Un logro de la actual reforma educativa es que puso a la educación en el primer plano del debate público. Maestros, investigadores, periodistas y líderes de opinión se volcaron en los últimos cuatro años a discutir los temas educativos, aunque esa discusión, hay que decirlo, no siempre estuvo a la altura de los estándares democráticos. Un factor que exaltó la polémica fue la presencia en el escenario durante 2015 y 2016 de un ruidoso y violento movimiento de oposición a la reforma.
Todo cambio suscita resistencias, pero en el caso de la reforma educativa el cambio golpeó directamente una antigua estructura de poder y una masa de intereses que medraron durante décadas el sistema educativo, me refiero, por un lado, a los intereses de los dirigentes sindicales y, por el otro, a los intereses de los burócratas de las secretarías de educación locales que, junto a los líderes gremiales, se beneficiaban con la venta de plazas.
La reforma enfrentó, además, la inercia poderosa de los hábitos arraigados en las escuelas, rompió la rutina, alteró el ritmo del trabajo e impuso nuevas prácticas en el sistema. La paz que se vivía en las escuelas fue rota de manera abrupta y esa sacudida, comprensiblemente, suscitó inquietud, malestar, irritación.
La paz que se vivía en el sistema educativo era una verdadera paz porfiriana que se prolongó por más de medio siglo. No fue, sin embargo, una paz coronada por el éxito, una paz producto de un sistema que avanzaba y que exhibía en ascenso creciente los indicadores del desarrollo educativo. No, fue una paz guiada por la inercia, arropada por una mala administración, sin mecanismos de control y fiscalización de las escuelas, apoyada por la opacidad del sistema y alimentada por errores políticos recurrentes en la dirección educativa (federal y estatal).
La reforma entrañó un esfuerzo descomunal. La puesta en práctica del motor principal de la reforma —el servicio profesional docente— fue una tarea complicada y no exenta de errores. Se presentaron muchos problemas: hubo que diseñar nuevos procesos, erigir nuevas instituciones (el INEE y la CNSPD), iniciar las evaluaciones en tiempos perentorios, definir perfiles, precisar procedimientos, concertar a miles de operadores, capacitar a personal a toda velocidad, elaborar materiales, crear sistemas digitales, etc. En suma, fue una tarea monumental.
Esta tarea de construcción enfrentó la resistencia de muchos docentes que se negaban —y algunos continúan negándose— a aceptar las nuevas reglas del juego sin reparar que, volver al antiguo modelo de gestión de la carrera significa, ni más ni menos, que devolver el control de la profesión magisterial a las fuerzas más funestas de la educación mexicana.
Otra fuente de dificultad derivó, lógicamente, de la dimensión del universo en el cual se pretendía poner en práctica el servicio profesional docente: un grupo de aproximadamente 1.5 millones de personas. Una prueba de fuego fue la evaluación de desempeño de 2015. Según se puede ver en el reporte del grupo OREALC-UNESCO que supervisó dicha evaluación, hubo muchas quejas de los docentes, quejas asociadas a numerosos errores de implementación.
De 2014 a la fecha, casi 900 mil docentes se han evaluado. En este lapso, se extendió la convicción de que todo movimiento en la carrera docente debe basarse en el mérito y no en el arbitrio de un líder sindical o un burócrata. A cuatro años y medio de distancia es fácil advertir algunos efectos positivos: él mérito individual se ha convertido en regla para cualquier movimiento dentro de la profesión, la evaluación motiva al estudio, ha surgido un movimiento creciente de reflexión sobre la práctica docente y sobre los efectos de ésta sobre el aprendizaje; hoy muchos docentes se esfuerzan por racionalizar el trabajo que realizan y por pensar fórmulas que eleven su eficacia. Junto a esto, comienzan a cristalizar otras políticas, de suyo benéficas, como las acciones para dotar a las escuelas de mejor infraestructura, la estrategia para disminuir sus cargas administrativas, el esfuerzo para dotarlas de recursos financieros, el nuevo modelo educativo, la política de vigorizar los consejos técnicos escolares, los programas para fortalecer el papel académicos de directores y supervisores, el impulso a los asesores técnico pedagógicos y al servicio de asistencia técnica a la escuela, etc. Todo lo cual informa que, a pesar del gigantismo, el sistema educativo se mueve (martes 8 de agosto 2017).
Artículo publicado en Campus Milenio
