Fue contundente el INEE al concluir que la suspensión de las evaluaciones docentes ordenada (obviamente) desde Los Pinos, vía Secretaría de Educación Pública (SEP), invade atribuciones del organismo, además de señalar violación fragante artículo tercero constitucional.
La “joya” de la reforma educativa; la evaluación de los maestros, fue sacrificada temporalmente por el Gobierno Federal, para menguar –aunque sea tantito-, las advertencias del magisterio disidente de boicotear las “sagradas elecciones”, principalmente en Estados complejos como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.
La decisión por encima del autónomo INEE, demuestra que en México no están dadas las condiciones para la subsistencia de instituciones autónomas, que garanticen imparcialidad, objetividad, pero sobre todo; credibilidad.
Tanto así que tras el posicionamiento del INEE, el silencio del Gobierno Federal ha sido sepulcral.
En una especie de “ni te veo, ni te escucho”, a la Presidencia de la República no le ha merecido una respuesta al máximo órgano en materia de evaluación educativa del País. ¡Eso es grave!
El caso es que de mantenerse la decisión de suspender las evaluaciones docentes de manera indefinida, el INEE habría recibido un duro golpe.
Y no es que las evaluaciones docentes sean la fórmula mágica que saquen del atolladero a la educación del País como falsamente se sostiene en el corazón de la reforma educativa; claro que no.
Se trata de certezas concretas, de una hoja de ruta clara y definida que hasta el momento; simplemente no existe, y mucho menos, cuando es el propio Gobierno Federal -el encargado de hacer valer la ley-, el que atenta contra el organismo rector de la evaluación.