Los inicios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en agosto de 2002, fueron muy tersos. El secretario de Educación en turno, doctor Reyes Tamez, apoyó el nacimiento y fortalecimiento del nuevo organismo que, sin autonomía, vendría a ser un parteaguas en el contexto educativo. Su misión era la de generar información sobre el sistema educativo nacional (SEN), los estados y los tipos de escuela, orientada a la toma de decisiones de política educativa y a la rendición de cuentas a la sociedad. Sus tres ámbitos más importantes eran: los estudiantes, los centros escolares y los indicadores educativos. El INEE por primera ocasión en la vida del país hizo públicos los resultados de las evaluaciones educativas nacionales e internacionales. La racionalidad con la que operaba esta “vieja” institución fue primordialmente académica, ya que se le daba mayor importancia al rigor técnico que al argumento político. Esta visión del INEE pagó sus frutos: se consolidó rápidamente en el país como una institución seria que generaba información confiable, y en el continente latinoamericano se posicionó entre las mejores de su ramo.
Sin embargo, en 2005, el mismo secretario de Educación que dio origen al INEE aprobó un proyecto para evaluar censalmente el aprendizaje de los estudiantes de los últimos grados de primaria, secundaria y educación media superior: ENLACE. Sin embargo, es el gobierno de Felipe Calderón quien utilizó los resultados de esta evaluación y quien los usufructuó políticamente. Así, ENLACE se convirtió en un ícono de la política educativa del país y “enterró vivo” al incipiente instituto de evaluación al no darle importancia y visibilidad a los resultados de sus evaluaciones. Como es del conocimiento público, ENLACE cambió su vocación pedagógica a una con fines políticos, al utilizarla para incentivar económicamente a los docentes cuyos estudiantes obtenían buenos resultados en la prueba; condición que convirtió a la evaluación en un fin en sí misma y que la pervirtió por sus altas consecuencias.
Con estos antecedentes, a mediados de 2013 se reconstituye el viejo INEE en uno nuevo, al que se le dota de autonomía constitucional y se le convierte en un organismo de Estado, cuyo fin principal es coadyuvar a garantizar que todos los niños y jóvenes del país reciban una educación de calidad. Para lograr este objetivo, al INEE se le mandata, entre otras cosas, a: evaluar distintos componentes, resultados y procesos del SEN; emitir lineamientos que regulen las evaluaciones que realicen las autoridades educativas en el marco de sus competencias; y difundir directrices que se basen en resultados de las evaluaciones para orientar la toma de decisiones en materia de educación obligatoria.
Sin embargo, el Congreso condicionó la actuación del INEE a coordinarse estrechamente con la SEP y autoridades educativas locales para el cumplimiento de sus funciones, razón por la cual en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, el secretario Aurelio Nuño comentó que “autonomía no significa aislamiento”. Este mensaje le recordó al INEE que ahora no se encuentra en un contexto académico, que sus decisiones se deben tomar en coordinación con la SEP y que sus argumentos y racionalidad deben obedecer al contexto social y coyuntura política del país.
Por lo anterior, el INEE se encuentra entre dos polos opuestos o dos racionalidades distintas: la académica (por vocación) y la política (por mandato). La primera privilegia la razón, la toma de decisiones basadas en evidencias, el estudio pausado y riguroso, el método científico y los argumentos técnicos. La segunda privilegia la oportunidad de acción, la coyuntura política, el costo de oportunidad, el consenso de opinión, la imagen social, el respaldo mediático y la racionalidad partidista o gremial. Por lo anterior, sin dejar de ser una institución cuyas actividades son eminentemente técnicas, sus decisiones y posturas frente a la evaluación (especialmente, de los docentes) tienen un carácter eminentemente político.
El INEE tendrá que aprender rápidamente a moverse en este nuevo escenario, que le es ajeno, ya que sus decisiones serán duramente criticadas por aquellos grupos de la sociedad que piensan diferente o que de alguna manera son afectados en sus intereses. Este es el caso de las evaluaciones relacionadas con el Servicio Profesional Docente, que en coordinación con la SEP se han diseñado, regulado y operado. En consecuencia, ahora, el INEE cuenta con nuevos aliados, pero también con nuevos enemigos; sus aciertos serán aplaudidos socialmente, pero sus errores serán criticados severamente. El Instituto ya no se encuentra en la burbuja aséptica de la academia, sino en un medio cuyas batallas las debe ganar también en el terreno político. Ahora, más que nunca, recuerdo la frase que solía decir José Ángel Pescador, cuando era miembro del Consejo Técnico del antiguo INEE: “para todo problema técnico hay una solución política”.
Y lo más paradójico, en palabras del investigador Carlos Muñoz Izquierdo: “ahora el INEE goza de menos autonomía académica que antes”.
Fue publicado en El Universal
