En un nuevo acercamiento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Gobierno de México presentó una propuesta para fortalecer al PENSIONISSSTE y crear una Aseguradora Pública especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia orientada a recuperar gradualmente los principios públicos y solidarios del sistema pensionario.
Durante la reunión realizada este jueves, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que la iniciativa busca beneficiar a los trabajadores que actualmente cotizan bajo el esquema de cuentas individuales, instaurado tras la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.
Acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, Batres sostuvo que dicha reforma sustituyó el modelo público e intergeneracional de pensiones por un sistema administrado, en su mayoría, por Afores privadas, lo que ha generado diversas afectaciones para los trabajadores del Estado.
En ese contexto, destacó que PENSIONISSSTE, al ser la única Afore completamente pública del país, puede convertirse en una alternativa para mejorar las condiciones de retiro de quienes forman parte del régimen de cuentas individuales.
Como parte del planteamiento, el Gobierno federal también propuso analizar la creación de una Aseguradora Pública encargada exclusivamente de administrar y entregar las pensiones mensuales a los jubilados, en coordinación con PENSIONISSSTE, una medida que las autoridades calificaron como el eje central de la propuesta, debido a que actualmente no existe una institución pública con esa función.
En el encuentro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), mediante un proceso de consulta que considere la opinión del magisterio “escuela por escuela”.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, refrendó el respeto del Gobierno de México al derecho a la libre manifestación pacífica, aunque hizo un llamado a evitar acciones que afecten a la población, particularmente a las niñas y niños que están por concluir el ciclo escolar.
Asimismo, condenó los actos de violencia y vandalismo, “vengan de donde vengan”, y expresó su desacuerdo con los bloqueos que afectan la movilidad en la Ciudad de México y las actividades comerciales en el Centro Histórico.
Finalmente, aseguró que la administración federal mantiene una política de respeto a los derechos humanos y reiteró que “este gobierno no reprime ni amenaza”, apostando por el diálogo como vía para construir acuerdos con el magisterio disidente.