Mientras algunos aplauden y otros lamentan la no aprobación de la reforma al artículo 3º (la Reforma Educativa) en el Senado, vale preguntar, ¿representaría “un avance” para las niñas, niños y jóvenes (NNJ) en el país? Desde nuestra perspectiva, sí, hay elementos que fortalecerían cómo entendemos el derecho y cómo proponemos garantizarlo. Aunque este avance sería lo alcanzable en este momento y no necesariamente lo “ideal” (siempre difícil de lograr en una democracia plural).
¿En qué avanzaríamos?
-Entender el derecho a la educación como la triple inclusión: estar en la escuela, desarrollar un aprendizaje integral e intercultural basado en los derechos humanos y la cultura de la paz, y participar en su proceso educativo.
-Reconocer la educación inicial como un derecho para los menores de 0 a 3 años: incorporar la obligación del Estado de impartirla y definir una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.
-Establecer la inclusión como principio y criterio de la educación: tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de las NNJ; el Estado debe implementar medidas específicas para eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, así como presentar una Estrategia Nacional de Inclusión.
-Reconocer (algunos de) los derechos profesionales docentes: fortalecer a las instituciones públicas de formación inicial; asegurar el acceso a un sistema integral de formación continua; y estipular que la admisión, promoción y reconocimiento en el servicio docente se realizará a través de procesos públicos, transparentes, equitativos, que tomarán en cuenta aptitudes y experiencia para el aprendizaje y desarrollo integral de las NNJ.
¿En qué podríamos mejorar?
-Reconocer que el interés superior de las NNJ incluye su participación en la determinación de planes y programas de estudio.
-No encasillar el entendimiento de la inclusión en las modalidades para distintos grupos.
-Asegurar atención puntual a las normales; el texto actual deja abierta la posibilidad de que los criterios para su desarrollo y mejoramiento se establezcan hasta diciembre de 2020.
-Brindar certidumbre jurídica y continuidad en los procesos de ingreso y promoción docente. Se ponen en peligro los procesos para el ciclo escolar 2019-2020 ya en marcha, al establecer que quedaría “suspendida cualquier evaluación” hasta que el Congreso expida la ley en materia del Servicio de Carrera Magisterial. Esto genera confusión en perjuicio de la certidumbre jurídica de los docentes que ya participan en ellos. La Constitución nos dice hacia dónde queremos ir; reformarla abriría posibilidades, pero progresar o no en la garantía del derecho depende de los detalles, lo cual quedaría pendiente aún con la aprobación de esta reforma. Estemos atentos también en la implementación de la política educativa vigente para asegurar que las aspiraciones de nuestra carta magna se aterricen y tengan posibilidad de transformar la realidad de las NNJ.
