El educador que no respeta ni la curiosidad del educando, su gusto estético, su intranquilidad, su lenguaje, más precisamente, su sintaxis y su prosodia; el educador que trata con ironía al alumno, que lo minimiza, que manda en él, que lo frustra en sus tareas, no ha llegado a ser educador, es un distorsionador de la vocación del ser más del educando.
Paulo Freire
Pedagogía de la autonomía
Hay decisiones que se toman en los salones del poder y que después se disfrazan de consenso. El anuncio del cierre anticipado del presente ciclo escolar para el día 5 de junio es, con toda precisión, una de ellas. Esa fecha no surgió de las maestras ni de los maestros, no salió de ninguna asamblea, de ningún foro de consulta, de ningún espacio donde las voces del magisterio hayan sido escuchadas con genuina intención de atender sus necesidades. Surgió de una reunión de 32 secretarios de educación que, con notable velocidad y con llamativa unanimidad, aprobaron una decisión ya tomada desde arriba.
Y sin embargo, una vez más, se nos responsabiliza, se insinúa que fue a petición de las bases, que los maestros pidieron salir antes por el calor, por el Mundial, por comodidad. Es una narrativa que no sólo es falsa, sino que resulta profundamente ofensiva para quienes día a día sostienen el sistema educativo con recursos insuficientes, grupos numerosos, infraestructura deteriorada y una carga administrativa que no para de crecer. Freire lo diría con otras palabras, pero el fondo es el mismo, al oprimido no sólo se le explota, se le hace creer que la explotación es su propia culpa.
Si el gobierno realmente escuchara a los docentes, ya tendríamos respuesta al décimo transitorio. Ya habría mejoras reales en la estructura escolar. Ya existiría una política de formación docente coherente con la Nueva Escuela Mexicana que tanto se proclama, y no una sucesión de reformas que cambian el discurso pero mantienen intactas las condiciones materiales en que trabaja el magisterio. Pero no nos escuchan porque no quieren escucharnos. Nos consultan cuando necesitan legitimidad, no cuando necesitan orientación.
Al reducir semanas de trabajo, los docentes enfrentan una presión, acelerar contenidos que requieren tiempo de maduración, simplificar proyectos que habían comenzado con intención pedagógica, cerrar evaluaciones de manera anticipada sin contar con la información suficiente para valorar el aprendizaje con honestidad, y dejar sin atención los rezagos que, paradójicamente, son los que más tiempo demandan. Se trata de comprometer directamente el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes que asisten a nuestras escuelas. Esos rezagos no desaparecen con el cierre administrativo del ciclo, simplemente se transfieren al siguiente.
Aquí entra una pregunta que no podemos evitar, ¿quién paga el costo real de esta decisión? No Mario Delgado ni los secretarios de educación que levantaron la mano en aquella reunión. Lo pagan los estudiantes que llegaron al aula con más dificultades. Lo pagan los docentes que cargarán con la culpa cuando los indicadores de aprendizaje reflejen lo que ya todos sabemos. Lo paga el tejido pedagógico que se fractura cada vez que se interrumpe un proceso formativo por razones que no tienen nada que ver con la educación.
Esto no fue una decisión pedagógica, fue una decisión política. Una maniobra para desarticular la movilización de la CNTE (quienes están en todo su derecho a manifestarse por una reforma que lastimo a todo el magisterio nacional y ante la opacidad de los actuales liderez del SNTE que no han podido luchar por una jubilación digna desde el 2007), antes de que la huelga nacional tome forma y fuerza. Detrás del discurso benevolente del calor y el descanso, hay una estrategia para vaciar las escuelas antes de que los patios se conviertan en espacios de organización.
Los maestros y las maestras de este país llevamos suficientes años en esto como para reconocer la diferencia entre una política educativa y una maniobra de control. Ahora bien, vale la pena detenernos en la otra cara de esta historia, porque el Mundial no es solo un telón de fondo decorativo en este conflicto. Es una pieza central del argumento y merece ser nombrado con la misma claridad con que se nombran los demás actores.
La FIFA no viene a México, a Estados Unidos y a Canadá a celebrar el deporte. Viene a facturar, ya que las estimaciones de ganancias del Mundial superan con amplitud cualquier cifra que el gobierno mexicano haya destinado en años recientes a resolver los problemas estructurales más elementales de su sistema educativo. Y aquí es donde la indignación adquiere una dimensión que trasciende lo sindical y toca lo ético, lo político y lo civilizatorio.
Mientras la FIFA se prepara para llevarse millones en ganancias que no tributarán de manera proporcional en el país anfitrión, hay escuelas en México que no tienen baños. Hay escuelas, particularmente en zonas rurales y en comunidades indígenas, donde el agua para las necesidades más básicas debe ser acarreada a mano por los propios alumnos y por los propios maestros. Hay escuelas multigrado, que ya representan aproximadamente el 40% del sistema educativo nacional, que operan sin los recursos materiales, pedagógicos ni humanos que su complejidad demanda. Escuelas donde un sólo docente atiende simultáneamente a estudiantes de distintos grados, distintos ritmos y distintos contextos, con una preparación específica que el sistema sigue sin reconocer ni financiar con seriedad.
Frente a esa realidad, preguntemos, ¿cuántos bebederos dignos equivale una transmisión televisiva del Mundial? ¿Cuántos baños construidos en escuelas sin infraestructura sanitaria caben en el presupuesto que el gobierno mexicano invirtió para ser sede?
¿Cuántas plazas docentes para fortalecer la educación multigrado se financian con lo que la FIFA se llevará sin retorno?
Y hay una deuda más, quizá la más urgente de todas para el magisterio, la jubilación y la pensión digna. La reforma laboral de 2007, impuesta con la misma lógica verticalista con que hoy se impone el cierre de ciclo, desmontó el esquema de pensiones que había sido una conquista histórica del trabajo docente, y lo sustituyó por un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORE. El diseño de ese sistema no tiene como beneficiarios a los maestros. Los beneficiarios reales son los dueños del capital financiero que administran esos fondos, que cobran comisiones, que invierten los recursos de los trabajadores en instrumentos que ellos eligen, y que al final del camino devuelven pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad. Dussel señalaría aquí con precisión que ese modelo no es una falla del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar: en beneficio de la totalidad del capital, a costa de la corporalidad viva del trabajador.
La pregunta es qué revela la priorización de ese espectáculo frente a las condiciones reales en que enseñan y envejecen los maestros de este país. Revela una jerarquía de valores que pone el espectáculo global por encima del derecho a una vejez digna de quienes dedicaron su vida a formar ciudadanos. Revela que para este gobierno, como para los anteriores, la educación es un discurso de campaña y un renglón presupuestal ajustable, no una prioridad irrenunciable.
No pidamos que la FIFA no venga, exijamos que se nombre lo que está ocurriendo con honestidad, se cierra el ciclo escolar anticipadamente para desmovilizar al magisterio organizado, se usa el Mundial como coartada cultural, y mientras tanto los maestros que no tienen pensión digna seguirán trabajando hasta donde el cuerpo aguante, en escuelas sin agua, frente a grupos sin los recursos que merecen, esperando que alguien en el poder recuerde que la educación, como decía Freire, no es un acto de depósito sino un acto político. Y los actos políticos, tarde o temprano, tienen consecuencias.
Las y los docentes no somos responsables del caos que genera una burocracia que nos usa como escudo y nos ignora como sujetos. Somos los que llegamos cada mañana, los que conocemos el nombre y la historia de cada estudiante, los que cubrimos con creatividad y compromiso lo que las políticas no alcanzan. Eso merece reconocimiento, no instrumentalización.
Por lo anterior y muchas situaciones más, gobierne quien gobierne, los derechos se defienen.
