Uno. El proyecto de dictamen que las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales lograron aprobar ayer, luego de diversos impedimentos por parte de la dirigencia de la Sección 22 (S22) adscrita a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es una versión renovada e interesante del artículo Tercero Constitucional, con ajustes también al 31 para referirse a la responsabilidad de madres, padres y tutores, y al artículo 73 para consignar que el Congreso Federal tiene facultades para legislar el detalle de la carrera de maestras y maestros.
Dos. Lo más valioso, a mi juicio, es que rescata una visión inspiradora de equidad, justicia y aprendizaje integral. Se puede discutir mucho sobre los adjetivos y el fraseo, pero queda razonablemente claro que la tarea educativa es impulsar el desarrollo de las facultades de cada una y cada uno, que tendrá base en la dignidad de las personas, un enfoque de derechos humanos, las libertades, la justicia, la paz, los valores. Humanista, como fue su vocación desde el artículo 39 de nuestra constitución de 1814. Adicionalmente, la responsabilidad de que la educación no discrimine por grupo étnico, género, condición socioeconómica o características y necesidades de aprendizaje, sino que -por el contrario- integre la cultura propia, considere ajustes necesarios, tenga una visión de amplitud en contenidos, se reciban los beneficios de la ciencia y la tecnología.
Tres. Pone muy claro el interés superior de niñas, niños y jóvenes, la rectoría del Estado, y precisa derechos profesionales de los maestros: su ingreso, promoción y reconocimiento por procesos públicos, equitativos, transparentes e imparciales, basados en conocimientos, aptitudes y experiencia; también el derecho a la formación continua a cargo del Estado, a que las evaluaciones retroalimenten el apoyo, a que las escuelas formadoras de docentes sean fortalecidas. También resuelve que se establezca un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, con un Centro autónomo a la cabeza.
Cuatro. Los transitorios son más problemáticos. Abrogan dos leyes generales, en lugar de derogar lo que contradiga al decreto, dejando un vacío de 120 días con facultades discrecionales que pueden ser un problema, decisiones en manos de la otrora temida Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, sobre la cual las secciones sindicales y los gobiernos estatales pueden ejercer presión para dar “portazo”. Por ejemplo, para “legalizar” las plazas eventuales con las cuales los gobiernos de Michoacán y Chiapas, bajo el chantaje de las respectivas secciones sindicales, quisieron burlar la ley vigente que tiene anclaje constitucional. Esas “Plazas Kalishnikov” -como las bautizó mi compañero Erik Avilés por “semi-automáticas”- no sólo son una injusticia y una burla para los idóneos que dejaron en espera, sino que generan una falsa esperanza para quienes las recibieron y se van a quedar después sin nada, y un dolor de cabeza para el gobierno federal, el secretario Moctezuma y su responsable de nómina, que no pueden pagar lo que es ilegal. El artículo décimo sexto transitorio, diseñado para tranquilizar a los dirigentes de la S22, quienes dicen no querer plazas sino ser regidos por el Apartado B del 123, como lo repiten también sus autoproclamados voceros –académicos y editorialistas que nunca dieron clase en básica- deja la cosa aún más confusa; por supuesto, eso no los va a aplacar.
Cinco. Lo que en cualquier democracia contemporánea sería configurable a golpismo, ya se normalizó. Si un grupo determinado tiene un reclamo, pero su forma de expresarlo es impedir por la fuerza el trabajo de uno de los poderes de la República, estamos ante un atentado. Si un grupo cercara la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que una de sus salas no emita una sentencia –porque piensan que les afecta- o impidieran que el Titular del Ejecutivo llegue a su oficina a firmar un decreto, ¿cómo le llamaríamos a eso? No nos engañemos. No es su elegante elocuencia, sino el bulto de su presencia gritona y amenazante, lo que impide a los legisladores llegar a las reuniones convocadas. Alguien dijo que ya no quiere ver ni una foto de un policía cerca de un maestro, imponiéndole orden. Ojalá hubiese fotógrafos de prensa en todo Oaxaca, para que se dijera que lo ya no se quiere ver es ni una foto de un salón lleno de niñas y niños sin maestro.
Seis. La dirigencia de la S22 demuestra una vez más que no tiene palabra, ni es un aliado confiable. Ahora resulta que no sabían. Invadieron los foros de Esteban Moctezuma. Se encontraron innumerables veces con él, antes y después de la toma de posesión. No reconocen la paternidad de la brillante idea de usar el término “excelencia” en el Tercero. No les satisface tener a sus colegas en las curules, que cuando ya no les conviene, dicen que no los representan.
Siete. Con toda razón, Porfirio Muñoz Ledo ha dicho que lo que está logrando la dirigencia de la S22 es darle continuidad y vigencia a la reforma de Peña Nieto. Tal cual. Mientras no haya nuevo Tercero y nueva ley docente, están vigentes las decretadas en 2013, y el Gobierno de México, encabezado por López Obrador, debe cumplir los procesos que señala el marco normativo vigente. Me pregunto si el Presidente estará feliz de que un grupo pequeño que siempre pide más, sin considerar a los niños, los maestros o el consenso, ponga en riesgo sus promesas de campaña.
