El amparo otorgado a Elba Esther Gordillo por el juez Francisco Javier Sarabia avivó con fuerza las llamas del infierno en que a veces se convierte la opinión pública. Solo dos explicaciones se han presentado a la hora de entender lo ocurrido: o el procurador Murillo Karam es un inepto, o bien Gordillo Morales va a obtener su libertad, como tantos otros culpables, por obra de una sucia negociación.
Tengo para mi que existe una tercera explicación y dedico este texto para explorarla. Comienzo por hacer explícita una obviedad: la detención de Elba Esther Gordillo tuvo, en principio, propósitos políticos y no jurídicos. No quiere esto decir que sean escasos los motivos para procesarla judicialmente; desde hace varios lustros los hay y de sobra. Sin embargo, ahora la profesora desafió, con más soberbia que inteligencia, a los dragones. De haberla dejado libre, el actual jefe del Ejecutivo habría terminado todavía más sometido a sus caprichos que sus antecesores Fox y Calderón.
Cabe recordar que Gordillo fue detenida justo cuando iba de camino a una reunión cuyo objetivo era dar comienzo a una rebelión del magisterio en contra del gobierno peñanietista. El resto de la historia es pública: el secretario en funciones del SNTE, Juan Díaz -después de jurar lealtad eterna al nuevo gobierno y de obtener impunidad con respecto a sus propios pecados- sustituyó a su antigua mentora.
Un problema, no obstante, quedó sembrado. Bien dicen que cuando la política entra por la ventana, la justicia sale por la puerta. Porque el principal argumento para detener a la señora Gordillo fue político es que hoy la maquinaria judicial cruje tan sonoramente. La instrucción del presidente al procurador Murillo Karam fue que acusara a la profesora de delitos que no le permitieran regresar a su trono.
Fue por esta razón que el Ministerio Público (MP) la acusó de lavado de dinero y asociación delictuosa. Se trata de dos violaciones que por su conjunta gravedad no alcanzan derecho a fianza y por tanto condenan al supuesto delincuente a vivir el proceso tras las rejas.
El artículo 400 (bis) del Código Penal Federal define el lavado de dinero como aquella conducta que, entre otras, conlleva a hacer depósitos o transferir recursos de procedencia ilícita, con pleno conocimiento de causa. Para que esta acusación proceda contra la profesora Gordillo, el Ministerio Público debe probar durante el juicio que las transferencias recibidas en sus cuentas personales, provenientes de la tesorería del SNTE, tenían un origen ilícito. Tarea difícil pero no imposible.
Con todo, el problema de este juicio hoy no está ahí. Resulta que antes de acusarla el MP debió haber satisfecho un pequeño trámite. El mismo artículo referido prevé que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que presente la denuncia de lavado de dinero, condición que no ocurrió en este caso sino hasta después de que el juez consideró como procedente la acusación. Este error importante es el que el juez Sarabia ponderó la semana pasada cuando concedió a Gordillo Morales el amparo solicitado.
¿Saldrá por ello ilesa la profesora después de tanto escándalo? Libre quizá sí, pero ilesa no. Porque el contexto de la reforma educativa ha cambiado, ahora cobra lógica que el procurador Murillo Karam acuse a esta señora por defraudación fiscal; delito que a todas luces debió haber sido el primero y que lamentablemente fue desechado porque, a diferencia del lavado de dinero, la defraudación fiscal sí habría permitido que Gordillo Morales obtuviera pronta libertad bajo fianza.
Es de suponerse que, durante los meses que han corrido desde su detención hasta ahora, la PGR haya celebrado una investigación acuciosa de las cuentas y manejos financieros de la cúpula magisterial y su más importante cabeza. Y, a menos que se haya registrado algún pago de impuestos por ingresos aproximados de 2 mil millones de pesos, suena plausible que se tengan elementos suficientes para proceder contra la ex líder magisterial por evasión de sus responsabilidades hacendarias.
Con todo, más vale preparar el ánimo porque será por este otro delito, más robusto, que el Estado mexicano va a procesar a Gordillo. También cabe asumir que esta mujer será juzgada fuera del reclusorio porque, a diferencia del lavado, el fraude fiscal sí permite la libertad condicional.
