El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 480 votos, el dictamen que reforma el párrafo quinto del artículo 54 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el cual se establece que no se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los planteles educativos.
El documento, que fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales, señala que en los casos donde sea necesario y de forma excepcional que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad recurran a la educación especial, esta deberá tener perspectiva de inclusión y sin discriminación.
Según la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros del grupo parlamentario de Morena, con esta reforma se avanza en la construcción de un país más igualitario en favor de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Afirmó que es indispensable que el Estado garantice y proporcione el mismo nivel de oportunidades en términos educativos a todos los estudiantes.
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En ese sentido señaló como necesario prever disposiciones normativas que garanticen el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación y pueda materializarse y ejercerse bajo condiciones ordinarias.
Agregó que la educación deberá ser inclusiva debiendo tomar en cuenta las distintas capacidades, circunstancias y necesidades de quienes la reciban.
Dijo además que de acuerdo con la Convención de las Personas con Discapacidad, es el Estado el que debe proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en esta condición con el objetivo de velar por su integridad y participación social plena.
En tanto la diputada de MC, Elvia Yolanda Martínez Cosío, detalló que es fundamental incorporar en la ley factores de sensibilización que permitan la inclusión de la niñez con discapacidad y que el Estado haga valer el principio del interés superior de esa población.
Puntualizó que las y los legisladores deben reconocer esta vulnerabilidad y garantizar una mejor calidad de vida, así como establecer la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que generen medidas que eviten la exclusión.
