El juego político en la iniciativa de reforma educativa.

El proceso o juego político por el que atraviesa la discusión de la reforma educativa no es cuestión menor, se trata de un tema en el que se debe poner atención para entender en dónde estamos parados hoy con respecto a la iniciativa de la reforma educativa. Además, nos encontramos en pleno desarrollo de las que serán las reformas secundarias que posiblemente serán aprobadas antes de que inicie el siguiente ciclo escolar. Así, comprender los procesos de formulación de una política pública, en este caso, la política educativa es necesario y fundamental. Hay que entender que cualquier reforma educativa no sólo es una decisión o interés individual, ni se traza de forma unidireccional. En el proceso de desarrollo de una política educativa intervienen disímiles actores políticos con diferentes roles e incentivos que entran en la arena del juego, que interactúan de forma diversa en los distintos escenarios donde se lleva a cabo la formulación de la política educativa. Es importante entender este juego político por el que atraviesan el diseño y la elaboración de políticas educativas, comprender qué se discute y cómo se aprueban los diferentes acuerdos; prescindir de ello sería tener una mirada parcial y mezquina sobre la política educativa.

Vale la pena aclarar que no sólo el contenido de las propuestas de política educativa determina el éxito o fracaso de la misma, el juego político puede facilitar estabilidad, equilibrio y cooperación al proceso y a la implementación de la reforma educativa —o también— inestabilidad, desequilibrio y rigidez. La iniciativa de reforma educativa propuesta por el ejecutivo no es la excepción: es una propuesta que se ha visto en constante juego político con diversos actores en diferentes escenarios. Seguir el curso de acción de la formulación del proceso de la política educativa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es una tarea imprescindible. “La experiencia con las reformas de los años noventa y las contrarreformas que se suscitaron en muchos de los países durante la década subsiguiente han resaltado el interés en evaluar las características más que el contenido de las políticas”.

En ese tenor, se propone una reflexión a partir de tres elementos sobre la política educativay que podrán ayudar a comprender de forma integral el proceso de formulación de políticas actuales en México.

1. Estabilidad en las políticas. Esto se refiere a la capacidad de sostener una política en el tiempo. En este punto destaca la tensión entre la idea de que las políticas educativas nunca cambian y, por tanto, permanecen estables; y otra que dice: cada gobierno implementa una nueva reforma y no hay continuidad en lo que se propone en la educación. Sin embargo, aunque suene contradictorio, ambas visiones pueden estar presentes en el proceso de formulación de las políticas debido a la existencia de los múltiples actores y a los incentivos que acompañan a cada uno de ellos. Por ejemplo, la iniciativa de reforma educativa dictaminada y aprobada por el congreso consideró para su constitución —de forma diferente a la reforma de la administración anterior— la propuesta de un número de actores más amplio: investigadores, miembros de la sociedad civil y legisladores de diferentes partidos. Pero también comparte algunos elementos de la reforma educativa propuesta por Enrique Peña Nieto. El más representativo, por lo que significó en la administración anterior, es el proceso de selección de ingreso y promoción al servicio educativo. Dar continuidad a esta acción como política de Estado no es nada despreciable, aunque habrá que dar seguimiento al resultado de las leyes secundarias y a su implementación, pero fue un aparente punto importante de consenso y de arranque de política. La administración anterior puso énfasis en este aspecto, continuar con esta política requiere una construcción técnica, política y pedagógica más sólida. Se trata de fortalecer los procesos de ingreso y de promoción y no de desaparecerlos de forma arbitraria. Se trata de construir políticas con visiones más intertemporales y sin tantas improvisaciones.

Es importante señalar lo anterior, debido a que puede pensarse que, como la iniciativa de reforma educativa no cambia en su totalidad, es la misma que la anterior. Pero no es el caso. Una política puede cambiar en algo mínimo, lo importante es que pueda tener esa flexibilidad de adaptación a las nuevas demandas sociales, en este caso: la transición a la acción meritocrática —con sus pros y sus contras— para el desarrollo profesional de las carreras docentes en el siglo XXI.

Lo que podemos mirar en la propuesta del ejecutivo es la posibilidad de consolidar algunos elementos de la administración anterior, que a su vez puede puede otorgar dos aspectos:

a) Credibilidad en la política educativa. Es decir, la política que se impulsa tiene un horizonte de continuidad temporal y previsibilidad, cuestión relevante en el proceso de formulación de políticas. Además de que la propuesta de reforma educativa por el gobierno actual no es sólo producto del ejecutivo —aunque en un primer momento se presentó de esa forma— sino del consenso y de la cooperación de diferentes actores del poder legislativo, académicos y de la sociedad civil. Lo anterior no es cuestión menor, pues el acuerdo o negociación que se establece en el juego político es fundamental en la credibilidad de la política en la política.

b) Esperanza de lograr buenos resultados. Es el caso de la  regulación docente, pues parece que puede utilizar un enfoque híbrido (credencialista, basado en la antigüedad y formación y, meritocrático, basado en la evaluación). Se dice que el nuevo Organismo para la Mejora Continua de la Educación se apoyará en evaluaciones para el desempeño y en la actualización y formación docente, lo que en un primer momento puede advertir una mirada amplia, integral e intertemporal de la política educativa propuesta y el camino a un posible éxito. Puede advertir, también, la puerta al corporativismo por la poca claridad legislativa y política que pueda existir con respecto a la asignación de plazas, que se traduce, entre otras cuestiones, en lealtad sindical. La carta que el jefe del ejecutivo envió a la CNTE el pasado 27 de mayo, y las actuales negociaciones que las autoridades de la SEP mantienen con el SNTE, no sólo reflejan el privilegio que tienen estos actores como interlocutores en el juego político, sino la opacidad y el uso de mecanismos discrecionales para la asignación de plazas.

2. Coherencia y coordinación. Las políticas públicas son decisiones en las que están involucrados diversos actores que pueden estar coordinados para producir políticas coherentes; sin embargo, no es así siempre. Uno de los mayores problemas que pudiese enfrentar la propuesta del gobierno actual es la falta de cooperación entre los diferentes actores que participan en el juego político. Se trata de dos situaciones que hacen ruido y a las cuales hay que estar atentos:

a) La comunicación que pueda establecerse entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Se necesita que los gobiernos estatales puedan rendir cuentas de sus plazas docentes y  nóminas para dar transparencia y rendición de cuentas. Es un hecho que los gobiernos estatales hacen uso de mecanismos discrecionales en el control de las plazas, por ejemplo, al momento de postular las vacantes “reales” a los concursos de oposición.

b) La comunicación y la cooperación que se pueda establecer con la CNTE y el SNTE. Un aspecto que está en juego es el control de las plazas docentes. La CNTE y el SNTE pretenden seguir con el control de las plazas; para que ello no suceda se necesita que haya una modificación a la legislación y voluntad política por parte de los actores para que se negocie de forma oportuna y no oportunista para cierto sector.

3. Orientación al interés público.Hace referencia a la medida en la cual las políticas formuladas por un sistema dado promueven el bienestar general y se asemejan a bienes públicos (es decir, son de interés público) o tienden a canalizar beneficios privados para determinados individuos o facciones”. En este aspecto puede verse que la propuesta del gobierno actual hace énfasis en la obligatoriedad de la educación inicial y la formación docente para la mejora continua, ambos elementos son importantes y necesarios de desarrollo. Sin embargo, ello requiere voluntad política y recursos materiales importantes. Los procesos de selección que se siguen para elegir a los integrantes del nuevo órgano educativo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no gozan de credibilidad ni transparencia, y la comisión de Educación en el Senado parece no inmutarse. Un proceso lleno de irregularidades y perfiles cuestionables, que parece obedecer a conflictos de interés más que a otra cuestión. Lo anterior es preocupante pues el órgano será el encargado de la formación y evaluación docente. Esto se suma al problema que se enfrentarán estos funcionarios porque el financiamiento para el nuevo centro ya ha sufrido reducciones importantes. Para que una política educativa se pueda concretar, se necesita de crecimiento importante en la inversión y de voluntad política para transparentar los procesos, dos temas que parecen pendientes en la actual reforma educativa.

En suma, la formulación de políticas es compleja. Hay una diversidad de actores con roles diferentes que están inmersos en la arena de juego político y que interactúan de diversa forma y en disímiles escenarios. La reforma educativa presenta contenidos interesantes, la cuestión es que las acciones que se emprenden se desarrollan en contextos opacos, irregulares e improvisados. Para que una política educativa pueda caminar hacia el éxito no sólo requiere un buen contenido, necesita voluntad política, algo que no se mira de forma definida en la presente administración.


Artículo publicado en el Blog Distancia por Tiempos de Nexos.

 

 
 

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