Inclusión.

El cambio en materia educativa de la Constitución marca, en un transitorio, la responsabilidad del Ejecutivo federal de presentar una estrategia nacional para la inclusión. La tarea ya se aborda desde distintos ángulos: un trabajo muy intenso al interior de la propia SEP, con una consulta ampliada a organizaciones, especialmente las de personas con discapacidad; el trabajo del colectivo #NiñezYJuventud, un bloque de 400 organizaciones de todo el país que trabajan con enfoque de derechos; las aportaciones que se van perfilando desde el SIPINNA, el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En los tres grupos aflora que el núcleo del problema en México es sobre todo un desajuste, una traba en la cultura. Es una gran barrera de mentalidad, de comprensión, de discernimiento. No es casual que los más marginados del Sistema Educativo Nacional sean quienes acumulan, apilan, las etiquetaciones que se traducen en rasgos de discriminación y exclusión histórica: condición indígena, pobreza, discapacidad, género.

El tema entonces es superar la discriminación estructural, que permea en cada nivel educativo, en todas las regiones, que todo empapa, que satura el aire de nuestras escuelas y nuestras familias. Por ejemplo, el infundio de que hay algo así como “retrasarse” en educación. “No, no pongan esos niños en el grupo de mi hijo, porque se atrasan”. Sólo una comprensión muy burda –pero ahí podemos estar el grueso de la sociedad en este país- confunde que los grados o los ciclos escolares son idénticos a los hitos de desarrollo de cada niña y niño, que el aprendizaje sólo ocurre en las pautas de las horas programáticas, o que “acabar el libro” tiene un valor pedagógico en sí mismo.

Ese tiempo fatal, que cae como guillotina –como cuando termina un noticiero de radio sin que se hayan escuchado las palabras finales de la conductora, es uno de los más nocivos conceptos que atenta en contra del verdadero aprendizaje, hecho de descubrimientos súbitos y explosivos, o de conversaciones morosas, o de momentos de oro. Esos sí son tiempos reales; hay que ponerse límite para los proyectos, pero que las personas se sometan a esa disciplina insensata y antipedagógica se usa después por autoridades y masas prejuiciosas para consolidar la exclusión educativa.

Una persona no es sus limitaciones, ni siquiera la suma de sus rasgos. Mi hija no es la tomografía de su cráneo. Tu hijo no es sus aptitudes sobresalientes. Citlali no es primero “indígena” y luego niña; su identidad de ser sí misma no está peleada sino entretejida con su ser mazahua, pero no es una rareza, limitación o reto. Si el derecho a la educación es el derecho a desarrollar todas las potencialidades y facultades de forma armónica, de cada una y cada uno, la inclusión es un criterio de la educación nacional, y no se limita a un servicio, modalidad o subsistema.

En el planteamiento de #NiñezYJuventud, “la Estrategia Nacional debe significar para las familias, las escuelas, las y los maestros y sobre todo para las NNAJ mismas no una cancelación o reducción de las acciones de atención a cargo de especialistas, ni una homogeneización que desconozca y violente la diversidad. Por el contrario, una verdadera estrategia nacional avanzará gradualmente para que los ajustes razonables y las soluciones específicas cuenten con una vigorosa red de apoyo con especialistas en toda la gama de barreras, no restrictivamente ligadas a condiciones de discapacidad o de salud, sino para aspectos de género, situación ante la ley, dinámica familiar, identidad étnica, condición migrante u otras. Lo “especial” puede estar legítimamente sólo en la disponibilidad y profundización permanente de conocimiento experto y de la práctica profesional que sean necesarios y adecuados para hacer realidad procesos incluyentes, pero de ninguna manera restringido a unas cuantas figuras docentes, y menos aún a “modalidades o “subsistemas”, sino de todos los participantes en el proceso educativo, según sus responsabilidades propias”.

La estrategia nacional tiene que traducirse, a mi juicio, en algo en cierto modo paralelo a la “perspectiva de género”. Con la comprensible torpeza y gradualidad, y sobrellevando el prejuicio y desenmascarándolo en las ideas, las actitudes y las prácticas, ya se va estabilizando al referencia de que la igualdad sustantiva de hombres y mujeres no es borrar su diversidad, sino reconocerla, defenderla, profundizarla y celebrarla. No es simplemente incorporar o integrar a las mujeres, sino reconocer su presencia, aporte y sobre todo –y para empezar- el ejercicio cabal y no obstaculizado ni condicionado de sus derechos fundamentales. Se trata entonces de tener “perspectiva de inclusión”: que todas y todos estén, aprendan y participen.

 

 
 

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