No tengo pruebas, pero tampoco dudas: desde hace más de diez años los maestros hemos padecido y coexistido con los celulares en las escuelas y en las aulas. Durante todo este tiempo, ante la falta de una regulación nacional suficientemente clara, escuelas y maestros hemos tenido que “tomar” nuestras propias medidas para intentar regular su uso. Hay maestros que, por diversos motivos, han “decomisado” o retirado el celular a alumnos menores de edad. Y esto, en algunos casos, ha generado reclamos y denuncias de padres de familia hacia maestros que consideran que se trastocan derechos como la privacidad o el acceso a las tecnologías.
El pasado 22 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 09/09/26, mediante el cual la Secretaría de Educación Pública estableció condiciones para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en las escuelas públicas y particulares del país. En educación básica, la regla es puntual: el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos personales queda restringido durante toda la jornada escolar, salvo determinadas excepciones, como actividades pedagógicas previamente programadas, emergencias, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.
Me parece una medida excelente. El problema del celular en las escuelas no es una ocurrencia. La propia SEP señala en el acuerdo que su uso inadecuado puede interferir con la atención, la concentración, la interacción y el aprovechamiento académico. Pero aquí comienza mi preocupación. ¿Qué va a pasar cuando el alumno llegue con el celular a la escuela y decida utilizarlo? Probablemente tendremos nuevamente la misma escena que hemos vivido durante años: el maestro frente al alumno, el celular sobre la mesa y la responsabilidad de decidir qué hacer en ese momento.
Porque, usted estará de acuerdo conmigo, una cosa es establecer una norma nacional y otra muy distinta es aplicarla en el salón de clases. El Acuerdo establece las condiciones generales y señala que las autoridades educativas deberán adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Además, las entidades federativas tendrán 180 días naturales para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes. Sin embargo, para el maestro que está frente a treinta, cuarenta o más alumnos, la pregunta es mucho más sencilla: ¿qué hago si un alumno incumple? ¿Le retiro el celular? ¿Lo resguardo? ¿Lo llevo a la dirección? ¿Llamo a sus padres? ¿Y qué sucede si los padres llegan molestos porque retiré el teléfono?
Éste no es un asunto menor. Muchos maestros ya hemos vivido situaciones en las que retirar un celular puede convertirse en un problema administrativo o incluso en un conflicto judicial con los padres de familia. Y aquí aparece una de las partes que más me llama la atención del Acuerdo: el papel del maestro está muy claramente señalado. El documento dice que las maestras y los maestros somos agentes fundamentales del proceso educativo, que nuestra actuación constituye un referente para los alumnos y que debemos ser ejemplo de un uso seguro y responsable de los teléfonos celulares y dispositivos digitales.
Estoy de acuerdo. Pero entonces hagamos la pregunta completa: ¿Quién será el ejemplo fuera de la escuela? Porque el alumno no vive más de ocho horas dentro del salón de clases. El celular tampoco desaparece cuando termina la jornada escolar. La escuela puede restringir el dispositivo durante el horario escolar, pero los hábitos digitales se construyen también en casa. Y aquí es donde quiero hablar de los padres de familia.
Los padres están completamente ausentes en algunas políticas educativas. De hecho, la propia SEP ha planteado su participación, de manera menguada en estrategias como “El ABC de las emociones”, mediante guías, asambleas y acciones dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras. El problema es que, en la práctica, muchas veces la escuela termina siendo el lugar donde se pretende resolver prácticamente todo. El celular. Las redes sociales. El ciberacoso. La violencia digital. Las emociones. La convivencia. La salud mental. Y ahora también el cumplimiento de una regulación nacional sobre dispositivos digitales.
No estoy diciendo que los maestros no debamos participar. Por supuesto que debemos hacerlo. Somos educadores y tenemos una responsabilidad enorme. Pero educar no significa sustituir a la familia. La propia OCDE ha encontrado en PISA 2025 que las conversaciones cotidianas entre adolescentes y sus padres, así como las conversaciones relacionadas con la escuela y el aprendizaje han disminuido. Por eso creo que la discusión sobre el celular no debería limitarse a preguntar cuánto tiempo debe utilizarlo un alumno dentro de la escuela.
También deberíamos preguntarnos: ¿Qué están haciendo las familias cuando ese alumno sale de la escuela? ¿Quién establece horarios? ¿Quién supervisa las redes sociales? ¿Quién habla con el adolescente y los niños sobre lo que ven en internet? ¿Quién le explica que no todo lo que aparece en TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma es real? ¿Quién revisa sus hábitos de sueño? ¿Quién establece límites? Porque si todas esas responsabilidades terminan llegando a la escuela, entonces corremos el riesgo de convertirnos en orientadores, psicólogos, mediadores, policías escolares y ahora también en policías digitales.
Y eso no es corresponsabilidad. Eso es “cargarle la mano” de responsabilidades a la escuela sin darle necesariamente las herramientas suficientes para ejercerlas. Los alumnos no votan, sus padres sí. Y falta menos de un año para la elección intermedia. Si no fuera mal pensado, podría decir que políticamente resulta más sencillo pedirle al maestro que sea ejemplo, que sea responsable y que aplique la norma, que pedirle a millones de familias que modifiquen hábitos dentro de sus hogares.
Los maestros seguimos esperando la nueva USICAMM. Estamos esperando un incremento salarial que demuestre que la Presidenta es realmente la “Presidenta de la educación”. Y seguimos esperando que la llamada “revalorización docente” se traduzca en mejores condiciones para quienes estamos frente a grupo. Porque revalorizar al maestro no puede significar únicamente decir que somos importantes. También significa darle claridad, respaldo y margen de acción cuando se le asigna una nueva responsabilidad. Regular el celular en las escuelas es una excelente decisión. Pero si queremos que funcione, no basta con decirle al maestro que sea ejemplo. Necesitamos una normatividad clara que nos permita actuar como docentes contra quienes faltan a la norma que la misma SEP expide y que las familias asuman su parte. Porque el celular puede entrar por la puerta de la escuela, pero el hábito se construye en la casa, con los padres de familia.
