De acuerdo con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas, la mayor amenaza para la buena gobernanza viene de la corrupción, la violencia y la pobreza, todo lo cual debilita la transparencia, la seguridad, la participación y las libertades fundamentales.
En este sentido, una de las banderas que llevaron a obtener el triunfo del actual presidente de la República, fue la promesa de hacer un frente directo y puntual hacia los actos de corrupción que se llevan a cabo en nuestro país, como él ha dicho en innumerables ocasiones, barriendo como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, y a pesar de que 19 meses que lleva la actual administración puede resultar un tiempo corto para evaluar dichas acciones, siempre es importante no dejar de mostrar lo que existe en cuanto a ello que nos permita apreciar la percepción de la comunidad en el tema.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI), presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) correspondiente al año 2019, cuyo propósito, es dar a conocer a la sociedad en general, la información obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y más otorga a los trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades, de acuerdo con su experiencia y así, aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones de política pública en materia de calidad de los tres niveles de gobierno.
En este instrumento, entre otras, se busca generar estimaciones sobre la prevalencia de actos de corrupción, la percepción sobre el grado de confianza en las instituciones, así como generar estimaciones sobre el grado de interacción de la población con las autoridades gubernamentales a través de medios electrónicos, la cual se aplicó del 4 de noviembre al 20 de diciembre de 2019 en todas las entidades federativas en una muestra nacional de 46,000 viviendas
Como parte de los sectores en los que la población y su porcentaje perciben en mayor medida la corrupción, son, en ese orden: la policía, los partidos políticos, el Ministerio Público, la Cámara de Diputados y Senadores, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales.
En el otro extremo, los sectores que son percibidos con un menor grado de corrupción, son los Organismos Autónomos, el ejército y la Marina, las Escuelas Públicas de nivel básico, la Guardia Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales.
No cabe duda de que a pesar de que la Educación Pública, a pesar de ser el de mayor alcance y contacto con la población, con sus más de 25 millones de estudiantes, más de 1’200,000 de docentes, que se distribuyen en 232,876 escuelas en todo el territorio nacional, el estar dentro de los servicios públicos con menor grado de corrupción, es un gran indicador del trabajo que día a día se realiza por parte del magisterio nacional.
