A tambor batiente.

En este 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto sembró las bases de un cambio institucional en la educación nacional.

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quiso cerrar el año a tambor batiente. En la conferencia de prensa, cuando dio a conocer los resultados del censo nacional de escuelas, maestros y alumnos, declaró contundente: “El Estado recuperó la rectoría de la educación, las cosas importantes ahora se deciden en la SEP”. Y a una pregunta de que quién decidía antes, nada más sonrió y dijo que no era necesario decirlo, que la reportera sabía bien a quién se refería. Destacó que los maestros que no se censaron no entran al  Sistema de Información y Gestión Educativa y, por consiguiente, no recibirán pago alguno. Una advertencia enérgica.

Pronto veremos si el gobierno tiene la voluntad política y la fuerza para hacer realidad la ley. O acaso veamos la repetición de la película de 2013 donde el secretario Chuayffet amenazaba (y cumplió en la Ciudad de México) con retener salarios a los huelguistas y en la Secretaría de Gobernación negociaban con la CNTE la entrega de canonjías y hasta la aplicación de la ley.

En este 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto sembró las bases de un cambio institucional en la educación nacional. Le quedan cinco años para consolidar y seguir avanzando. Lo hecho en materia legal no es poco. A pesar de la oposición vociferante de ciertos grupos y el antagonismo violento de la CNTE, el 26 de febrero se publicaron las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución y el 11 de septiembre las leyes secundarias (la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente) y las reformas a la Ley General de Educación. Estos cambios configuran un concierto institucional diferente. Para rematar, el Congreso le concedió al gobierno las reformas que pedía a la Ley de Coordinación Fiscal y, a partir de enero, la SEP se hará cargo del pago a los docentes.

Estas reformas se pintan de arrogancia centralista; subyace la concepción  de que el gobierno federal hace un uso correcto y eficiente del gasto, en tanto que los estados y municipios son ineficientes y corruptos. Asunto que es rebatible, pero que tiene muchos defensores. Lo que sí es cierto, es que con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que descentralizó porciones de autoridad a los estados, entre ellas el pago de la nómina magisterial, se construyó un andamiaje burocrático impresionante, colonizado por el SNTE, que disparó el gasto, impulsó la opacidad y degeneró en fallas institucionales mayúsculas. Alejo Martínez Vendrell denomina a este fenómeno como el “feuderalismo”. En efecto, muchos gobernadores, en conveniencia con las camarillas sindicales, edificaron fortalezas que le arrebataron al Estado (no sólo al gobierno federal) la rectoría de la educación.

No hay garantía de que el centralismo sea la mejor opción. Pero la descentralización, tal y como se concibió y operó, fue para beneficiar a las camarillas del SNTE; en especial a la que comandó Elba Esther Gordillo. Es a lo que se refería el secretario en la conferencia de prensa.

El optimismo del secretario Chuayffet tiene bases, pero no tantas. Si bien ya limpió las oficinas centrales de la SEP de la influencia del sindicato y disciplinó a su facción mayoritaria, la mayor parte de las secretarías de educación de los estados siguen colonizadas por camarillas del SNTE. Los gobernadores no muestran deseos de hacer cambios, no quieren desafiar al poder del sindicato o están a gusto con los acomodos que tienen.

Descolonizar y retornar la rectoría implica mucho más que centralizar el pago de la nómina. Parece que la apuesta del gobierno no incluye el desmantelamiento del SNTE, al contrario, trata de fortalecer a los herederos de la señora Gordillo, quizá pensando que serán piezas dóciles en la negociación política. Estoy convencido (y tengo a la historia de testigo) de que eso es un error fundamental. Las camarillas del SNTE y la persistencia de sus costumbres pueden esperar cinco años (o menos) y luego reconquistar lo perdido en 2013. La CNTE no aguardará tanto, empezando enero vendrá con todo en defensa de lo existente.

Esperemos que el tambor batiente lidere la marcha en la ejecución de las reformas, no nada más en la retórica. ¡Le deseo buena suerte al secretario Chuayffet!

Fue publicado en Excélsior.

Carlos Ornelas

Es Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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