Durante la conferencia mañanera del 26 de mayo, Mario Delgado presentó las bondades del Fondo de Pensiones del Bienestar, creado desde el gobierno anterior y que ahora se presenta como una solución, mejor todavía a la demanda de abrogación de la Ley del Issste. Aunque la propuesta ya ha sido desechada por los docentes, ha pasado por el filtro de los especialistas en seguridad social, quienes la consideran un parche con variadas inconsistencias, pongo a debate razonamientos que contradicen la versión gubernamental.
A partir de la reforma calderonista, toda persona que ingresa al servicio público federal no tiene otra opción que las cuentas individuales. En esa condición, se encuentran 76 por ciento de los trabajadores; pero, según el secretario de Educación, son el universo mayor de beneficiados por el fondo referido. Para esta inmensa mayoría, el decreto de congelación de la tabla de jubilación no es aplicable; los 58 y 56 años de edad para hombres y mujeres es una medida exclusiva para quienes se fueron al Pensionissste en aquel logro que obtuvo la CNTE, luego de 2.5 millones de amparos; pero no es elegible para quienes desde entonces han sido forzados a las Afore personales.
Un egresado normalista obtiene su nombramiento de maestro, entre los 22 y 23 años de edad; desde el inicio, ya no goza del derecho social a la jubilación, porque éste le fue arrebatado en el momento en que lo condenaron a que su retiro dependiera de sus propios ahorros, mermando así, su ya precarizado salario docente. Ahora, para acceder al tan ovacionado fondo, tendrá que cumplir el requisito de 65 años de edad; es decir, si quiere jubilarse con su último salario, y no con la raquítica pensión que le suministrará el banco, deberá trabajar de 42 a 43 años, sin distinción de género.
Antes de la Ley de Calderón, el ahorro para el retiro se nutría también con aportaciones estatales; entonces, una maestra se podía jubilar a los 27 años seis meses de servicio y un profesor a los 29 años y medio. ¿De dónde deduce el secretario Delgado que su propuesta es mejor que abrogar la reforma del Issste de 2007? Por si fuera poco, sentenció con el mayor descaro que, si bien las Afore administran 20.3 por ciento del PIB (el doble dentro 15 años, según cálculos oficiales), esto corresponde a 70 millones de cuentas, y no se trata de dinero de los bancos, por consecuencia concluye que no es posible recogerlo por la administración pública porque pertenece a los trabajadores; en efecto, los fondos son propiedad de los ahorradores, pero no así las multimillonarias ganancias que obtiene la banca privada al cobrarles comisiones ni por las inversiones que hacen en sus propios negocios o producto de la actividad usurera del dinero ajeno.
Un llamado al diálogo, anticipando en mesas de atención a la CNTE que no habrá más ofrecimientos y declarando públicamente, como lo hizo la titular de Gobernación un día antes de la reunión con la Presidenta, es un diálogo de antemano infructuoso, que cancelaba toda posibilidad de solución y negociación. Sin embargo, en todo momento, el magisterio democrático ha mostrado, por lo menos tres vías para resolver sus demandas.
Los legítimos y únicos dueños de sus propios ahorros autorizan al gobierno de la Cuarta Transformación que, los dineros depositados por ellos en sus cuentas sean transferidos de las instituciones privadas con fines de lucro, a un sistema de administración de interés social. La implicación es mayúscula, de inicio se trata de 3 millones de trabajadores al servicio del Estado fortaleciendo la banca pública, muchos de ellos incluso, cuyo salario fue tarjetizado por decisión propia o de manera obligatoria, estarían dispuestos a llevar su nómina, por ejemplo, al Banco del Bienestar, lo cual le permitiría un crecimiento sin precedentes, sólo comparable con el intento de comprar Banamex en el sexenio anterior.
Los maestros de México están manifestando, a través de una actitud de infinita solidaridad, que los depósitos de ahorro de los trabajadores en activo sirvan para sostener la jubilación de los trabajadores en retiro, a los que ya no se les descuenta de su percepción salarial para este fin; tal medida abre un círculo virtuoso de beneficios en cadena y de generación en generación, que mantendría siempre vivo un fondo intergeneracional de las pensiones.
Ante el argumento de que no hay manera de financiar las propuestas de la CNTE para una reforma pensionaria porque implicaría el desfalco hacendario del gobierno, además del punto anterior, los profesores y otros servidores públicos, como los pertenecientes al sector salud, implícitamente, están dando la anuencia para que el Estado mexicano disponga de las ganancias que inmoralmente, y sin consentimiento de los titulares de las cuentas, están llenando por miles de millones de pesos anuales los bolsillos de la banca privada. Un manejo justo y moderado de acumulación de las ganancias podría refinanciar, incrementar paulatinamente y redistribuir equitativamente el fondo solidario de pensiones.
Es posible resolver el conflicto magisterial, pero la decisión se resume en dos alternativas: estar con los profesores o con las Afore.
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