El día de ayer participé en la tercera CONAGO educativa desde que fui nombrado Secretario de Educación Pública hace 23 meses y, con esta sesión, sumamos 23 reuniones de trabajo con los gobernadores. Con ello, han demostrado su compromiso por trabajar de manera coordinada a favor de la educación. En esta ocasión, dimos a conocer los resultados de una profunda auditoría a la nómina magisterial, en la que identificamos 44,076 plazas en situación irregular, con un valor monetario de 5,034 millones de pesos, suficientes para dotar a casi 4 mil escuelas con una plantilla completa de maestros.
Este ejercicio es el resultado de un largo proceso que inició hace cuatro años con la Reforma Educativa. El rezago histórico era de tal magnitud que el Estado mexicano no sabía cuántas escuelas existían, ni cuántos maestros empleaba. Por eso, en 2013 el INEGI realizó un censo inédito para conocer la realidad del Sistema Educativo Nacional. A partir de esa información, en 2014 se creó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), que nos permitió dejar atrás la doble negociación salarial, y hacer más transparente y eficiente el gasto educativo.
Posteriormente, en la operación diaria del FONE y derivado de las reuniones de coordinación regional entre la SEP y las autoridades estatales que iniciamos hace dos años, se detectaron inconsistencias e irregularidades. Por eso, el Gobierno Federal y las entidades federativas emprendimos una profunda auditoría, en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos.
A través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que también fue creado a partir de la Reforma Educativa, se contrastó la estadística conocida como “911”, que reportan los directores de las escuelas al inicio de cada ciclo escolar, contra la base de datos del FONE.
En el ejercicio encontramos cuatro tipos de irregularidades. Había 14,900 plazas de docentes que realizaban funciones administrativas, que ya regresaron a las escuelas y están frente a grupo. Por otra parte, hallamos 17,262 plazas de maestros que gozaban de diversas licencias o comisiones que no tenían por qué recibir un pago, así como 1,361 plazas de docentes que fueron dados de baja en la estadística escolar, pero seguían recibiendo una remuneración. En ambos casos los pagos fueron cesados.
Finalmente, identificamos 10,553 plazas de personal que no pudo ser localizado. En este caso, el viernes pasado se suspendió la transferencia electrónica de los pagos y generamos los cheques correspondientes. Esta medida asegura que no se violen derechos laborales y permite que las personas tengan la oportunidad de presentarse ante las autoridades educativas locales durante los próximos 90 días para aclarar su situación. Pasado este tiempo, las plazas que correspondan a personal que siga sin ser localizado serán puestas a concurso para el ingreso de nuevos maestros al Servicio Profesional Docente. El compromiso del Gobierno Federal y de las entidades federativas es concluir la regularización de la nómina antes del inicio del próximo ciclo escolar.
Por otra parte, el día de ayer acordamos que las asignaciones de plazas docentes se harán de acuerdo a un modelo único, transparente y meritocrático, en estricto apego a la Ley y a los resultados que obtienen los aspirantes en los concursos de ingreso. Esto ya sucede en la Ciudad de México y en varias entidades federativas, y el compromiso es llevar este modelo a todo el país.
Estas acciones nos permiten fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto educativo y pone fin a décadas de uso opaco y discrecional de recursos públicos. Se trata de un paso importante para que cada vez más escuelas tengan una plantilla completa de maestros, y nuestros niños y jóvenes cuenten con una educación que les permita ser felices y competir exitosamente en el siglo XXI.
Artículo publicado en Reforma
