La organización civil Mexicanos Primero acusó que el paquete de proyectos de leyes en materia educativa que fueron enviados por los coordinadores de Morena, el Verde, PES y PT a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión violan lo establecido en el artículo tercero constitucional y atentan contra el derecho a aprender de niñas, niños, jóvenes (NNJ) y maestros.
Así lo señaló en conferencia de prensa, la Directora General de esa organización, Jennifer O’Donoghue, quien advirtió que a pesar de que el 12 de septiembre vence el plazo marcado, las iniciativas de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y de la Ley para la Mejora Continua de la Educación (LMCE) presentadas el miércoles 28 de agosto, y que se suman a la iniciativa para la Ley General de Educación (LGE) presentada en julio, no cumplen con su función, y de aprobarse sin modificaciones violarán lo estipulado en el artículo tercero de la Constitución.
Dijo que el contenido de dichas iniciativas es, en primer lugar, insuficiente. Respecto al derecho de las NNJ a una educación inclusiva e intercultural, aún no aparecen dichos criterios en la iniciativa de la LGE como temas transversales con implicaciones para todo el sistema educativo. Y están efectivamente ausentes estos dos enfoques en los proyectos de la LGSCMM y la LMCE y, como resultado, deja fuera a las niñas, niños y jóvenes del pleno ejercicio de su derecho a aprender.
Tampoco se establecen elementos para monitorear el progreso en el desarrollo de cada NNJ, pues ninguna de las iniciativas menciona la evaluación de los aprendizajes que proporcionaría a cada estudiante, así como a sus familias, maestros y escuelas, la información imparcial y confiable sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad, impidiendo el ajuste de enfoques y estrategias educativas.
Respecto a los Derechos Profesionales Docentes, también es insuficiente el tratamiento de la evaluación diagnóstica en las iniciativas criticadas, ni se mandata en ellas el acompañamiento docente para garantizar a cada maestra y maestro una trayectoria profesional orientada al ejercicio pleno de su derecho a aprender y, en consecuencia, el de sus estudiantes.
Las leyes también son ambiguas, con una tendencia centralizadora que traslada en exceso atribuciones a la autoridad federal y debilita a las autoridades locales, a la recién creada Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, así como los consejos de participación social, con omisiones e incongruencias con respecto de lo que mandata la Constitución.
Lo más grave, señaló Sandra Creixell, Directora de Estudios Jurídicos en la organización, es que las iniciativas presentan una serie de aspectos contradictorios a lo establecido en la Constitución. A pesar de que la Carta Magna precisa que la reglamentación de los procesos de selección, para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, justamente para ser detallada en la Ley, la iniciativa de Morena y sus aliados deja el proceso de admisión sin normas específicas y delega indebidamente dicha facultad para que quede al arbitrio de la Secretaría de Educación Pública.
Además, se da preferencia en los procesos de admisión a egresados de las escuelas normales públicas y de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, violando con ello, en caso de aprobarse, la garantía de igualdad de condiciones para todos los participantes que establece el artículo tercero.
Contradiciendo al criterio de imparcialidad establecido en la Constitución, se da la posibilidad a las autoridades educativas locales y a las representaciones sindicales de opinar sobre los resultados de los procesos de selección, abriendo la posibilidad de que se cambie el orden de los candidatos con base en estos comentarios, y no por los criterios que son garantía constitucional del aprendizaje de las y los alumnos.
Igualmente, en abierto desafío a lo plasmado en la Constitución sobre la autonomía y gobernanza del sistema nacional de mejora continua de la educación, la iniciativa pretende delegar las responsabilidades, funciones y atribuciones de éste al control de un comité presidido por el titular de la SEP, lo que hace superficial su autonomía e inútil el nombramiento de su Junta por la mayoría calificada del Senado.
O’Donoghue hizo un llamado a las y los legisladores a que analicen de manera responsable y congruente estas tres iniciativas en materia educativa, y tomen las decisiones necesarias para que las leyes que se aprueben cumplan con su función de concretar con puntualidad lo estipulado en el artículo tercero constitucional; de lo contrario, se perderá la efectividad de la reforma constitucional y sobre todo se afectarán gravemente los derechos de millones de niñas, niños y jóvenes en el país, así como los de sus maestras y maestros.
