Por Jennifer L. O’Donoghue*
En el último mes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha presentado una serie de planes, programas y estrategias que buscan mejorar, fortalecer y transformar la educación básica, media superior y normal en el país. Cada presentación ha arrojado sus correspondientes análisis, críticas y elogios. Nosotros mismos estuvimos en cada presentación y reunión entre funcionarios y sociedad civil, y hemos también comentado los aciertos y desafíos para estas piezas de política pública.
Pero ya que analizamos los árboles, ¿qué tal se ve el bosque? Lo presentado por la SEP forma parte de lo que se ha nombrado el “nuevo modelo educativo”, pero que concebimos nosotros como un proyecto educativo social. Un “proyecto” se refiere a algo dinámico, propositivo y aspiracional. Un proyecto educativo que además sea social expresaría nuestros propósitos compartidos y debería reflejar la respuesta colectiva a un conjunto de preguntas sobre cómo construir la educación que necesitamos para llegar a ser la sociedad que queremos.
Los planes y estrategias presentados a lo largo de estas semanas representan un planteamiento de qué es importante para nosotros como sociedad: la equidad, la inclusión, la interculturalidad, el plurilingüismo, la investigación, la diversidad, la autonomía, el interés y la participación de las niñas, niños y jóvenes. ¿Qué queremos – o por lo menos qué afirmamos querer? Que todas y todos tengan oportunidades para aprender y desarrollarse integralmente para superar su contexto y poder ser partícipes del mundo a su alrededor.
Sin embargo, no podemos perder de vista los cómo. El currículum representa sólo una parte de nuestro proyecto educativo. También son fundamentales otros componentes:
*El aprendizaje profesional docente: Si no fortalecemos las capacidades de los principales agentes designados a promover el aprendizaje en las escuelas, no tendremos la educación que queremos. Preocupa que la estrategia menos desarrollada es aquella para el “fortalecimiento y transformación” de la formación inicial, y que aún no exista la de formación continua.
Hasta ahora, tenemos pocos detalles sobre cómo vamos a promover, por ejemplo, el desarrollo de docentes o directores incluyentes, con las disposiciones, habilidades y prácticas necesarias para atender la diversidad en sus aulas y escuelas.
*La participación social: Otro aspecto por aclarar es cómo se van a involucrar los aprendices mismos, sus familias, la comunidad y la sociedad. Las niñas, niños y jóvenes tienen por ley el derecho a participar en su propio proceso educativo, pero poco se ha mencionado cómo se va a garantizar esto en la práctica. No se especifica, por ejemplo, cuál será el papel de los estudiantes en la autonomía
curricular.
Tampoco se han desarrollado mecanismos consistentes y efectivos para la participación de la sociedad civil en la política educativa. Hay mucho por hacer para aterrizar la participación social y fortalecerla como factor impulsor en el proyecto educativo.
*La evaluación: Es necesario contar con instrumentos y procesos adecuados para monitorear la implementación de los planes y estrategias y hacer los ajustes necesarios para que progresemos como queremos.
Vemos algunos avances – un instrumento para evaluar el aprendizaje del inglés, por ejemplo -, pero todavía hay grandes pendientes: cumplir con la evaluación incluyente de los aprendizajes de los estudiantes, desarrollar evaluaciones de la oferta de formación docente inicial y continua, articular los perfiles e instrumentos utilizados como parte del Servicio Profesional Docente con el nuevo modelo educativo, y publicar las evaluaciones de los programas educativos (como Escuelas de Tiempo Completo o al CIEN), antes de escalarlos a todo el país.
* El gasto: Sin una inversión de recursos suficientes y en forma eficaz, difícilmente llegaremos a nuestros objetivos. Ejercicios como el censo educativo o la auditoría a la nómina docente ayudan a identificar y acabar con viejas prácticas que desviaban los recursos educativos. Hay que seguir en ese camino. Al mismo tiempo, falta transparentar – todavía no sabemos cuánto va a costar implementar el modelo o cómo se gastan los recursos destinados para la educación en los estados – y asegurar la equidad en el uso de los recursos.
El nuevo modelo educativo – y sus múltiples estrategias y planes – sólo tendrán sentido en la medida en que cambian prácticas – en el aula, en la escuela y en el sistema, de l@s maestr@s, pero también de l@s funcionari@s y de nosotr@s mism@s. Y eso sólo pasará cuando ya no es “un programa de gobierno”, sino nuestro proyecto educativo social.
*Directora de Investigación de Mexicanos Primero
