“La sección 22 controla el 82 % de la estructura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)”, señaló el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, ante senadores en la Primera Mesa de Análisis Intergubernamental, celebrada con la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión.
Destacó que debido a lo anterior, existe un gran problema de organización en temas educativos, pues la Coordinadora, controla diversos aspectos en la materia.
Asimismo reconoció que en Oaxaca, existen 600 comisionados, de los cuales 360 de ellos estan dedicados a actividades sindicales y el resto al ramo administrativo, los cuales continúan cobrando sus salarios sin dar clases, por encima de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) lo prohíbe.
Cué Monteagudo justificó que la injerencia de la CNTE en la administración de la educación en Oaxaca tiene su origen en el convenio del 28 de octubre de 1992, mismo que dio recursos suficientes al magisterio y facultades para que sean ellos, “los que impone a todas las instancias de dirección del nivel básico educativo”.
Por tal motivo, el Gobierno de Oaxaca se ve imposibilitado para sancionar a maestros faltistas, ni tampoco con la capacidad para detenerles el pago.
Del mismo modo destacó que son incorrectos los señalamientos en su contra de que es tolerante ante los desmanes de la Coordinadora, y explicó que “lo que ocurre es que para aplicar la fuerza hay que tener un estado de fuerza pública que Oaxaca no tiene”.
Aseveró que la entidad que gobierna tiene poco más de 3 mil policías en el estado, mientras que la CNTE cuenta con más de 82 mil agremiados.
“Si detengo a algún maestro paralizan todo el estado, toman el aeropuerto, y mis policías si decidimos enfrentarlos o salen corriendo entre pedradas”, subrayó.
Por último precisó que no se han hecho acuerdos en lo “oscurito” con la CNTE, porque no es negociable la aplicación de la ley e informó que a esta organización se le ha notificado la no afectación de sus derechos laborales.
Y solicitó el apoyo a los legisladores para que sea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el que precise las particularidades que posee cada estado y garantizar que la evaluación docente se realice conforme a la realidad lingüística, social, económica y cultural de los profesores.
Manifestó que los maestros no se oponen a la ley, sin embargo se requiere de la revisión de las necesidades específicas de cada entidad y de los docentes.
