Notimex.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades educativas federales y locales, y al gobierno de Tabasco, por constatar que se cometió violencia escolar, entre otros agravios, contra 20 estudiantes menores de edad en 20 escuelas de educación básica, públicas y privadas.
En un comunicado, este organismo estimó necesario poner acento en la formulación de políticas institucionales para abatir los casos de violencia escolar bajo esquemas de prevención, atención, rehabilitación y erradicación, ya que ninguna expresión de violencia contra niñas, niños y adolescentes puede ni debe ser tolerada.
La CNDH dirigió la recomendación 86/2018 a las secretarías de Educación Pública (SEP) y de la Función Pública (SFP), a la presidencia de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y al gobierno de Tabasco.
Lo anterior, por casos de violencia física, sexual, psicológica, o por negligencia u omisión, durante 2013 y 2014, en agravio de 20 estudiantes menores de edad en 10 escuelas de educación básica, públicas y privadas, ubicadas en los estados de Hidalgo, Tabasco y Ciudad de México.
La comisión acreditó que, con esos hechos y actos, hubo violaciones a los derechos humanos al trato digno, la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a la educación, sano desarrollo integral y acceso a la justicia y a un recurso efectivo por la omisión del deber de cuidado e inobservancia del interés superior de la niñez en agravio de nueve niñas, siete niños y cuatro adolescentes.
En la recomendación, que ya fue notificada, la CNDH pide al titular de la SEP que se proceda a la reparación del daño ocasionado a los afectados directos e indirectos, en términos de la Ley General de Víctimas, y a su inscripción en el Registro Nacional, a fin de que tengan acceso a los beneficios que conforme a derecho les corresponden.
Así como realizar un estudio y diagnóstico sobre la violencia en los planteles de educación básica del Estado y particulares con autorización y/o reconocimiento de validez de estudios, el cual deberá ser tomado en cuenta para la elaboración de un programa nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, mismos que deberán ser difundidos y evaluados periódicamente.
