacional burocrático (gobierno federal, y específicamente a través de la Secretaría de Educación Pública, SEP). Basta con ver (Ley General de Educación vigente) en qué dependencia recae la responsabilidad de la formación inicial y continua de los docentes y directivos escolares; o la responsabilidad de modificar los planes y programas de estudios de la educación básica y media superior.
¿Cuáles serían las vías alternativas al diseño institucional centralista y autoritario? El cambio educativo que se requiere es más viable si se plantea como lo sugiere Santiago Rincón-Gallardo en su libro más reciente (1). Como buen discípulo de Michael Fullan, Rincón-Gallardo propone un cambio “desde abajo” y en “forma horizontal”. Agregaría que ese ascenso se da en forma de espiral. No “desde arriba” ni en forma vertical, tal como se ha hecho erróneamente durante los últimos tiempos en México. (En otra oportunidad comentaré, en extenso, algunos elementos finos del texto de Rincón-Gallardo)
Participación social: diseño contradictorio
Con respecto a la participación social, coincido con el planteamiento crítico que hace Pedro Flores Crespo, justamente en un texto reciente en que reseña y comenta el libro de Rincón-Gallardo: “Otro rasgo ominoso de la 4T fue haber dejado intacto, en las “nuevas” leyes, el ordenamiento que establece que las asociaciones de madres y padres de familia se “abstendrán de intervenir” en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos escolares (Articulo 130), cuando por otro lado, se establece que “se fomentará la participación y colaboración” de los padres de familia en la “formulación de las estrategias de aprendizaje” (Artículo 77). ¿A qué le tiene miedo la SEP al avalar esta contradicción de la Ley? ¿O es simplemente un guiño corporativista para que las burocracias sindicales en México sigan operando en la sombra y sin la vigilancia social que las reoriente?” (2)
Al respecto, cabe mencionar que, en parte, la responsabilidad de la redacción de las leyes no solamente recae en las autoridades educativas (en este caso del Gobierno Federal, esto es, la SEP), sino también es un asunto que corresponde, en su origen, a las contiendas políticas que se llevan a cabo en los espacios legislativos y parlamentarios.
En síntesis, el diseño institucional (que incluye la incorporación de una idea o una concepción del papel que juega el marco legal al respecto), como parte de las iniciativas de reformas educativas, ha dejado mucho qué desear en nuestro país, (por eso se habla, incluso, de la “crisis de las reformas educativas contemporáneas”). En lugar de promover el cambio desde las unidades escolares (desde “abajo”), a través de un programa articulador y sistemático del cambio educativo innovador, nuestras burocracias y demás aliados cupulares se han dedicado a promover los cambios desde “arriba”, en forma vertical y con la absurda e infundada creencia de que los responsables del “fracaso educativo” son los docentes y directivos escolares (reforma educativa del periodo 2012-2018, por ejemplo). Y con balbuceos o contradicciones evidentes en lo que corresponde a la definición del papel que juegan las comunidades escolares en los procesos educativos.
P.D.: Ante el vacío de protocolos de atención o de prevención para evitar tragedias, producto de la violencia social en las escuelas (como lamentablemente sucedió hace unos días en Torreón y hace algunos años en Monterrey), las autoridades educativas (federales y estatales) afirman que los programas de “mochila segura” deben quedar en manos de los padres y las madres de familia. Nuevamente entra en acción la noción burocrática simplificadora de los problemas sociales: “es culpa de los video juegos violentos” o que en los hogares “no se vigila a los niños”. Y, una vez más, se incurre en una interpretación sesgada del problema o conflicto social a resolver, a través de una visión “cortoplacista” o “cortoespacial”: “el problema está dentro de la escuela”. Desde mi perspectiva, ambas son concepciones falsas, ajenas, del conflicto social complejo que es, puesto que se trata de conflictos originados por una sociedad que legitima la violencia en todas sus formas, y cuya noción está en el fondo de dichos episodios trágicos y tristes, lamentables, para todas las comunidades que los protagonizan y para la sociedad toda.
Fuentes consultadas:
(1) Santiago Rincón-Gallardo (2019). “Liberar el aprendizaje: el cambio educativo como movimiento social”. (Nueva York: Routledge).
(2) Pedro Flores Crespo “Insurgencia creativa”.
https://faroeducativo.ibero.mx/2020/01/06/apunte-de-politica-no-2-insurgencia-creativa/ Reproducido por “Educación Futura”, 7 de enero, 2020.
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Publicado en SDPnoticias
