Recuerdo bien que el pasado 20 de enero de este año, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, emprendió una marcha contra la corrupción en México. Entre sus demandas destacaron: la detención del ex gobernador de ese estado, César Duarte, por el desvío de fondos públicos; el impulso al federalismo fiscal, a decir de él, tan “necesario” en México; y el combate contra la corrupción y la impunidad en el país. Esto, después de haber denunciado que el Gobierno Federal (encabezado por Peña Nieto), a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no le había entregado recursos a la entidad por alrededor de 779 millones de pesos del ejercicio 2017, con el argumento de que dicha entrega, no se había dado por la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Institucional (PRI), quien fue detenido y vinculado a proceso (por el estado), por el delito de peculado agravado por 250 millones de pesos.
Con el paso de los días, la marcha y la denuncia en contra del gobierno federal se hizo más fuerte, y el conflicto llegó a su fin, cuando entre las partes acordaron que, por un lado, se depositarían gradualmente los recursos que no había entregado la SHCP y, por el otro, que el referido Gutiérrez Gutiérrez, sería trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO). Asunto nada menor dado que, a decir del propio Corral, este personaje tenía conocimiento sobre el desvío de recursos estatales, nada más y nada menos, a favor del PRI nacional, como parte de una estrategia para que éste se viera beneficiado en algunas campañas políticas en otras entidades de la República Mexicana.
Pocos días han pasado de tan interesante encuentro (entre la federación y el estado), cuando a dicho gobernante, impulsor de un ataque y lucha frontal contra la corrupción e impunidad; le estalló un conflicto magisterial por el adeudo que éste tiene con maestros y maestras del estado, pertenecientes o integrantes a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Obviamente las reacciones no se hicieron esperar y, por parte de las autoridades educativas locales, del lunes 16 de abril (cuando estalló el conflicto) hasta el día en que cierro estas líneas, se pronunciaron en contra del paro de labores de los más de 15 mil profesores y profesoras en esa entidad; lo más irrisorio fue, que minimizaron las acciones que los docentes emprendieron a partir de ese momento con la intención de, en primer lugar, exigir sus pagos y, en segundo, defender sus derechos. No obstante esta serie de acciones, el gobierno del estado no obtuvo el resultado esperado. Imagínese usted que hace unos días, en los que el conflicto estaba en su punto, a algún funcionario público de la entidad se le ocurrió afirmar que se les descontaría de su pago si es que no se presentaban a trabajar los mentores, solamente que se le olvidó a tan flamante personaje, que el problema radica precisamente en que no les han pagado a éstos desde hace varios meses. ¿Qué se les descontaría entonces? Un absurdo. En fin.
Así, a pesar de ese intento de parte de la autoridad local por querer minimizar las protestas de los profesores, el resultado que éstas obtuvieron, como decía, fue prácticamente nulo; y es que las protestas del magisterio continuaron pero a éstas se sumaron estudiantes normalistas de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado y de la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua, pero además, decenas de padres de familia, niños de las escuelas de educación básica en las que laboran los profesores afectados, estudiantes de educación media superior y superior de diversas instituciones educativas, así como también, los integrantes de la Sección 8 del SNTE. Vaya, debo decirlo, el apoyo se ha visto y sentido en tan bellas tierras del norte; tan es así, que el propio Gobernador Corral, ante las presiones sociales y mediáticas, instruyó a quien tenía que instruir, para que les pagaran de inmediato los adeudos de los docentes afectados, solamente que tal acción no fue completa porque a decir de los maestros, ésta está llena de irregularidades y no cumple con lo que los acuerdos estatales establecen. Vaya de opacidad estamos hablando. Hecho que ha propiciado, que los mentores continúen en paro sin que el gobierno del estado de señales de querer resolver el problema.
¿No es irrisorio que un gobernador que promovió una lucha contra la corrupción e impunidad haga oídos sordos ante un reclamo justo y que ha sido reconocido por el propio Secretario de Educación, Pablo Cuaron, al referirse que a 179 maestros no se les ha pagado? – Ojo, los cheques que fueron entregados hace unos días hablan de que son más los afectados –.
Desde mi perspectiva, así haya sido un docente, dos o tres, no tendría porqué ocurrir tal omisión y opacidad por parte de la SEP en esa entidad. ¿No acaso el mismo gobernador hace unas semanas planteaba que los recursos debían de ejercerse conforme a lo que la misma Ley mandata?
Bien dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí tenemos un claro ejemplo de ello, pero también, de lo que los maestros organizados pueden realizar. No, no se equivoque, no me refiero a esa organización magisterial que puede o no desprenderse de un “Sindicato”; me refiero a la que por sus propias necesidades y demandas pueden lograr los maestros. Y es que mire usted, derivado este conflicto o no de la mal llamada reforma educativa que se ha implementado durante este sexenio, es de extrañarse pues, que la Sección 42 y 8 del SNTE, no se haya manifestado en el 2013, sobre las posibles consecuencias que podrían desprenderse; de hecho, por esas fechas (2013) el SNTE apoyaba con todo la política educativa que la SEP proponía a nivel federal (Ver: http://www.snte.org.mx/web/vernoticias/3538/30/seccion-42-gobierno-estado-chihuahua-firman-acuerdo-respeto-los-derechos-laborales-los-maestros).
¿Por qué entonces hasta este momento dicha organización sindical le exige al gobierno estatal y federal que no afecte los derechos de los trabajadores de la educación cuando en los hechos varios mentores, sabíamos, serían afectados?, ¿por qué hasta este momento se cuestiona a un diputado del partido Nueva Alianza por los acuerdos que en su momento se tomaron con el gobierno estatal? En fin, unas preguntas para reflexionar sobre este asunto donde, por cierto, los maestros y maestras siguen exigiendo sus derechos y la sociedad civil, sigue apoyando una lucha que por más que se diga lo contrario, es legítima y apegada a un derecho.
