Nadie ha dicho que el regreso a la escuela, después de la emergencia sanitaria de esta primavera 2020, será fácil. Las niñas, los niños y jóvenes estudiantes estarán de vuelta a clases en unas cuantas semanas (¿o quizá meses?), sin embargo, aún no sabemos con precisión para cuándo. Eso dependerá de la evaluación que hagan las autoridades federales y estatales responsables de las políticas públicas en materia de salud y educación. Mientras tanto, lo cierto es que tarde o temprano la escuela regresará o estará de vuelta a su formato habitual, presencial.
Específicamente, hablo de la escuela pública y básica (preescolar, primaria y secundaria), donde hay, al menos, tres cuestiones que resultan interesantes y preocupantes en la víspera del retorno de nuestras comunidades educativas a las aulas: 1) El tema de los recursos financieros destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa y al mantenimiento de las instalaciones, en términos generales, (que es la base para dar continuidad a las medidas de higiene personal e interpersonal o de sana distancia), después de la contingencia; 2) El asunto de las condiciones específicas de los servicios disponibles y de funcionamiento físico de la escuela pública (agua, energía eléctrica, drenaje, dispositivos de seguridad, etc.); y 3) El tema de las aportaciones que realizarán las familias para que las niñas, los niños y jóvenes estudiantes, sobre todo de la escuela pública básica, se incorporen a los centros escolares en condiciones de seguridad y con las medidas adecuadas de sanidad para evitar enfermedades o rebrotes de las mismas.
1) Con respecto al primer asunto, sabemos, a partir de los datos oficiales disponibles, que los recursos públicos destinados a la educación en general, en su mayor volumen, se destinan a la nómina magisterial (pago de salarios). “El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2015), en su reporte Gasto público para una educación de calidad, analiza la distribución del presupuesto de la educación básica para 2015, y encuentra que poco más de 85.6 por ciento se destina al pago de nómina, 4 por ciento a becas y 3.2 por ciento a gastos relativos a la infraestructura (mantenimiento, habilitación y construcción, y reconstrucción)”. (1)
2) En relación con el segundo, también sabemos que existen carencias en el rubro de estructura, organización y funcionamiento de las instalaciones educativas, de acuerdo con las cifras gubernamentales. Quizá lo que hace falta es valorar la profundidad y actualización de dichas carencias.
“Las primeras diferencias entre las escuelas públicas y privadas se encuentran en las características de la infraestructura: mientras más de 94% de los alumnos en todos los niveles de escuelas privadas asisten a inmuebles que cuentan con infraestructura adecuada (condiciones mínimas de sanidad y materiales duraderos), esta proporción se reduce para las escuelas públicas a 81%, 86% y 93% para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, respectivamente (INEGI, 2014a). En cuanto a los alumnos que disponen de servicios básicos, las escuelas privadas se mantienen con rangos cercanos a 96% para todos los niveles educativos, mientras que las públicas registran 73% de los alumnos de preescolar y 78% de primaria y secundaria que cuentan con esta característica (INEGI, 2014a).” (misma fuente, p. 136)
“Con relación a servicios básicos, se identificó que hay una importante proporción de planteles que no reciben agua todos los días. A nivel nacional, 72% cuenta con este recurso diariamente; 17% tres o cuatro días; y 11% uno o dos días (INEE, 2018a). Ante la falta de agua, los planteles podrían no ofrecerla para beber a los alumnos, no tendrían agua en los sanitarios ni tampoco realizarían labores de limpieza, lo que afectaría el cumplimiento del derecho al agua y a la salud y, a su vez, afectaría el derecho a la educación. En el ámbito nacional, en 3.1% de los planteles públicos no hay sanitario (INEE, 2018b).” (misma fuente)
3) El tercer aspecto, que seguramente hará cambiar la manera de relacionarnos en las comunidades educativas, tiene que ver con los gastos que habrán de realizar las familias para que sus dependientes, es decir, las y los estudiantes niñas, niños y jóvenes, (zona de educación básica), acudan a las escuelas públicas en condiciones de seguridad e higiene elementales para evitar la transmisión de enfermedades virales y bacterianas (más allá del coronavirus y de la actual coyuntura).
Las economías de las familias se verán presionadas y aportarán lo necesario, de ahora en adelante, para que las niñas, los niños y jóvenes utilicen de manera cotidiana, al menos durante un buen rato: cubrebocas, protecciones para la cara o lentes especiales, gel antibacteriano (con alcohol), guantes especiales, batas o delantales, jabón neutro de tocador para lavarse constantemente las manos, entre otros materiales de protección y prevención que la misma escuela no va a proveer a sus estudiantes, docentes y directivos escolares. Ante esa circunstancia, me pregunto: ¿qué va a pasar si la escuela no tiene servicios básicos como agua potable, o no cuenta con sanitarios ni drenaje, o no dispone de servicios de recolección de basura o de energía eléctrica?
La reflexión necesaria sobre estas carencias de la infraestructura escolar, mantenimiento, servicios e insumos para la escuela, nos coloca ante la opción de cuestionarnos acerca de quiénes se harán cargo de estos gastos, y cómo esas condiciones serán adversas a las políticas públicas de salud. No hay que olvidar que la escuela, además y en ese sentido, requiere cada día de: líquido clorado para lavar pisos; escobas, trapeadores, recogedores, trapos, fibras, jabón en polvo, y demás enseres de limpieza o para llevar a cabo las labores de limpieza en la escuela de la “post contingencia” sanitaria.
Sin duda estamos (y estaremos) en la antesala de una nueva manera de convivir, de relacionarnos, de cuidarnos y de ser solidarios… luego de la experiencia colectiva que nos ha traído, para bien o para mal, el multicitado coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19.
¿Cuál será la actitud y las acciones concretas que asumirá el gobierno de la República (de la “4T”) ante estas condiciones adversas? ¿Acaso la SEP dará nuevamente muestras de insensibilidad hacia las comunidades educativas, al autorizar, en breve, que se aumenten las cuotas “voluntarias” que realizan cada año las familias? ¿No existen otras alternativas a efecto de evitar que las familias mexicanas carguen con los gastos que traerá consigo la inminente vuelta a las aulas?
Fuente consultada:
(1) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018. Ciudad de México: CONEVAL, 2018.
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf
jcmqro3@yahoo.com
@jcma23
Publicado en SDPnoticias
