Hoy hace un año que el Diario Oficial de la Federación publicó las enmiendas al artículo tercero, que incitaron la promulgación de las leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como reformas en la Ley General de Educación. El conjunto de ordenamientos perfila un modelo de reforma institucional, que acarrea cambios en las reglas del juego en la política educativa. Hoy también se cumple un año que la Procuraduría General de la República aprehendió a Elba Esther Gordillo. Este hecho acapara la atención pública de la efemérides. Los cambios en la constitución parecen ser un asunto de segunda mano.
En un año muchas cosas han cambiado. Contra lo que muchos pensaban, la camarilla dominante en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no se desbandó con la captura de la señora Gordillo, sigue vigente y mantiene el control de los fondos sindicales, así como de los hilos que son la fuente de su poder.
Algunos colegas subestimaron a Juan Díaz de la Torre, no le veían estatura de cacique, siempre había sido el segundo de a bordo. Pero, a pesar de comportarse “modosito” pronto aprendió a sentarse en asiento del chofer. Cierto, es parco, no incordia con su discurso ya que pende sobre su cabeza —y en la de otros líderes— una averiguación previa, que los obliga a “conducirse como es debido”. Pero esa docilidad aparente le reditúa frutos. Puede negociar con discreción que la “armonización de las leyes en los estados” (que deberán estar listas para el 12 de marzo) no lastimen los intereses de las camarillas del SNTE.
No que las leyes que se publicaron en septiembre del año pasado sean perfectas, pero contienen elementos que, bien aplicados, le permitirían al gobierno retomar la rectoría de la educación, que es el propósito declarado. Pero en este país, las leyes se negocian. Dependen de los intereses en juego. La señora Gordillo está en la cárcel, pero sus cómplices y subordinados no; éstos se repartieron el poder que ella ejercía. Ya negociaron que aceptarían las leyes a cambio de impunidad. Pero luego se retractan y aprovechan que a los gobernadores no los toma en cuenta el gobierno federal para que suavicen los filos de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Y si las camarillas “institucionales” del SNTE negocian la ley, sus opositores de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación no se quedan atrás. El 21 de enero, La Jornada anunció que se cocina un acuerdo de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y los grupos disidentes para reinstalación de maestros cesados. Según la nota, ya convinieron disponer mesas resolutivas en los estados para garantizar el cumplimiento de este pacto.
A pesar de que dirigentes de la CNTE habían respondido al secretario de Educación Pública de que ninguno de los 500 maestros cesados eran afilados de sus organizaciones, hoy se desmienten. Sí hubo despidos. Pero de qué sirve tener buenas leyes (o leyes a secas) si al final todo se puede mercadear, hasta quedarse con los frutos de las transas que se hicieron a la sombra del poder. Vamos, la familia de la señora Gordillo disfruta de los bienes que según todas las pruebas que la PGR dio a conocer, son producto de acciones ilegales.
Me pregunto si vale la pena festejar el primer aniversario de las reformas a la constitución en materia de política educativa. Nunca me hice ilusiones de que se avecinaban cambios mayores, pero esperaba que algo se haría para restar privilegios a los chapuceros. Decía Paulo Freire que a los educadores no nos está permitido perder la esperanza, pero hay ocasiones en que la realidad es abrumadora. Aún con la señora Gordillo en prisión, el corporativismo magisterial sigue vivo y coleando. ¡Qué mal para México!
Retazos
Otro motivo de preocupación. Excélsior publicó el 20 de enero que el INEE advirtió que rechazará historiales negativos de quienes aspiren a ser aplicadores de los procesos de evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente. El historial negativo incluye antecedentes de mal desempeño, impuntualidad, inasistencia el día del examen, reportes de comportamiento indebido, negligencia, manejo inadecuado del material o extravío de exámenes. ¡Mala señal!
