“La violencia escolar no es solo un problema de los estudiantes. Es una falla de toda la comunidad educativa para construir relaciones basadas en el respeto y la dignidad.”— Catherine Blaya
Las escuelas, esos espacios que nos evocan aprendizaje, alegría, amistades y desarrollo, también son escenarios complejos donde la convivencia entre niñas, niños y adolescentes se convierte en un reto cotidiano. Más allá de los libros de texto, de los exámenes y de los patios llenos de risas, se libra otra batalla silenciosa: la de proteger la dignidad, la integridad y el bienestar emocional de cada estudiante. Una batalla que muchas veces pasa desapercibida, pero que consume energías, decisiones y compromisos por parte de quienes forman parte de la comunidad educativa.
Hablar del acoso entre estudiantes es tocar una fibra sensible del entramado social. No se trata de un conflicto simple entre menores ni de una serie de “bromas pesadas” que se deben dejar pasar. Se trata de una dinámica violenta que se expresa de muchas formas: con golpes o empujones reiterados, con burlas constantes, con la exclusión deliberada de un grupo, con amenazas, chantajes emocionales o incluso con la difusión de imágenes humillantes a través de redes sociales. Cada forma tiene rostro y consecuencias; cada acto puede dejar una huella indeleble en la historia personal de quienes lo sufren.
Un hecho aislado puede ser parte de una diferencia natural entre niñas, niños o adolescentes. Pero cuando una conducta es intencional, repetitiva y se da en un contexto de desigualdad de poder, estamos ante un patrón de acoso que avanza hacia el ámbito legal y que no se puede ignorar. En estos casos, se activa un proceso de atención que involucra la documentación cuidadosa de los hechos, la escucha a las partes involucradas, la aplicación de medidas de protección y la búsqueda de soluciones restaurativas que permitan reparar el daño y reconstruir vínculos sociales. Documentar no es solo un trámite: es una necesidad, es un acto de justicia, una forma de proteger a la víctima, al personal de la institución y de garantizar la transparencia del proceso.
Sin embargo, este esfuerzo desde el interior de la escuela no puede prosperar si no hay un respaldo sólido desde el entorno familiar. El papel de madres, padres o tutores es crucial. Su involucramiento no solo aporta información valiosa sobre lo que ocurre fuera del aula, sino que refuerza en sus hijas e hijos la importancia de expresarse, de pedir ayuda y de no quedarse callados. Pero también implica asumir responsabilidades cuando su hijo o hija ha ejercido violencia: escuchar, reconocer y colaborar en el proceso de restauración y aprendizaje.
Las escuelas están obligadas legal y éticamente a actuar. Es fundamental entender que lo que ocurre entre niños y adolescentes en las escuelas no es un mundo aparte. Es el reflejo de lo que como sociedad permitimos, alimentamos o corregimos. Cada omisión adulta, cada mirada que se aparta, cada silencio que evita incomodidades, puede reforzar una situación de acoso que deja marcas profundas. Pero también, cada acción informada, cada gesto de cuidado, cada palabra justa y cada intervención oportuna, puede marcar la diferencia y cambiar una historia.
Por eso, cuando se habla de bullying o acoso, no se trata solo de estadísticas o de noticias alarmantes. Se trata de niñas, niños y adolescentes que viven, aprenden y se forman todos los días en nuestras escuelas. Se trata de honrar su derecho a crecer sin miedo, a ser respetados por quienes son, y a saber que hay adultos que sí los ven, sí los escuchan y sí los protegen. Porque la educación es el camino…
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