Gran inquietud ha surgido en el gremio de investigadores mexicanos motivada por la iniciativa de ley en tecnología, propuesta por el presidente López Obrador y enviada al poder legislativo en diciembre del pasado año. Esta nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y que (según aducen miembros de la comunidad científica pertenecientes a la Academia Mexicana de Ciencias), centraliza la toma de decisiones de los órganos consultivos propios de los Centros Públicos de Investigación (CPI), y reduce el presupuesto de investigación para el año actual, mismo que de 1915 a la fecha ha ido decreciendo sustancialmente; además los académicos investigadores, señalan la pérdida de autonomía en la toma de decisiones.
Los académicos inconformes se dicen afectados por ya no ser los propios Órganos de Gobierno de cada Centro de Investigación los que designen a su titular, dejándolos sin capacidad de decisión y tan solo con facultad consultiva, esto es, se sienten heridos en su autonomía; sin embargo, visto a ras de aula, claramente se observa que la referida autonomía universitaria es un tanto ficticia, empezando con la selección de los rectores que deben llevar “la venia” del gobernador de la entidad federativa, y así en cascada: la selección de la junta de gobierno, directores de escuelas y facultades, consejeros universitarios y técnicos, todos seleccionados con una fuerte influencia de mando jerárquico vertical, situación que en definitiva debiera traducirse en objetivos comunes en cada uno de los niveles, en pro de alcanzar las metas nacionalistas tan ambicionadas por la cuarta transformación.
Visto a través del prisma de los investigadores inconformes, la nueva medida suena alarmante, pues es bien sabido que la ciencia debe aplicarse con autonomía de pensamiento y libertad crítica, sin sujeción a lineamientos generados desde mandos político-administrativos verticales y cuya única visión sea el ahorro; que no alcancen a entender que los proyectos de investigación pública conllevan a evaluaciones sociales y no necesariamente económicas. No obstante lo señalado, y en aras de seguir el espíritu dialéctico que fundamenta las ciencias, vale la pena indagar un poco más sobre el trasfondo que motivó el proyecto de reforma al CONACYT y al sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Dra. Elena Álvarez-Buylla (investigadora también), ha expresado en diversos foros, cómo esta nueva ley se fue generando desde hace cuatro años con la participación de todas las partes involucradas, “buscando un nuevo marco normativo general que asegure que la ciencia sea un bien común”, que no sea una mercancía en manos de élites de poder y que la ciencia pública no esté sujeta a intereses del capital, donde los beneficios a los mexicanos dejan de serlo para convertirse en estudios que tienen como fin la mercantilización de su producto, por ejemplo el caso de los transgénicos que amenazan mortalmente a nuestra población más vulnerable, que son quienes consumen en mayor cantidad alimentos como el maíz tratado con herbicidas (glifosatos), producto dañino para la salud, causante de cáncer en animales y posiblemente en humanos.
De igual forma, Álvarez Buylla ha sido clara en los alcances del proyecto de ley y ha expuesto que se busca “cero corrupción, eficiencia administrativa, rigor científico, así como pertinencia social y ambiental” pronunciamientos que parecen mirar de reojo a lo que acontece al interior del gremio científico, en los CPIs y en las universidades; algunas de las cuales, actualmente se encuentran bajo la lupa de la Auditoria Superior de la Federación por inconsistencias en sus gastos y otras irregularidades fiscales.
El Presidente de la República reconoce que la corrupción en las universidades existe y ha señalado en conferencias matutinas que “es un pendiente que tenemos, todavía hay cacicazgos en las universidades públicas, pero le tenemos que dejar algo a los que vienen… todo no se puede” y es ahí donde no se termina de comprender el por qué dejar pendientes, cuando la mayoría de las entidades están gobernadas por políticos de la 4T que bien pueden corregir los actos de “corrupción hormiga” que siguen muy vigentes al interior de las universidades.
Autonomía no significa, poder establecer controles de asistencia a gusto de directores y profesores mediante listas informales en hojas blancas formateadas (en plena era tecnológica), donde ellos escriben nombre y firma su horario de entrada-salida, sin realmente cumplir con su permanencia y sin realizar las actividades que conforme a “Contrato Colectivo de Trabajo” se estipula deben cubrir. Por ejemplo, un profesor de Tiempo Completo tiene el compromiso contractual de 40 horas en la semana, donde 18 son frente a grupo y las otras 22 horas de descarga académica para diversas actividades como asesorías de tesis, planeación académica, elaboración de material didáctico, rediseño curricular, investigación, etc. todas ellas a realizarlas dentro del centro de trabajo hasta cubrir su jornada para el que fue contratado.
Así pues, cabe exigir a estos doctores investigadores, ocupar esas horas de descarga (muy bien remuneradas), en generar proyectos de investigación pública que eleven la productividad de sus centros de trabajo e ingresar a los Sistemas de Investigación, que buena falta le hace a nuestras Universidades. Como muestra al azar, cifras tomadas del catálogo de investigadores de la plataforma de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en una de sus facultades, donde aproximadamente un 30% de la plantilla tienen posgrado de doctor, solo existe una profesora con Categoría de Investigadora en el Sistema Estatal de Investigación (SEN); en el Sistema Nacional (SNI) no hay ningún profesor de esta facultad.
Por lo antes expuesto y acorde a los objetivos del ejecutivo federal, el rector de la misma UNACH ha mostrado un compromiso real para con los ideales de cero corrupción e impunidad, pues ha emprendido medidas para transparentar el destino de los recursos, y a través de la Auditoria Superior de la Federación, se ha obligado a devolver lo cobrado a aquellos maestros que ostentaban plazas de Titulares con Categoría B o C sin contar con el grado de doctor que es requisito. Estas medidas, por supuesto, es un buen inicio; pero insistimos con las interrogantes, ¿Por qué los gobiernos que se deben a la cuarta transformación, no allanan más el camino emprendido por el ejecutivo federal?, ¿Por qué posponer lo que bien se puede concluir en año y medio?
Es una realidad que persisten las castas doradas de profesores dentro de las universidades y van en caballo de hacienda en pleno sexenio del cambio. Si bien los profesores por fin se están organizando y rechazan los abusos de estos caciques, como ocurre actualmente con la máxima casa de estudios (UNAM), falta mucho por hacer para erradicar por fin la corrupción científica, enquistada en nuestro sistema educativo, rubro por demás importante para el desarrollo del país y con gran impacto en la evaluación con la que los gobernados miden a sus gobernantes.
