El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) se pronunció sobre el fallecimiento del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente con más de 25 años de servicio en el IEMS, quien lamentablemente se quitó la vida luego de difundir un video en el que aseguró enfrentar una acusación falsa de abuso sexual presentada por una alumna.
A través de un comunicado, el organismo sindical lamentó la muerte del maestro y afirmó que este caso debe convertirse en un llamado urgente para revisar los protocolos institucionales con los que se atienden las denuncias, garantizando tanto la protección de las víctimas como el respeto al debido proceso y a los derechos de las personas señaladas.
“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de un docente de nuestra comunidad. Era un profesor que enfrentaba una acusación de la que se manifestaba inocente. Lamentamos profundamente que no encontrara otra salida ni acompañamiento a tiempo”, expresó el sindicato.
El SUTIEMS señaló que, más allá del desenlace, existe un reclamo que debe ser atendido por las autoridades, pues advirtió que en México una persona acusada puede enfrentar graves consecuencias incluso antes de que exista una resolución judicial.
“En México defenderse jurídicamente puede convertirse en una segunda condena: por el costo económico, la pérdida del trabajo, el aislamiento y la cancelación social que persiste incluso cuando la justicia absuelve”, sostuvo.
Llamado a fortalecer la presunción de inocencia
En el posicionamiento, el sindicato subrayó que defender la presunción de inocencia no significa desacreditar las denuncias de violencia de género ni minimizar a quienes denuncian.
Por el contrario, sostuvo que un sistema confiable requiere garantizar derechos para ambas partes.
“Defender la presunción de inocencia no es estar contra las mujeres ni contra las denuncias reales. Al contrario, para que las denuncias verdaderas tengan fuerza, necesitamos un sistema creíble, imparcial y humano para todos”, indicó.
Añadió que resulta indispensable contar con investigaciones rigurosas que aseguren el debido proceso, el derecho a la defensa del acusado y, al mismo tiempo, la escucha y protección de quien presenta una denuncia.
Acusa omisiones institucionales
El SUTIEMS también retomó las denuncias que el propio profesor Alberto Israel Jasso hizo antes de morir, señalando que según su versión, no recibió garantías de debido proceso por parte de las autoridades del Instituto.
“El compañero denunció que no se le garantizó por la Dirección General ni la Dirección Jurídica”, afirmó.
Por ello, el sindicato exigió a las autoridades educativas y judiciales realizar una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades.
Entre sus principales demandas se encuentran:
- Una investigación con debido proceso.
- Defensa adecuada y apoyo psicológico obligatorio para ambas partes.
- El esclarecimiento de la actuación de quienes condujeron el procedimiento.
- La reparación integral del daño, en caso de acreditarse responsabilidades.
- Garantías de no repetición para otros trabajadores del IEMS.
Asimismo, pidió “una investigación para deslindar la responsabilidad administrativa de quienes instruyeron y validaron dicho proceso, y la reparación integral del daño ocasionado, así como garantías de no repetición en otros trabajadores”.
Piden protocolos claros para proteger el vínculo pedagógico
El sindicato también dirigió un mensaje al personal docente, reconociendo la preocupación que ya generó este caso entre la comunidad académica.
“Entendemos el miedo que deja este caso, pero no dejemos de enseñar con humanidad. Exijamos protocolos claros que protejan el vínculo pedagógico”, expresó.
De igual forma, llamó a la sociedad a actuar con responsabilidad frente a este tipo de casos y evitar juicios anticipados.
“Seamos más responsables con lo que compartimos y cómo juzgamos. Detrás de cada acusación hay personas con problemáticas particulares”, señaló.
“Que este hecho no sea en vano”
Finalmente aclaró que su posicionamiento no pretende restar importancia a las denuncias por violencia o abuso sexual, sino insistir en la necesidad de que todas sean atendidas bajo principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.
“No escribimos esto para negar la importancia de escuchar a quien denuncia. La escribimos para recordar que toda denuncia, para ser justa, debe ir acompañada de debido proceso, presunción de inocencia, derecho a ser escuchado y acompañamiento humano para ambas partes“, puntualizó.