Si nos hacemos una simple pregunta para intentar entender los alcances de la reforma laboral, en la democratización del SNTE podríamos tener claridad en los resultados del tan vitoreado voto personal, directo y secreto. ¿Cuántas secciones sindicales que optaron por el nuevo reglamento de elecciones en sus cambios de comité ejecutivo seccional han logrado una representación democrática? La respuesta es clara y contundente, ninguna.
Después de 26 secciones sindicales que han atendido la convocatoria de renovación con las nuevas reglas electorales, paradójicamente, no tenemos ningún indicio de que el sindicato se esté democratizando; pero sí de que las burocracias institucionales de siempre se están legitimando, reacomodando y haciendo relevos generacionales familiares dentro del SNTE. Al exterior, se refuerza su vocación corporativista y progubernamental, ahora con la 4T; la autonomía política de los trabajadores se oferta como un capital de votantes y experiencias fraudulentas, al servicio electoral del partido en el poder; en este último tercio del actual gobierno, con las figuras candidateables en las próximas elecciones, particularmente con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Uno de los talones de Aquiles en estos desangelados resultados es el nuevo reglamento electoral del SNTE, que en realidad es una extensión del estatuto sindical vigente, hasta el momento sin modificación alguna acorde a las leyes laborales, razón por la cual es inconstitucional; sin embargo, sigue operando con toda impunidad, con la anuencia y la complicidad de las autoridades en materia laboral, que han avalado, con base en él y no en la ley, ya casi 30 convocatorias de renovación de comités ejecutivos seccionales.
En vez de hacer valer la legalidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha convertido en activista del SNTE y promotora de concesiones de flexibilidad de las convocatorias de renovación haciendo pactos fuera de la norma; pero que finalmente no se respetan, dada la constante intimidación del gremio encabezado por Alfonso Cepeda para no reconocer ningún proceso o persona que no se sujete a sus reglas. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha sido omiso en las impugnaciones presentadas por las irregularidades cometidas en estados como Baja California, Nuevo León y Jalisco; tardó un año en responder, con apenas sugerencias, a la demanda intersindical por la inconstitucionalidad del estatuto del SNTE y su reglamento, que presentó un grupo de maestros de la Sección 40 de Chiapas, cuya cabeza estratégica, el maestro Mario Roldán, ha estado bajo constante amenaza sindical y del Estado para desistirse de la demanda y de presentarse a la contienda por la dirección sindical.
Pese a las inconsistencias demostradas en las denuncias, no se han detenido las nuevas convocatorias y a la vez se retienen las de los comités seccionales vencidos donde las condiciones no favorecen al charrismo, como en la sección 34 de Zacatecas: en 2016 el SNTE impuso a punta de golpes y pistoleros una representación estatutaria por cuatro años, y ya se ha prolongado otros dos más, pero hay una inconformidad creciente de los maestros para sacar a los equipos políticos de las dos dirigencias institucionales existentes; además, está su participación activa a través de una ruta jurídica por la controversia entre la ley laboral y el reglamento electoral que les impide participar en condiciones de equidad y autonomía en procesos electivos.
Está por demás demostrado, jurídicamente y por quienes han transitado por procesos electivos con su marco normativo, que este reglamento electoral viola cualquier principio de imparcialidad, sienta las bases de una elección que se podría denominar de Estado y contraviene la propia reforma laboral de 2019 impulsada por la 4T; sin embargo, lo que se juega de fondo no es poco y el cálculo político lo tienen claro el gobierno federal y los aspirantes a la sucesión presidencial.
Declarar la invalidez del estatuto sindical y del reglamento electoral implicaría la nulidad de los procesos electivos de los comités seccionales que emanaron de sus bases normativas, la obligación del SNTE de modificar su estatuto para poner sobre la mesa un cambio en la dirección del Comité Ejecutivo Nacional con nuevas reglas, detener las convocatorias en puerta hasta que se diriman los diferendos constitucionales y las inconsistencias presentados.
Un golpe de esa magnitud debilita los acuerdos políticos y electorales del SNTE, como aliado incondicional del gobierno y su partido; no hacer nada refuerza la hegemonía presidencial y de la 4T frente a los próximos comicios, pero en detrimento de la democracia en uno de los gremios más dañados por las corruptelas y entreguismos de las cúpulas del magisterio institucional.
Si no hay un cambio de ética en el absurdo pragmatismo de este gobierno para mantener su hegemonía, la democracia del SNTE es enteramente responsabilidad de los maestros. La vía jurídica sólo será posible si hay una ruta de organización política y de movilizaciones, que rebase incluso la lógica partidista de las elecciones seccionales; en ella debería estar presente la fortaleza unida de movimientos nacionales históricos como la CNTE.
