La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2018, dirigida a Otto Granados Roldán, Secretario de Educación Pública (SEP); Román Rosales Avilés, Secretario de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) y Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública (SFP), por la inadecuada atención hacia una trabajadora de la escuela Primaria “República de Indonesia” en la Ciudad de México.
Se trata del caso de una mujer con embarazo gemelar que se desempeñaba como asistente de servicios que no fue escuchada por la Directora del plantel educativo para que le cambiara de sus actividades a fin de que no le implicaran un riesgo físico.
La negativa de la Directora de la escuela derivó en un parto prematuro en que falleció uno de sus hijos y el otro tuvo problemas graves de salud y, posteriormente, discapacidad visual.
Según la recomendación 54/2018 de la CNDH, a la asistente de servicios se le violaron sus derechos a la protección de la maternidad en el trabajo, a la salud, al desarrollo óptimo del producto de gestación, a una vida libre de violencia obstétrica, al acceso a la información en materia de salud, al acceso a la justicia en sede administrativa y al deber de investigar con debida diligencia la violencia en agravio de la víctima; a la lactancia materna y al interés superior de la niñez.
La CNDH advirtió que la protección de la salud materno-infantil implica que se establezcan las condiciones propicias y acciones específicas para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida, durante su crecimiento y desarrollo, a efecto de que puedan disfrutar del más alto nivel posible de vida.
Y es que según explicó el organismo, la mujer afectada presentó una queja en la que señaló que informó a la directora de su embarazo gemelar de alto riesgo, pero tuvo que continuar con sus actividades habituales a petición de la directora.
La CNDH observó que la autoridad responsable tuvo conocimiento que la víctima cursaba un embarazo de alto riesgo, por lo que debió haber ejercido acciones reales y efectivas para buscar alternativas que no le implicaran un esfuerzo físico que pusiera en riesgo su salud y la de los entonces productos de la gestación; asimismo, debió garantizarle un ambiente laboral con pleno respeto a sus derechos humanos.
Contrario a ello, su autoridad inmediata continuó asignándole actividades extenuantes sin tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, la cual atiende, entre otras circunstancias, a los cambios fisiológicos y anatómicos que presentan las mujeres embarazadas, que implican un mayor cuidado por las autoridades o agentes del Estado para la protección especial y reforzada del binomio materno-infantil.
En ese sentido, la CNDH recomendó a las autoridades de la SEP, SFP y SEDESA reparar en forma integral el daño a las víctimas, brindarles atención psicológica e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Además, deberán colaborar con la CNDH en las quejas que presente ante los correspondientes Órganos Internos de Control de esas instituciones contra los servidores públicos involucrados y designar cada una a un funcionario que sea enlace para dar seguimiento a la Recomendación y emitir las constancias correspondientes que acrediten su cumplimiento.
Cabe señalar que la CNDH solicitó al titular de la SEP emitir acciones sobre la atención que debe darse a las mujeres trabajadoras embarazadas; impartir cursos en materia de protección de la maternidad de las trabajadoras, a vivir una vida libre de violencia laboral y a la lactancia materna; modificar el “Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública” y publicar circular con información del derecho a la lactancia materna para difundir entre el personal directivo.
